Andrés Ojeda: Senado, Partido Colorado y Frente Amplio analizan presunta acción inconstitucional

En paralelo, la Mesa Política del Frente Amplio, que solicitó varios informes jurídicos, también estudia el caso. Su presidente, Fernando Pereira, adelantó que no se apresurarán a pronunciarse.

Durante una audiencia judicial el 20 de noviembre, la fiscal de Flagrancia de 15º turno, Sylvia Lovesio, planteó la situación poniendo sobre la mesa el citado artículo, que establece que los parlamentarios no pueden durante su mandato “tramitar o dirigir asuntos de terceros”, como sería el caso, “ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”, como es hoy la Fiscalía. Según la norma, ese incumplimiento desemboca en “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.

En su denuncia a la Comisión del Senado, Ibarra señaló que lo hizo “en ejercicio del derecho constitucional de cualquier ciudadano a exigir que las incompatibilidades parlamentarias se investiguen”. Desde el sector Unir para Crecer, liderado por Ojeda, se sostiene que sendos informes preparados por los abogados constitucionalistas Jaime Sapolinski y Ruben Correa Freitas, ambos colorados, avalan la actuación profesional del legislador. En el entorno del secretario general del Partido Colorado también apuntan a Ibarra: “Fue desvinculado del sector, vio esta oportunidad y mandó las denuncias a todos lados”, señaló un legislador.

“Si quieren apoyarse en esas cosas, que las prueben”, retrucó Ibarra.

Expertos

Hay opiniones disímiles en distintos abogados constitucionalistas consultados por Búsqueda.

Luis Fleitas dice que “plenamente” se configura la prohibición constitucional porque “claramente” entra en juego lo que dispone el artículo 124, que “nítidamente” prohíbe tramitar o dirigir asuntos de terceros, como es presentar un escrito para un cliente ante un servicio como la Fiscalía. “La forma en la cual está redactada es clara” y “un abogado que se dedica al derecho penal, a los juicios penales, y que, además, es legislador, tiene que tener precaución”, señaló, en referencia a Ojeda. “Lo único que no está incluido dentro del elenco de organismos prohibidos es el Poder Judicial”, por lo que “cualquier legislador que sea abogado y quiera patrocinar a alguien ante la Justicia puede hacerlo”.

En la posición contraria se mostró el exdiputado Eduardo Lust, líder del Espacio Constitucional Ambientalista, grado 4 del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. En su programa de streaming del 28 de noviembre, dijo que el artículo 124 “no afecta en nada a Ojeda” porque la Fiscalía viene de la Constitución de 1934, y en ese momento “la Fiscalía no era un servicio descentralizado”, sino “un servicio auxiliar del Poder Judicial”. Según Lust, se exceptuó al Poder Judicial porque quienes redactaron la norma “querían que el legislador que fuera abogado pudiese seguir trabajando como abogado”, salvo ante los organismos mencionados.

Sobre este punto, el constitucionalista Martín Risso señaló que Lust cometió un error, porque la Fiscalía no estuvo en el Poder Judicial, sino que “era un sistema desconcentrado” del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), por lo que “estaba dentro de la Administración Central”. Entonces, el artículo 124 también hubiera sido aplicable.

Lust también defendió el derecho al trabajo comprendido en el artículo 7 de la Constitución, y añadió que Ojeda puede trabajar como abogado, aunque le sugirió no hacerlo. “Yo le diría que no trabaje como abogado. Que se dedique a ser senador y que, en su estudio, que debe tener a varias personas, siga otro con los casos”, dijo.

Para Risso, la presentación de Ojeda de un escrito en Fiscalía “está claramente comprendido” en el artículo 124 de la Constitución. También señaló que “no debería haber dudas”, aunque aclaró que estas siempre aparecen. “El tema es la sanción”, afirmó, porque como principio general, esta “tiene que ser proporcional” para “las características de la infracción cometida”. “Si fue un hecho aislado, de que firmó un escrito, indudablemente no da para una destitución”, consideró, aunque agregó que si es un tema “continuo, que ha hecho varias veces, se debería aplicar”.

Sapolinski, que además integra el Comité de Ética del Partido Colorado, y Correa Freitas, prefirieron evitar pronunciarse hasta que Ojeda haga públicos los informes que les solicitó. Este último señaló a Búsqueda que no existen antecedentes similares a este caso, porque el Código del Proceso Penal actual entró en vigencia en 2017, y hasta ese momento no se presentaban escritos ante la Fiscalía, sino ante los juzgados.

Sin embargo, existen otros casos donde se analizó una posible violación del artículo 124 de la Constitución.

Ojeda-Bordaberry

Bordaberry

En 2018 hubo una situación similar que involucró al senador colorado Pedro Bordaberry, cuando era presidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), asociación civil sometida al control del MEC. El diputado nacionalista Armando Castaingdebat también la integraba.

Desde el gobierno entendían que había una incompatibilidad, pero desde el entorno de Bordaberry sostuvieron lo contrario, según transmitieron a El País en ese momento, porque la documentación que debiera presentarse podía llevar la firma del abogado de la AUF, Guillermo Piedracueva.

A pedido de la vicepresidenta, Lucía Topolansky, la Comisión Administrativa del Poder Legislativo concluyó que la participación de Bordaberry no estaba alcanzada por la prohibición constitucional, porque no era la prestación de un servicio para un tercero, sino una función de gestión interna en la AUF. Además, el informe agregó que su actuación se desarrollaba en el ámbito privado y no ante los órganos enumerados en el artículo 124.

Dos años después, el entonces diputado Lust también fue denunciado por una posible violación al artículo 124 de la Constitución, cuando trabajaba con un grupo de vecinos para promover un referéndum local con el objetivo de retirar el tren de UPM de las zonas urbanas de diversas ciudades. El planteo surgió de ediles del Partido Nacional y del Frente Amplio de Canelones. “Nunca se tramitó, quedó ahí muerto”, dijo Lust en el streaming luego de hablar del caso Ojeda.

Lectura “literal”

En una rueda de prensa el lunes 1º de diciembre, el presidente del Frente Amplio aprovechó para pasar factura por lo ocurrido con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien durante semanas mantuvo en primera plana el análisis del artículo 200 de la Constitución, y Ojeda fue uno de los principales impulsores del reclamo de que fuera destituido.

En ese caso, Ojeda se apoyaba en lo dicho por Correa Freitas en un informe, quien señalaba que, a su entender, la interpretación de la Carta Magna debía ser “literal” y que no era necesario “recurrir a otros métodos de interpretación” porque el texto era claro respecto a la incompatibilidad de su situación.

Hubo “persecuciones y ataques durísimos contra el doctor Danza por el cumplimiento de la Constitución y, ahora, cuando le toca a Ojeda, todo el mundo chifla para arriba. (...) Todos los que decían que la Constitución había que leerla literalmente empiezan a buscar interpretaciones. (..) Desde el punto de vista de lectura literal, como nos mandaban a leer a nosotros, no hay duda”, concluyó.

El diputado Federico Preve y el exsenador Charles Carrera fueron otras voces del oficialismo que se pronunciaron sobre el tema, mientras la mayoría de los legisladores del partido de gobierno no se expresaron públicamente.

En el propio Partido Colorado tampoco abundaron las declaraciones. La mayoría de los dirigentes consultados no quiso hablar. “Este es un tema más jurídico que político, aunque se politizó…”, dijo a Búsqueda el senador Tabaré Viera, de Vamos Uruguay, quien se excusó de declarar “hasta no tener informes jurídicos”. El líder de ese sector, Bordaberry, también abogado, fue aún menos locuaz: “Es un tema personal de él (Ojeda)”.