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Con las distintas administraciones, los intentos reformistas en torno a los funcionarios públicos muestran impulsos, pausas y retrocesos, y están lejos de ser una política de Estado pese a algunas coincidencias en los diagnósticos
En algunas áreas, nuestro sistema político uruguayo puede jactarse de que, por el bien del país, ha mantenido ciertos marcos y líneas de acción, trascendiendo los cambios de gobierno. Ha habido continuidades o “políticas de Estado”, por ejemplo, en torno al impulso a sectores como el forestal o el portuario, y en el régimen general de promoción de las inversiones. En cambio, es difícil ubicar en esa categoría la gestión del servicio civil —los funcionarios públicos—, ya que cada administración parece llegar con su propio recetario. Y los problemas nunca terminan de resolverse.
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El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou entró aplicando un decreto que obligó a dejar sin cubrir dos de cada tres vacantes que se generaban por renuncias o por jubilaciones de los funcionarios. Esa medida, que pretendía lograr más racionalidad en el gasto público, tuvo un efecto de reducción en sus primeros años de aplicación, pero luego la plantilla total en el Estado volvió a crecer y terminó 2024 por encima de los 313.000.
Ahora el diagnóstico de la administración del Frente Amplio es que en algunas dependencias falta personal para poder cumplir adecuadamente con las funciones del Estado y, por eso, la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) promoverá la derogación de aquel decreto.
Otra reforma en la que se avanzó en el período pasado fue en torno a la carrera administrativa, para lo cual el anterior equipo de la ONSC realizó un análisis de las distintas ocupaciones y les asignó un valor relacionado con lo que se paga por ellas en el mercado. Ese trabajo, realizado con el apoyo de consultorías externas, incluyó negociaciones con los gremios del sector público y terminó plasmado en una ley que, sin embargo, quedó sin implementarse porque faltó apoyo de parte del Poder Ejecutivo de la época.
El cambio de gobierno parece poner a esa ley camino a la defunción, según lo declarado por el nuevo director de la ONSC en una entrevista con Búsquedapublicada la semana pasada. Uno de los argumentos del jerarca es que, para que prospere una carrera administrativa, es necesario que “la gente se convenza de su funcionalidad, de que es buena y que le permita hacer una carrera realmente”, por lo que pretende entablar una negociación con la Confederación de Funcionarios del Estado sobre ese y otros temas.
Las múltiples compensaciones que integran los recibos de sueldos de los funcionarios, que amparan en algunos casos situaciones insólitas y en otras injustas, son otras situaciones que las anteriores autoridades se proponían cambiar, lo mismo que dicen las actuales. También hay consenso en cuanto a que son problemáticos los distintos regímenes horarios que conviven en el sector público, incluso dentro de una misma oficina, ya que impiden una adecuada planificación del trabajo y crean fricciones internas. El nuevo gobierno declara tener la intención de tomar algunas medidas frente a estos problemas, que terminan engordando al Estado y su gasto.
Por fuera de la administración central, los ingresos sin concurso a las intendencias son otro tema complejo que, afortunadamente, ahora el sistema político parece querer ver.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que, desde 2014, se aceleró el “sendero de progreso” del servicio civil uruguayo, y que ahora está en un “punto de inflexión” y se deben consolidar algunas reformas iniciadas. Sin embargo, es difícil ilusionarse con cambios de fondo y, más aún, que sean procesos con continuidad porque, como admitió el director de la ONSC, “vivimos en Uruguay y sabemos que es una tarea titánica” encarar ciertas reformas.
Sería bueno que estos cambios también sean adoptados como una “política de Estado”. Quizás esa sea la forma de avanzar más rápido.
