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Otra vez, aunque ahora por lo bajo, algunos de los principales jerarcas del Poder Ejecutivo se quejan porque el Partido Comunista vuelve a promover el concepto de gobierno en disputa y por las consecuencias negativas que eso genera
No es nuevo lo que está ocurriendo. Pero no por eso deja de ser preocupante. Estamos ante un gobierno en disputa y eso tiene repercusiones negativas para todos los uruguayos, porque dificulta el accionar del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones gubernativas.
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El concepto de gobierno en disputa ya tiene más de dos décadas. Se originó en 2005, año en el que por primera vez el Frente Amplio se hizo cargo de un gobierno nacional. Aquella llegada al poder de la coalición de izquierda fue un acontecimiento histórico, que estuvo precedido por un triunfo en la primera vuelta electoral de octubre de 2004, sin necesidad de balotaje. Nunca más se repitió ese escenario.
El presidente electo en esa oportunidad fue Tabaré Vázquez e inició su administración el 1 de marzo siguiente con una mayoría parlamentaria absoluta y todos los sectores principales del Frente Amplio representados en el gabinete. Parecía que no iba a tener ningún tipo de impedimento en el ejercicio del poder y mucho menos desde la interna de su propia fuerza política.
Pues a las pocas semanas, desde el Parlamento, el senador comunista Eduardo Lorier ya dejó en claro que no iba a ser tan fácil. Luego de varias discusiones generadas en torno al contenido del Presupuesto quinquenal y también como consecuencia de otras prioridades anunciadas por el Poder Ejecutivo, Lorier se refirió a que estábamos ante un gobierno en disputa.
En otras palabras, lo que dijo es que los comunistas también se sentían ganadores de las elecciones y que reclamaban su lugar como para incidir en el rumbo del gobierno en ejercicio. Su principal pulseada, en aquel momento, era con el ministro de Economía, Danilo Astori, y con algunos de sus aliados.
En el período siguiente, la disputa continuó y hasta se hizo más intensa. En esa oportunidad, el presidente era José Mujica, que había ganado primero la interna y después las elecciones nacionales tras una alianza entre su Movimiento del Participación Popular (MPP) y los comunistas. Pero, una vez en el poder, los aliados se sintieron relegados y volvieron a hablar de un gobierno en disputa.
Hoy parece repetirse la misma historia. Otra vez el presidente, Yamandú Orsi, pertenece al MPP y, del otro lado, están los comunistas tratando de tener mayor incidencia en su gobierno. Otra vez, aunque ahora por lo bajo, algunos de los principales jerarcas del Poder Ejecutivo se quejan porque el Partido Comunista vuelve a promover el concepto de gobierno en disputa y por las consecuencias negativas que eso genera.
Los hechos parecen darles la razón, lamentablemente. Porque, si se tienen en cuenta las discusiones centrales de las últimas semanas, en especial las referidas a las cuestiones de gobierno, en la mayoría de ellas la cúpula del Poder Ejecutivo y del MPP están de un lado y los comunistas del otro. La gran diferencia es que el papel que antes ocupaba Astori ahora lo tiene el ministro de Economía, Gabriel Oddone. También que cambiaron algunas de las trincheras, aunque las batallas se siguen dando de una manera muy similar.
De eso se trata la cruzada que protagonizan dirigentes comunistas y otros aliados para instalar un impuesto del 1% a los más ricos. Por más que el debate al respecto trasciende esa disputa entre el MPP y los comunistas, son esos dos sectores políticos los que hoy aparecen más enfrentados, el primero desde el cerno del gobierno y el segundo desde su mayoría en el movimiento sindical.
Algo similar ocurre con la propuesta realizada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y que antes había esbozado Oddone, de habilitar a algunas empresas públicas a cotizar en la Bolsa de Valores. La mayor resistencia a esa iniciativa llegó de dirigentes comunistas, al punto de que una de ellas habló de la importancia de “que alguien ate al perro burgués”, en referencia a Sánchez.
La tercera discrepancia importante se está dando en el ámbito del trabajo. Mientras que los comunistas proponen reducir la jornada laboral de ocho a seis horas y promueven un proyecto de ley para que las empresas estén obligadas a anunciar previamente si tienen planificados despidos, en el Ministerio de Economía esas iniciativas no son vistas de la mejor manera.
La lista es más larga, pero basta con los tres ejemplos anteriores para concluir que, otra vez, estamos ante un gobierno en disputa. Sería bueno que vaya quedando rápidamente en claro quiénes serán los ganadores, si es que van a existir. Ojalá que así sea, por el bien de todos los uruguayos.
