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Más que con una agenda innovadora y mirando hacia delante, el nuevo gobierno pareciera haber arrancado con tropiezos y con un enfoque revisionista de la administración anterior
Todo nuevo gobierno necesita tiempo para instalarse, incluso los que repiten el partido político, como pasó históricamente con administraciones coloradas o en el primer “ciclo progresista” del Frente Amplio. Eso es aún más comprensible si la que asume es una colectividad distinta, porque debe armar sus equipos y, aunque exista una manifiesta buena voluntad de las autoridades salientes de facilitar la transición, en los hechos, siempre surgen contratiempos.
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Estamos comenzando junio y el mandato encabezado por el presidente Yamandú Orsi se apresta a cumplir sus primeros 100 días, esos a los que suele atribuirse un sabor a miel con la ciudadanía y que se aconseja aprovechar para poner en marcha los planes de gobierno importantes.
Sin embargo, el inicio del mandato ha tenido, quizás, demasiados episodios problemáticos y poco de una agenda propia, si bien es cierto que los nuevos gobernantes también debieron ocuparse de algunos entuertos que venían de la gestión pasada o de más atrás, como la crisis de la “caja de profesionales” o lo relacionado con el Casmu. El panorama fiscal heredado también es una restricción real.
Más allá de esas condicionantes, el nuevo gobierno parece haber sido laxo al evaluar antecedentes de algunos jerarcas. La ministra de Vivienda, con pocos días en el cargo, debió renunciar luego de que el programa radial La pecera de Azul FM expuso que mantenía deudas tributarias por su casa familiar. Después se informó de una situación similar, aunque a otra escala, en torno a la casa de balneario del director de Planeamiento y Presupuesto, quien dio sus argumentos y rápidamente se abrió un expediente en Catastro para regularizar la situación. En su caso, fue mantenido en el cargo.
En la Administración Nacional de Puertos, la vicepresidenta renunció dos días después de haber tomado el cargo, ante designaciones y compensaciones polémicas.
La compra de una estancia por unos US$ 32 millones por parte del Instituto de Colonización también tuvo ribetes al menos desprolijos. Posiblemente movido por una atendible emoción, el anuncio lo hizo el secretario de la Presidencia como un “homenaje al Pepe”, en un alto en la calle de la pompa fúnebre del fallecido exmandatario José Mujica, frente a un local del Movimiento de Participación Popular. La institucionalidad ya había quedado en entredicho antes de ese anuncio, porque la transacción fue votada por un Directorio de Colonización cuyo presidente era, a su vez, colono, lo que sería violatorio de las normas; el jerarca renunció el último jueves 29.
Por otro lado, el nuevo gobierno, con todo derecho y sin sorpresa —porque lo había anunciado en la campaña electoral—, frenó el proyecto Arazatí firmado por la anterior administración, aseguró que hay mucho para revisar del contrato de concesión de la terminal de contenedores con la compañía belga Katoen Natie y adelantó que espera rediscutir el megaproyecto de hidrógeno verde con la empresa HIF para Paysandú. También se apresta a modificar el esquema de fijación de las tarifas de los combustibles y puso en marcha un “diálogo social” en materia de protección social para rever la reforma de 2023. Asimismo, ya adelantó que propondrá cambios a la regla fiscal aprobada en la Ley de Urgente Consideración de 2020.
Más que con una agenda innovadora y con mirada hacia delante, el mandato de Orsi pareciera haber arrancado con algún tropiezo y un enfoque revisionista de la administración anterior —hasta en la Biblioteca Nacional, por estos días cerrada por decisión de las nuevas autoridades mientras encuentran una solución a los problemas que dicen haber encontrado—. Es pronto para hacer juicios porque el período recién comienza, pero estos primeros días nos dejan gusto a poco.
