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La crisis de seguridad pública y los desafíos presentes
Es crucial que el sistema político tenga la madurez para evitar someter este tema, que generalmente tiene altos costos que pueden verse de forma inmediata, y efectos positivos a largo plazo, a la lucha político-partidaria a corto plazo; si eso sucede, tenemos una oportunidad de mejorar la seguridad pública como nos merecemos
La población uruguaya identifica a la inseguridad pública como el principal problema que tiene el país desde hace muchos años. Según datos de Equipos Consultores, en abril de este año, el 51% consideraba que era el primero o segundo problema más importante (https://equipos.com.uy/noticias/Inseguridad-y-desempleo-siguen-siendo-las-principales-preocupaciones-para-los-uruguayos/378). Esta preocupación por la seguridad pública es compartida por quienes votaron al gobierno, como por quienes votaron a la oposición, por los montevideanos y por quienes residen en el interior del país. No es una novedad que Uruguay se encuentra frente a una crisis de seguridad pública, pero nos ha llevado muchos años nombrarla de esta manera. El lunes 28 el gobierno presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública y, tanto el ministro Carlos Negro como el asesor del Ministerio de Interior Emiliano Rojido dejaron en claro la gravedad de la situación en la que nos encontramos y la importancia de tener un plan de cambios a mediano y largo plazo. En esta columna quiero mencionar tres desafíos que ojalá sean atendidos en este Plan: la crisis carcelaria, la alta tasa de encarcelamiento y la tasa de criminalidad.
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Primero, atender la crisis carcelaria. Esto implica el problema del hacinamiento y también la falta de personal técnico; no solo contar con más recursos humanos, sino más recursos capacitados para atender a la población carcelaria. La saturación del sistema carcelario genera un problema de derechos humanos y no permite ofrecer condiciones de seguridad a los reclusos. Por esta razón, es natural que el crimen organizado surja como proveedor de seguridad adentro de las cárceles. Muchas de las personas privadas de libertad, cuando salen de prisión, tienen vinculaciones con el crimen organizado que antes no tenían, o aumentaron las redes criminales que tenían antes de ingresar. Si, mientras estuvieron en prisión, se vincularon con el crimen organizado, es muy probable que mantengan estas redes al ser liberados, y esto explica, en parte, la altísima reincidencia delictiva que tenemos. En otros países de América Latina, las cárceles están controladas por estas redes criminales. Tenemos que evitar que esto suceda en Uruguay y, para eso, hay que disminuir el hacinamiento.
Segundo, disminuir la tasa de encarcelamiento. Uruguay ocupa el octavo lugar del mundo en cantidad de personas en prisión: 342 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes (Vigna, 2024). La cárcel no puede ser la pena para todos los delitos. No estamos hablando de no penar, sino de desarrollar las penas alternativas a la privación de libertad. En los últimos años ha aumentado de forma alarmante el porcentaje de personas en prisión por delitos de microtráfico. En particular, el porcentaje de mujeres en prisión por delitos asociados a las drogas. Muchas de estas mujeres son primarias y tienen menores a cargo. Los efectos secundarios negativos de que estas mujeres cumplan su condena en prisión son enormes, y el más claro es el impacto en sus hijos menores. Hay que pensar en el uso de penas alternativas, más aún cuando hay evidencia de que, para muchos delitos, tienden a ser más efectivas que el encarcelamiento para disminuir la reincidencia.
Tercero, disminuir la tasa de criminalidad. Esto no es sencillo, y hay muchos factores que pueden incidir en esa tasa de delitos, pero quiero enfocarme en la importancia de la prevención del delito aumentando la presencia del Estado en el territorio. Si el Estado no está en el territorio, las bandas de crimen organizado tienen más facilidad para expandirse. Hay muchos adolescentes y jóvenes de nivel socioeconómico bajo para quienes es más atractiva la adhesión a una banda que cualquier otra opción que tengan, ya que muchos de ellos abandonaron sus estudios y no encuentran trabajo. En este escenario, como lo planteó el modelo de Becker (1968) hace ya muchas décadas, estos grupos son los más vulnerables para ser captados por narcos.
La presencia del Estado en el territorio es una condición necesaria pero no suficiente para evitar la expansión del crimen organizado (Fynn, 2025). Si la adhesión a las bandas está sucediendo en países como Dinamarca, con niveles de pobreza mínimos, donde el estado de bienestar es enorme y las posibles trayectorias de vida para los jóvenes de menor nivel socioeconómico son más auspiciosas, es fácil imaginarse el desafío con que nos encontramos en Uruguay. Este desafío es el de disminuir la exclusión de adolescentes y jóvenes, y concierne a muchas áreas: educación, vivienda, salud, atención a uso problemático de drogas, entre otros. Los desafíos no se limitan a estos tres, y seguramente tanto los “encuentros por seguridad” como la “propuesta técnica” en la que están trabajando desde el Plan Nacional de Seguridad Pública incorporarán muchos otros cambios que son importantes para mejorar el problema de seguridad pública que hoy tenemos. Es crucial que el sistema político tenga la madurez para evitar someter este tema, que generalmente tiene altos costos que pueden verse de forma inmediata, y efectos positivos a largo plazo, a la lucha político-partidaria a corto plazo. Si eso sucede, tenemos una oportunidad de mejorar la seguridad pública como nos merecemos.
Referencias
Becker, G. (1968). Crime and punishment: an economic approach. Journal of Political Economy, 76, 169-217.
Fynn, I. (2025). Commitments of Silence: Reciprocity Networks and Criminal Organizations in Montevideo. Perspectives on Politics, 1-19.
Vigna, A. (2024). Libro blanco de reforma penitenciaria en Uruguay. Ministerio del Interior y BID.
