La investigación científica en la era Milei

Entre las figuras elegidas por Block, por ejemplo, está el chulo o proxeneta, al que defiende en estos términos: “La función intrínseca del chulo es la de intermediario. Al igual que el agente inmobiliario, de seguros, de bolsa, de fondos de inversión, etc., el chulo cumple la función de juntar a las partes del intercambio por un coste inferior al que supondría tener que juntarse sin su ayuda. Quien paga a un agente se lleva parte de la inversión, si no, no le pagaría. Y ese es el caso del chulo, que ahorra tiempo de búsqueda al cliente. Es más sencillo contactar con un chulo para que te asigne una prostituta que perder tiempo y esfuerzo en buscarla personalmente. El cliente, además, cuenta con la seguridad de que la prostituta viene recomendada. La prostituta también se beneficia. Se ahorra el tiempo que gastaría en buscar clientes, y el chulo la protege de indeseables y de la policía”.

Jorge Aliaga, un prestigioso físico que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires, es actualmente miembro del Directorio del Conicet y enseña en la Universidad de Hurlingham, antes de analizar la política presupuestaria, me envía un pasaje del discurso de Milei en ocasión de presentar el presupuesto de 2025: “Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales”. Aliaga me señala que, entre las tareas del Estado, el presidente “no menciona ni la salud, ni la educación, ni la ciencia”. Sobre el presupuesto aprobado para 2026, Aliaga me dice: “Eliminaron a cero todo lo que es financiamiento de ciencia. Históricamente venía a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Si uno se fija, el presupuesto en pesos es el mismo que el de 2023, y en el medio hubo una inflación muy fuerte. O sea que la perspectiva para este año es que la agencia pague los salarios de su personal y cumpla con las becas remanentes de los proyectos en curso que quedaron y que se van extinguiendo. Además, en los últimos años hubo un aumento por la ley de 2022 que tiene el objetivo de llegar al 1% del PBI en 2032, y se dejó de cumplir con esta ley. Es una política general en la que el Estado deja de invertir y nos estamos comiendo el capital. Lo que hay en la agencia es una inercia con financiamiento cero”.

Es sabido que los anarcolibertarios atacan especialmente a las humanidades, a las cuales consideran una enemiga en lo que llaman “batalla cultural” y parte de una hegemonía de izquierda estatista. Mario Pecheny, doctor en Ciencias Políticas y miembro del Directorio del Conicet, me comenta: “Ante la aprobación del presupuesto, mis colegas expresaron de modo unánime (como ‘una sola alma’) que estas medidas destruyen al sistema científico. No benefician siquiera a quienes dicen querer beneficiar, puesto que no existe aplicación de investigación sin investigación básica y sin un ecosistema de investigación. La anulación de los proyectos aprobados por la agencia en 2022 y 2023 deja sin recursos a todas las áreas del conocimiento y a la ciencia básica; además rompe con la institucionalidad basada en honrar compromisos y sostener la continuidad de los proyectos, que muchos de ellos incluyen contrapartes nacionales e internacionales. Esta ruptura define a la Argentina como un país nada confiable para establecer colaboraciones o convenios de investigación. Respecto de mi campo de investigación (investigación social en salud) puedo decir dos cosas más. Primero, al colocar a empresas como partícipes necesarios y a la búsqueda de retorno económico, queda por fuera cualquier trabajo de investigación a pedido o en conjunto con ministerios de salud, hospitales, asociaciones de pacientes, organismos internacionales; incluso deja afuera a posibles investigaciones junto a laboratorios que no busquen poner productos en el mercado, sino aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Tampoco podríamos investigar cómo es posible que en el Congreso se evoque a Satán a la hora de discutir políticas de vacunas (se refiere a un encuentro que se hizo en el Congreso contra las vacunas organizado por una diputada del oficialismo). Segundo, la llamada ‘batalla cultural’ es un nombre pomposo que se está usando para referirse a prácticas inquisitoriales que toman como blanco a los derechos que hemos conquistado, aquí y en otras partes, en los últimos tiempos: derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres, de las nuevas generaciones, de las minorías. En suma, cortar de cuajo el financiamiento de la investigación es atacar la ciencia y recortar las posibilidades de mejorar la calidad de nuestras vidas y de hacer valer nuestros derechos”.

Para quienes investigamos y nos dedicamos a la docencia universitaria, 2026 será otro año difícil. Los salarios de los investigadores del Conicet se encuentran muy atrasados, pero quizás lo más preocupante es la narrativa que se intenta imponer desde el gobierno y por ciertos grupos en redes sociales —con financiamiento que a menudo carece de transparencia—, que retrata a los científicos como parásitos que se aprovechan del Estado. Solo nos queda esperar a no tener que vivir en un país en el que un proxeneta tenga más prestigio que un docente o un investigador.