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La decisión de designar al directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) como parte del reparto de cargos entre los partidos políticos finalmente tuvo la consecuencia evidente: el debilitamiento del principal órgano anticorrupción
La decisión de designar al directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) como parte del reparto de cargos entre los partidos políticos finalmente tuvo la consecuencia evidente: el debilitamiento del principal órgano anticorrupción.
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El último giro del tornillo fue la muy polémica decisión del organismo de considerar que el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, podía mantener todos sus trabajos en el sector privado y que eso no era “incompatible” con su función pública. La votación terminó, de manera previsible, con los dos votos del Frente Amplio —la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti— a favor de exonerar al jerarca y el voto contrario del vocal y dirigente del Partido Nacional, Luis Calabria.
Esta votación provocó fuertes críticas de la actual oposición, que en los cinco años anteriores dominó la Jutep. En ese período, las investigaciones que podían afectar al entonces oficialismo avanzaban lento en el directorio de la “junta anticorrupción”. También en la administración anterior el 2-1 a favor del oficialismo, con contadas excepciones, fue la norma.
Las reacciones tras el dictamen sobre Danza han sido variadas, aunque la mayoría también previsibles. Acusaciones de la oposición hacia el Frente Amplio, respuestas aireadas y propuestas de todo tipo.
Hay quienes aún defienden que el criterio de selección del directorio de la Jutep está bien; unos aseguran que no debe haber cambios y otros responden que el problema son los dos frenteamplistas elegidos en esta ocasión. Están también los políticos que reclaman la eliminación del principal órgano anticorrupción y otros, en un camino del medio, que proponen modificaciones el sistema de designación.
La Jutep debe seguir existiendo. Es absurdo pedir el fin del organismo porque funciona mal cuando son los propios políticos los que decidieron que sea parte de la repartija de cargos y, además, tenga muchos menos recursos de los que necesita.
Ricardo Gil Iribarne dirigió la Jutep entre 2015 y 2020 también por cuota política. Sin embargo, los dictámenes que emitió para cuestionar la conducta de políticos de todos los pelos —entre ellos el entonces vicepresidente Raúl Sendic— demostraron su independencia. El problema es que el combate a la corrupción y la defensa de la ética pública no puede depender de que justo la persona elegida por cuota partidaria tenga, además, buen tino.
“Hacer coincidir los cambios en la Jutep con el cambio de gobierno nacional y en el marco de una distribución de cargos cuotificada entre los partidos me parecía y me parece que es una marcha atrás brutal en esa línea de mostrar y fortalecer la independencia de la junta”, dijo Gil Iribarne, tras renunciar al cargo de presidente en 2020.
El tema no se resuelve sustituyendo a quienes están hoy, sino tomando en serio a la Jutep y su rol en el combate a la corrupción. Los partidos políticos deben admitir que no son ellos los mejores para controlarse a sí mismos. Ahí está el gran problema del diseño institucional actual.
En octubre de 2022, cuando estaba por ocurrir la salida de la entonces presidenta de la Jutep, Susana Signorino, Búsqueda decía en su editorial: “No hay explicación válida para justificar que la ‘junta anticorrupción’ sea parte del reparto de cargos al inicio de cada período. No la había cuando gobernaba el Frente Amplio y tampoco ahora. (...) El sistema político tiene que demostrar que está a la altura, que el combate a la corrupción es una prioridad real y designar a una figura independiente para liderar la ‘junta anticorrupción’”.
Cuatro años más tarde, ese reclamo hasta parece insuficiente. Urge un cambio en la ley para que la Jutep quede fuera del reparto político y sus directores sean designados con criterios profesionales.
