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Visto el fracaso de sucesivos gobiernos de distintos partidos, propongo un proceso de descentralización radical en la provisión de los servicios de seguridad para los ciudadanos de Uruguay
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“Todos los bienes o servicios del mundo, incluidos los colectivos, no se proporcionan en una suma global, sino en unidades marginales. Sin embargo, extrañamente, los economistas, entrenados para pensar en unidades marginales en todas partes, de repente comienzan a referirse a la seguridad como un todo cuando se habla de gobierno. En realidad, existe una amplia gama de servicios de seguridad que el gobierno (o cualquier otra agencia de seguridad) podría proporcionar a sus clientes” (Murray N. Rothbard, Economic controversies)
Como nos decía Frédéric Bastiat en La ley, proteger la vida, la libertad y la propiedad de los miembros de una sociedad es el fin esencial del Estado. ¿Por qué es esencial para la sociedad? Porque sin esa protección el proceso de acumulación de capital humano, físico y financiero se hace difícil o imposible y así se enlentece, se detiene o se revierte el progreso material de la sociedad. Por ejemplo, las casas que sufren un ataque de grafiteros que queda impune no se vuelven a pintar, y los comercios que sufren rapiñas terminan cerrando y con ellos se van puestos de trabajo.
En casos extremos de inseguridad se llega a un proceso de deterioro generalizado. Basta ver la situación del Centro de Montevideo para tener evidencia palpable de lo que afirmo. La conocida frase de que hay crimen porque no hay fuentes de trabajo es en realidad un grave error de lógica que lleva a políticas públicas equivocadas. La existencia de crimen en una localidad, la ausencia de seguridad para la vida, la libertad y la propiedad de sus habitantes es la explicación de una baja tasa de capitalización y por lo tanto de la falta de oportunidades de trabajo.
Cuando el Estado persigue una multiplicidad de fines que se materializan en ministerios, secretarías, comisiones, programas, empresas, etc., absorbe recursos en detrimento del fin esencial. El tamaño actual del Estado uruguayo implica una constante puja corporativa por los recursos presupuestales que están llegando al límite. La suba de impuestos es muy probable que resulte en desincentivos a invertir y a trabajar que reduzcan la base imponible. El endeudamiento está llegando a los límites que imponen la prudencia y el acceso a los mercados de deuda. Por lo tanto, se avecinan tiempos de decisiones difíciles para dar prioridad al gasto público esencial.
Por otra parte, la administración de la seguridad desde un ministerio es un caso particular del asunto general del fracaso de la planificación centralizada. La ausencia de información detallada y del sistema de precios con sus señales acerca de las preferencias de los individuos impide satisfacer a todos los ciudadanos. Los incentivos llevarán a que el objetivo sea, como cualquier otro ministerio del Estado, aumentar su presupuesto y las oportunidades de progreso para sus miembros. Esto los llevará a apresar a criminales en lugar de prevenir el crimen. También tienen el incentivo de responder mucho más rápido a las emergencias en barrios donde viven quienes pueden afectar ese presupuesto que en aquellos barrios donde viven los ciudadanos con menor poder político.
Un principio fundamental de la organización política de una sociedad es que un gobierno responderá mucho más a las necesidades de los ciudadanos cuanto más cerca esté de ellos desde el punto de vista fiscal y cuanto más dependa su legitimidad de la opinión y las decisiones de esos mismos ciudadanos. Por ejemplo, si fuera el gobierno local el encargado de recaudar los impuestos con los que se financian los servicios de seguridad y si las autoridades encargadas de proveer ese servicio de seguridad fueran electas por un período breve por los ciudadanos de esa localidad, sería mucho más probable que sus necesidades y aspiraciones fueran tenidas en cuenta y que se pusiera el foco en la prevención del crimen.
En virtud de lo anterior y visto el fracaso de sucesivos gobiernos de distintos partidos, propongo un proceso de descentralización radical en la provisión de los servicios de seguridad para los ciudadanos de Uruguay. Esto implica focalizar las actividades de prevención del crimen en comisarías barriales. Para que los incentivos sean adecuados, los comisarios barriales serían electos por los ciudadanos con una frecuencia no mayor a dos años. El primer objetivo del comisario sería conocer a los habitantes del barrio e interiorizarse de sus problemas en materia de seguridad. El Ministerio del Interior continuaría con los programas que refieren a necesidades comunes de todas las comisarías y a aquellos temas que exceden el ámbito de la seguridad barrial, por ejemplo, crimen organizado, narcotráfico, etc.
Se me dirá que parece una marcha atrás en la evolución del Estado como institución, que se trata de un anacronismo. Pues me declaro culpable. Soy un racionalista atemporal: no todo lo antiguo tiene que ser rechazado y no todo lo nuevo es automáticamente bueno. La ciencia no cambia en forma continua sino a través de cambios de paradigma que no siempre van en la dirección correcta. Hay marchas y contramarchas. Para abundar sobre este tema del curso de la ciencia recomiendo la película Einstein and Eddington (BBC 2, 2008).
Los funcionarios del Estado al centralizar las decisiones no solo se alejan de los ciudadanos que los votan, sino que se pierden la información dispersa que ellos en su contacto diario con sus vecinos poseen. Esa información dispersa es el insumo esencial para diseñar servicios de seguridad que atiendan las necesidades de los ciudadanos y prevengan el crimen en lugar de perseguirlo una vez que el daño ya está hecho. Servicios de seguridad de esta naturaleza podrán convertirse en un factor de atracción de inversiones locales imprescindibles para mejorar la calidad de vida en los barrios.
