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No son raros los casos de técnicos de alto nivel que descubren que la política no sigue las reglas que se enseñan en la academia y terminan siendo deglutidos por esa ineficiencia que llamamos política, y ponen en riesgo, claro, su reputación profesional
En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia, afirmaba el pedagogo y escritor canadiense Laurence J. Peter en El principio de Peter. Publicado en 1969, el libro estudia las jerarquías en las organizaciones modernas, lo que Peter llama la “jerarquiología”, según la cual toda persona “que realiza bien su trabajo es promovida a puestos de mayor responsabilidad, hasta llegar a uno en que no es capaz siquiera de formular sus objetivos, alcanzando así su máximo nivel de incompetencia”.
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Aunque el libro del pedagogo canadiense es una teoría (¿sátira?) de las jerarquías en las organizaciones, uno no puede dejar de ver ciertas similitudes con lo que ocurre en la política patria, en particular en los partidos políticos. Así como el principio de Peter describe una lógica que tiene la capacidad de afectar la eficiencia de una organización basada en la jerarquía —una empresa, por ejemplo—, al trasladarse a la política se puede ver cómo su potencial negativo puede afectar a todo un país. ¿De qué manera? Cuando el aparato partidario se convierte en el aparato de Estado y la lógica que rige el principio de Peter se engarza en las instituciones públicas.
Si hay algo que recuerdo con claridad de mis años de militancia partidaria es que quienes ascendían en la escala de la organización no eran los más críticos, los más formados o lo más inteligentes. Al contrario, quienes ascendían eran aquellos que, de la manera menos imaginativa posible, se plegaban al mandato que llegaba de arriba. Aquellos que aceptaban acríticamente todo aquello que los mantenía o los arrimaba a las instancias superiores de poder. Aquellos que, en contrapartida, eran siempre bien vistos por esas jerarquías en las que muchos ya habían alcanzado su grado máximo de incompetencia y no veían con buenos ojos ningún cuestionamiento a su statu quo.
Ese proceso hace que a las élites partidarias acceda cada vez más gente que tiene desarrollado ese aspecto que llamamos “político” (y que es, en sí mismo, toda una definición negativa de la política), en oposición a aquellos que acceden en función de su mirada crítica, su capacidad técnica o su inteligencia. Los partidos buscan la consolidación y la permanencia y no se interesan demasiado por la innovación y el cambio. Menos aún cuando se trata de partidos exitosos que logran ocupar el aparato del Estado tras ganar unas elecciones. “Si no está roto, no lo arregles”, sería la máxima en ese caso. Y se llega a ese punto gracias a otra máxima, una que se escucha seguido en los ambientes partidarios españoles: “El que se mueve no sale en la foto”.
Por un lado, es evidente que tener un sólido sistema de partidos, como el que tenemos en Uruguay, es mejor que no tenerlo. Esa solidez enlentece el cambio (los partidos son estructuras opacas y lentas por definición), pero, al mismo tiempo, nos ahorra algunos de los líos y desvíos que suele traer consigo el demagogo outsider que aspira a llegar al poder. Acá a todos los demagogos los tenemos bien encuadrados en los partidos y eso los acota. Pero esa evidencia no quiere decir que la lógica de los partidos no tenga dentro de sí un potencial de deterioro de la democracia. Se puede creer que algo es bueno sin creer que no tiene contraindicaciones.
En esta columna se ha escrito varias veces sobre el debilitamiento que significa para la democracia que los ciudadanos naveguen en el mar de dulce de leche de la identificación partidaria extrema. Sin una ciudadanía critica, lo que se hace es darles carta blanca a los partidos y sus jerarquías, que, como ya se dijo, no suelen pelearse por ser críticas. Y ese es el problema ampliado de esa identificación partidaria: pasa a ser obligatoria también para las élites de los partidos. De lo contrario, jamás llegarían a ser parte de ellas. Ese problema se extiende a la sociedad toda cuando esas élites se convierten en Estado. Ojo, este mecanismo de ascender hasta alcanzar la propia incompetencia se refiere a cualquier organización jerárquica, no solo a las que se identifican como de derecha o de izquierda. Sería algo inherente al funcionamiento de las jerarquías, tengan el color que tengan, sean políticas o no.
En resumen, cuando esas élites partidarias no demasiado dotadas de capacidad crítica llegan al Estado a través del gobierno, su incompetencia pasa a ser asunto de todos. A esto se agrega que, en esa lógica de la imposibilidad de criticar las acciones partidarias (que deriva en incompetencia), se ven inmersos incluso aquellos jerarcas que no ascendieron a través de la estructura partidaria. No son raros los casos de técnicos de alto nivel que descubren que la política no sigue las reglas que se enseñan en la academia y terminan siendo deglutidos por esa ineficiencia que llamamos política. Ponen en riesgo, claro, su reputación profesional.
Esto, combinado con la evidente ineficiencia de varios liderazgos (todos los gobiernos tienen su lista de ineptos), en algún momento termina siendo un precio que todo el país paga. Por no hablar de cuando esos mismos apparatchiks a quienes se les puede aplicar sin problemas el principio de Peter, de yapa (o no tanto) son, además, corruptos o consideran que las generales de la ley no se les aplican a ellos. Por ejemplo, un senador que considere moralmente superior pagarle a su partido antes que pagar los impuestos, esto es, que coloca su partido por encima de las políticas públicas (y sociales) que se pagan con esos impuestos.
Lo peor con todo es que la mayor parte de esos jerarcas sufren, además del principio de Peter, un problema de sesgo que les impide ver su propia incompetencia. Esto es que cuanto menos conocen de una materia, más sobreestiman sus capacidades sobre ella. La bomba, en términos de gestión, queda así servida. Y nos llega por vía partidaria. Ese combo termina configurando lo que Manuel Arias Maldonado llama “patriotismo de partido”. Esto es, “la lealtad a la organización se convierte en el único criterio de acción; conductas incompatibles con la ley o la decencia terminan por naturalizarse; el vínculo personal se impone a la norma impersonal”.
Muy lejos de aquel “patriotismo constitucional” que pregonaba Jürgen Habermas (la ciudadanía entendida como crisol de valores democráticos y no como pertenencia a una cultura o etnia común), el “patriotismo de partido” coloca a la facción propia por encima de cualquier mirada sobre lo colectivo. Y desde el momento en que esta lógica partidaria se traslada a la gestión del Estado, deja de ser un problema solo para el votante de ese partido y se convierte en uno de toda la ciudadanía.
No es claro cuáles son los posibles remedios para ese combo que incluye sesgo, selección negativa de élites, principio de Peter y patriotas partidarios. Lo que sí es claro es que se trata de un combo de difícil manejo, que muchas veces se vende como superioridad moral e ideológica cuando en realidad es solo ceguera selectiva. Justamente, como en Uruguay los políticos representan bien a los ciudadanos, quizá sería hora de pensar un poco sobre la calidad de nuestras élites en tanto reflejo y proyección de lo que somos y lo que queremos ser.