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El MEC siempre responderá que no puede intervenir en controversias filosóficas de ningún tipo con el propósito de promover una postura en desmedro de otra; quizás por esa razón le da apoyo a lo consagrado durante el día y amparo a lo emergente durante la noche
En octubre de 2005 la Casa Bertolt Brecht invitó a un grupo de agentes vinculados a la cultura a conversar sobre “Políticas culturales en la transformación de la sociedad”. El título no ocultaba que la convocatoria estaba justificada por la necesidad de revisar si el nuevo gobierno, instalado siete meses antes, pensaba cumplir con sus promesas en materia cultural o si el tema quedaría relegado al terreno de las declaraciones.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa falta de iniciativa ministerial en el rubro es de larga data. Las políticas culturales no son tomadas como política de Estado y, por tanto, quedan en manos de los gobiernos de turno. Ahora bien, la izquierda siempre estuvo relativamente interesada en los asuntos del arte y la cultura debido a la razón del artillero: se trata de un público cautivo que, si bien es irrelevante en términos de contabilidad proselitista (para la mayoría de los uruguayos es un asunto que pasa por debajo de su radar de intereses), es un colectivo que tiene una alta visibilidad debido al ejercicio de sus funciones y es referente para una importante cantidad de aficionados y consumidores. Votantes, al fin. En una de las ponencias de aquel conversatorio, el dramaturgo Rubén Yánez lo reconocía de manera contundente: “Cuando Tabaré Vázquez me dice ‘vamos a tratar de que toda la cultura vote al Frente Amplio’, yo le digo: ‘Vota, pero hay que ver qué cultura hace’”. En 2006 (a un año de haber alcanzado el Frente Amplio el gobierno nacional), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) organizó la Asamblea Nacional de la Cultura y se analizaron diferentes contenidos vinculados al tema.
En 2008, Tatiana Oroño le preguntó a una docena de interlocutores qué opinaban sobre el nombramiento de Jacqueline Lacasa para la dirección del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV). Según Oroño, su pregunta encontró una fuerte demanda de participación, pero también miedo a manifestar públicamente las opiniones. Santiago Tavella expuso sus reparos a ese hábito de juzgar desde el anonimato y propuso respaldar a Lacasa “con nombre y apellido”. Es plausible lo que Tavella sostuvo, pero también entiendo que muchos optan por el silencio ante el costo de ser estigmatizados. El campo cultural ha desarrollado una notable eficacia en la asignación de etiquetas (“conservador” o incluso “fascista” son oprobios que asoman todos los días), pero, más allá de la soberbia que supone desacreditar a todo aquel que no coincida con las gestiones impulsadas desde la izquierda, la situación es mucho más ofensiva cuando los descalificantes hacen campaña desde el ninguneo sigiloso hasta —en casos más extremos— la confección de listas negras. El escritor español Juan Soto Ivars lo reafirma: “El mundillo de la cultura, armado de un olfato entrenado, sabe bien lo que tiene que decir y lo que tiene que callar sin que nadie dé una orden”.
A fines de 2024, tras el cambio de gobierno, hubo previsibles relevos en la administración pública. Quien esto escribe tenía en agenda dos exposiciones previstas desde 2023 para el MNAV —Daniel Gallo y Romero/Satut—. Bajo la nueva conducción del museo, ambas muestras quedaron fuera del calendario. No se trataba de proyectos iniciales, sino de propuestas avanzadas, diseñadas durante varios meses. Como señala Enrique Aguerre (director del MNAV hasta 2025), lo habitual en la gestión museística es que cada nuevo jerarca asuma la agenda previamente establecida. Ello responde, por un lado, al adeudo institucional ya adquirido con los solicitantes, y, por otro, a que exposiciones de estas características implican decisiones curatoriales rigurosamente diseñadas para el espacio comprometido. Lo dije en más de una oportunidad: cada nueva administración tiene el legítimo derecho a definir su orientación, aunque considero que también hubiera sido significativo respetar los compromisos asumidos por la dirección anterior, dedicados a artistas de reconocida trayectoria.
Cuando Oroño recogía las opiniones sobre el relevo de Ángel Kalenberg se encontró con un recelo que se expresaba desde los pasillos del anonimato. Actualmente, los descontentos se siguen expresando —salvo en casos aislados— desde las sombras: no pocos artistas expresan su profundo malestar por lo bajo ante los músicos de la Filarmónica que ejecutan canciones de Gloria Gaynor o gastos exorbitantes para el armado de recitales con grillas forzadas, mientras los Premios a las Letras reciben —en efectivo— la décima parte del salario mensual de un senador. Justo es decir, sin embargo, que nunca se puede conformar a la totalidad del colectivo artístico, ya de por sí complejo en su vasta heterogeneidad.
En un contexto ministerial que ha dado reiteradas señales de improvisación (cabe mencionar la conferencia de prensa en la que participaron Yamandú Orsi, José Carlos Mahía, Gabriel Calderón y Rocío Schiappapietra a propósito de los “anuncios” para el fortalecimiento de la Biblioteca Nacional), han asomado otras voces que expresaron su descontento con las políticas culturales llevadas adelante por el gobierno. (Dicho esto, es posible que Calderón siga “viajando al pasado” para alertarnos sobre “la catástrofe que ocurrirá en el futuro” si la derecha gana las elecciones. No es posible saberlo. De algunas cosas no se vuelve).
Así, en diciembre de 2025, el artista Ricardo Lanzarini envió a este semanario la primera de tres cartas dirigidas al MEC, en las que cuestiona un sistema que ha convertido el viejo lema “la cultura da trabajo” en una fórmula vacía. Lanzarini considera que las actividades conexas (montajistas, empresas de cartelería, imprentas) trabajan y viven de tareas vinculadas a la creación artística. “Pero ¿y los artistas?, se pregunta, “¿dónde están aquellos que podrían aportar una visión profesional entendida en la materia y conocedora de la realidad de su propio sector?”.
La gestora francesa Françoise Benhamou —invitada en 2008 por la Universidad de la República (Udelar) para dictar una conferencia en el Paraninfo— considera que los dineros públicos se encuentran a mitad de camino entre el gasto y la inversión: “No podemos esperar que la cultura cree mucho empleo ni ganancia. La cultura es también una especie de gasto de lujo, pero que debe ser hecho, porque a largo plazo tiene efectos positivos para el país”.
Como se ve, el problema no radica solamente en la naturaleza ambigua de la relación entre la actividad artística y el sostén económico de sus autores. Estos temas asoman una y otra vez porque pertenecen a esa zona de la producción simbólica en la que se cruzan lo material con lo espiritual, el entretenimiento con la identidad cultural, la libertad y el mercado. En ese marco, Lanzarini reclama que se incluya al colectivo de artistas para colaborar en el debate.
En una segunda misiva, Lanzarini expuso los conflictos que se desatan a la hora de las prioridades que debería llevar adelante todo museo oficial. Allí declara su reparo acerca de la eliminación de las muestras monográficas y del cierre de una de las salas del museo “para convertirla en taller de expresión infantil”. Se pregunta “¿cuál es la visión que el gobierno de izquierda tiene para la cultura uruguaya, más específicamente, hacia las artes visuales?” En efecto, la conversión de espacios expositivos en áreas de recreación pedagógica infantil —decisión plausible en otros contextos— adquiere aquí un valor revelador; no por lo que propone, sino por lo que desplaza.
Tampoco es el primer espacio para exposiciones que se cierra. En la planta baja de la Dirección Nacional de Cultura funcionó durante años el proyecto Plataforma, denominado luego Punto de Encuentro y, finalmente, Espacio Idea. Con el advenimiento del nuevo gobierno se instalaron allí, a presta velocidad, oficinas para albergar a funcionarios públicos, lo que deja en evidencia el magro interés que tienen por la cultura los burócratas de turno (sin contar los espacios que se retiraron durante la administración de Jorge Brovetto).
Una tercera carta de Lanzarini reflexiona en un tono más sombrío que propositivo. El MEC siempre responderá que no puede intervenir en controversias filosóficas de ningún tipo con el propósito de promover una postura en desmedro de otra. Quizás por esa razón le da apoyo a lo consagrado durante el día y amparo a lo emergente durante la noche. A media tarde se hacen conciertos en los que predomina la visibilidad de las disidencias, se promueve el populismo de barricada (“los malabaristas de semáforo”, decía Amir Hamed) o conferencias de temas variopintos con perspectiva de género. Paralelamente a esto, el pedigüeñismo congénito de varios artistas los lleva a hacer fila para pedir apoyo económico al Estado (para sí mismos o sus familiares).
Y acerca del derrumbe de buenas intenciones bajo el telón de una burocracia pesada, dice Lanzarini: “Los artistas solo somos la excusa para justificar los sueldos de los directores y sus asesores. No hay lugar para el artista ni en la Facultad de Artes de la Udelar ni en el MEC, porque todo está viciado por las afinidades personales (…), los pseudoactivismos, el nepotismo y la endogamia”. Seguramente, artistas de diferentes disciplinas podrán coincidir con este diagnóstico que deja en evidencia el acomodo de oportunistas arrodillados ante el poder político. Quedaron para el olvido las advertencias éticas de José Mujica: “No puede haber cosa peor que cultura obsecuente, o fabricada a pedido del mandamás de turno”.
Manuel Esmoris se sumó a estos intercambios y propuso algunas medidas reparatorias en torno a los desempeños profesionales de los artistas: la polémica subvención oficial. Una solución que corre el riesgo de caer en la burocratización y el servilismo de sus beneficiarios, pero que renace hoy, más que nunca, en un contexto signado por los cambios tecnológicos y los cambios profundos en las pautas de consumo cultural.
El 18 de marzo, retomando el ciclo de consultas que el MEC llevara adelante en 2006 y 2007, la Dirección Nacional de Cultura abrió un proceso participativo por los 20 años de los Fondos Concursables. Según consta en el comunicado de prensa: “La iniciativa se enmarca en los compromisos de transparencia asumidos en el marco del Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2025–2029) liderado por Presidencia de la República con la coordinación de Agesic. Se convoca a colectivos (…) vinculados al sector cultural, artístico y creativo”.
Es posible que cartas como las antedichas, a las cuales deberíamos agregar las acusaciones aparecidas en las redes sociales respecto a los discutibles resultados de los Fondos Concursables (“casi siempre ganan participantes menores de 45-50 años”), las marchas y contramarchas en la gestión de la Biblioteca Nacional, la precariedad laboral de los funcionarios en régimen de contratados, el recorte presupuestal a las radios públicas (mientras los legisladores viajan con los dineros de los contribuyentes a Bruselas, Nueva York, Roma, Ginebra…), concursos nacionales de fotografía “sin derecho a contraprestación económica alguna” (sic), sumados al fastidio creciente ante la consolidación de un relato inclusivista y sometido a cuota por género y edad, hayan por lo menos contribuido para que se abran algunos espacios de intercambio.
Richard Rorty decía que se deben “establecer ámbitos para conversar”, pero no para aceptar necesariamente a pie juntillas lo que demandan los productores de hechos culturales, sino para desactivar las estructuras ideologizadas y los relatos a fórceps que impiden el intercambio y la síntesis. Mientras tanto, entre necesarias cartas abiertas y nuevos procesos participativos, la gestión oficial de la cultura continúa apegada a las disposiciones agendistas y funcionando sobre su propia inercia. “Volvimos”, pero no esperemos grandes cambios.