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Las encuestas, aquellas que indagan el sentimiento de la población o de un segmento de esta, ya sea sobre cuestiones políticas, sociales o económicas, son una foto momentánea pero aportan información relevante para quien deba o quiera estar atento a esos estados de ánimo, empezando por los gobernantes.
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Ese aporte hace también nuestra Encuesta de Evaluación y Perspectivas Empresariales, publicada en el último número del año de Búsqueda y que llegó a su trigésima edición: muestra la mirada de más de un centenar de firmas representativas de distintos sectores de actividad y tamaños, haciendo balance y develando pronósticos para ellas mismas y para la economía del país en el nuevo año, así como sus preocupaciones y su visión acerca de la gestión gubernamental. Expone nada menos que el sentir del empresariado, el que aporta su capital para, combinado con el trabajo y otros factores de producción, generar riqueza a la nación, aunque esto no siempre es valorado de forma debida.
El sondeo de este año muestra expectativas cautelosamente optimistas de cara al 2026, con pronósticos mayoritarios de incrementos de la producción, pero en general sin contratar más personal, así como proyecciones de un crecimiento relativamente modesto de la economía uruguaya.
También expone algunas persistencias preocupantes como país. Cuando los ejecutivos se refieren a los problemas más relevantes que los aquejarán en este año que se inicia, vuelven a referirse —como en anteriores ediciones de la encuesta— a los altos costos productivos, en particular los salariales, las tarifas públicas y los que devienen de un Estado que consideran demasiado grande y costoso.
El cuarto gobierno del Frente Amplio, que tiene como ministro de Economía a un exconsultor de empresas identificado con la socialdemocracia, tomó durante el 2025 algunas medidas a favor del “desempapelamiento” del comercio exterior y quitó por ejemplo la injustificable —más que para recaudar US$ 8 millones anuales— “tasa de estiba”. También puso en práctica un esquema de importación simplificada para comerciantes de la frontera con Brasil. Son acciones bien intencionadas, pero que mueven muy poco la aguja de los costos para las empresas.
De hecho, ni en el Presupuesto quinquenal que acaba de entrar en vigor ni en el discurso de las autoridades que tienen competencia en relación con la plantilla de funcionarios públicos se ve una intención de abatir los costos estatales, sino lo contrario. Además, los mensajes de jerarcas del Ministerio de Trabajo parecen ir en el sentido de regular en vez de liberalizar un mercado laboral que muestra signos de fricción, como los cierres de varias empresas ocurridos en 2025.
Otras preocupaciones tienen que ver con el desalineamiento cambiario, la alta conflictividad laboral y las dificultades para encontrar mano de obra calificada, todos aspectos sobre los cuales, en menor o mayor medida, las autoridades tienen responsabilidad.
La encuesta empresarial es una mirada circunstancial y de un sector específico de la sociedad, y está claro que todo gobierno debe contemplar el interés general. De cualquier modo, sería positivo que las autoridades lean con atención sus resultados y los consideren un insumo de trabajo para tratar de evitar que, en la edición número XXXI, afloren los mismos problemas de siempre, que no afectan solo los intereses de los empresarios, sino los de todos como sociedad.
