Los liberales apoyamos a los menonitas

La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos.

Una educación liberal es fundamental para enfrentar los tiempos actuales, caracterizados por la velocidad a la que crece la información disponible y los cambios profundos que ella produce en todos los aspectos de la vida en sociedad: cultural, educativo, económico, político, filosófico, etc.

La promoción de una educación liberal debería tener como principal objetivo la búsqueda de la diversidad de contenidos, métodos, tecnologías y horarios, proporcionando a los padres un amplio menú de opciones para elegir el más adecuado a su situación y las características de sus hijos. Por supuesto, no debería inferirse que la provisión de educación por parte del Estado es parte de esa diversidad.

La promoción de la educación no requiere destinar recursos provenientes de impuestos para proveer servicios de educación a través de organismos estatales. La educación provista por el Estado genera el peligro potencial de adoctrinamiento a los educandos con objetivos distintos a su educación y su desarrollo. También resulta una gran injusticia para los padres que envían a sus hijos a instituciones privadas, quienes terminan pagando dos veces los servicios de educación: una vez a la institución elegida y una segunda vez al destinarse a la educación estatal parte de los impuestos que pagan como contribuyentes.

Si la preocupación de la sociedad fuera cómo hacer llegar la educación a las personas de menores recursos, además de permitir y fomentar los aportes de personas y empresas a proyectos con ese objetivo, el Estado podría otorgar un subsidio para que los padres puedan mandar a sus hijos a la institución privada de su elección. Lo que se conoce como el sistema de vouchers. El importe del voucher sería equivalente al costo anual por educando del sistema estatal. Esta forma de organización reduciría la burocracia dedicada a regular contenidos y métodos y eliminaría la injusticia de tener que pagar dos veces por los servicios de educación si se elige una institución privada.

Si la preocupación de la sociedad fuera la calidad de la educación recibida por los educandos, se podrían implementar evaluaciones mediante pruebas a distintas edades, por ejemplo, al ingresar al primer año de estudios secundarios y al ingresar al primer año de estudios terciarios. Claro está que estas pruebas deberían medir habilidades y no contenidos específicos. Nuevamente, lo que se busca es la mayor diversidad posible de contenidos, métodos de enseñanza, medios tecnológicos y horarios.

Los estudios terciarios no deberían ser tampoco provistos por el Estado, ya que producen una redistribución regresiva del ingreso al financiar a estudiantes de ingresos medios y altos con impuestos pagados por la población en general, que incluye personas cuyos hijos no harán carreras terciarias.

Por las razones equivocadas, en las últimas semanas el artículo 68 de la Constitución ha sido invocado por quienes quieren llevar a la Justicia a integrantes de una comunidad menonita radicada en Florida que no mandan a sus hijos a centros de enseñanza en Uruguay.

Tanto las autoridades de gobierno como varios comentaristas han manifestado los argumentos por los que creen que esa comunidad menonita estaría violando la Constitución. Dichos planteos van desde la conveniencia, pasando por el objetivo de la uniformidad de contenidos educativos y fomentar actitudes frente a temas como la vacunación, hasta llegar a la defensa de la República. Sin educación estatal o regulada minuciosamente por el Estado parecería que no se pueden desarrollar cabalmente ciudadanos.

Estos argumentos colectivistas los liberales los descartamos. La caridad solo es moralmente valiosa cuando es fruto de un sincero sentimiento de empatía y se ejerce con los recursos propios de tiempo y dinero. La caridad con dinero ajeno o la caridad forzada no tienen valor moral. De manera análoga, la condición de ciudadano solo es cívicamente valiosa cuando es fruto del análisis crítico y la reflexión política. El adoctrinamiento a través de la enseñanza puede generar ciudadanos, pero estos no tendrán las características esenciales para mantener la República a salvo.

Cabe recordar que la misión principal de la República es proteger los derechos individuales de los ciudadanos frente a los potenciales abusos por parte del poder del Estado, y para ello sus herramientas son la división de poderes y, en especial, el sistema judicial, que debe declarar inconstitucional cualquier intento, aunque sea respetuoso de las formalidades, de socavar dichos derechos.

No hay nada en la actitud o en las actividades concretas de los padres de la comunidad menonita de Florida que vaya en contra del artículo 68 de la Constitución. De hecho, ¿qué mejor método de enseñanza que aquel que se da en un ámbito familiar rodeado de afectos y teniendo en cuenta las características específicas de los hijos?

La educación es en esencia una relación muy especial entre el educador y el educando, a través de la cual el educando va desarrollando su interés por el conocimiento con la guía del educador. La relación óptima es un educador para cada educando. La necesidad de una educación masiva ha llevado al sistema actual, que trata a los educandos como parte de un grupo y que reciben el mismo contenido y con los mismos métodos. Estos padres menonitas están ejerciendo su derecho a la libertad de enseñanza en forma responsable y la Constitución los ampara. Los liberales los apoyamos.