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La consigna de la marcha de este año es “Hasta que los derechos sean hechos”, en referencia a esas leyes que no terminan de ser implementadas, a esos derechos que aún no se logran alcanzar
Envolverse de colores y salir a la calle —como cada último viernes de setiembre— para celebrar la diversidad; una de las movilizaciones más multitudinarias de Uruguay. El año que viene se cumplen 20 años desde la primera Marcha de la Diversidad, en el año 2005, antes solo se hacían en junio las marchas del Orgullo, pero en un contexto social y político con mucha más dificultad para manifestarse. Este viernes 27, el encuentro es en la plaza Libertad a las 19 h, y desde ahí por Avda. Rondeau y Avda. Libertador hasta la plaza 1º de Mayo.
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La bandera que predomina a lo largo del recorrido es la del arcoíris, símbolo del movimiento LGBT+, pero no es la única. Como el arcoíris comenzó originalmente siendo la bandera del “orgullo gay”, otros colectivos fueron sintiendo la necesidad de tener sus propias identificaciones. Así, también está la bandera del orgullo transexual, la bandera lésbica, la bisexual, la asexual y otras tantas que reflejan la constante evolución de la lucha por los derechos y la igualdad en el campo de la diversidad sexual.
Aunque suele ser una instancia para el festejo, la marcha es un movimiento social que busca visibilizar y defender el derecho de las personas a “ser y amar en libertad”. La consigna de la marcha de este año es: “Hasta que los derechos sean hechos”, en referencia a esas leyes que no terminan de ser implementadas, a esos derechos que aún no se logran alcanzar. Porque lo que los movimientos precisan, además de banderas y fiesta, son medidas y acciones concretas que los respalden.
Entre 2007 y 2018, Uruguay introdujo importantes cambios en su legislación a favor de la igualdad y la libre elección en la orientación sexual e identidad de género: la Ley de Unión Concubinaria, la de Cambio de Nombre y Sexo Registral, la reforma del sistema de adopciones, el matrimonio igualitario, la ley de reproducción asistida y la Ley Integral para Personas Trans (siendo uno de los pocos países del mundo en reconocer los derechos de estas personas). También desde el Ministerio de Desarrollo Social se llevaron adelante en esos años políticas específicas para personas trans, dada la situación de mayor vulneración de estas comunidades.
Aunque hacen falta datos actualizados sobre la realidad de la población trans, y si bien algunas cosas han mejorado, muchas de estas personas siguen teniendo aún hoy trayectorias de vida marcadas por la expulsión de sus hogares y del sistema educativo, así como por la gran dificultad de ingreso al mundo del trabajo. Estas realidades crean situaciones de “pobreza multidimensional” mayor que la observada en el resto de la población.
A pesar de esto, la ley trans aprobada en 2018 no termina de ser implementada. Los cupos laborales que se establecen en el artículo 12, por ejemplo, siguen sin cumplirse. El inciso primero de dicho artículo expresa que el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, la Corte Electoral, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y otros tantos organismos del Estado deben destinar “el uno por ciento de los puestos de trabajo a ser llenados en el año, con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos”. Sin embargo, según el Informe sobre el ingreso de personas trans en el Estado, en 2023 ingresaron “11 personas trans a ocho organismos”, lo que representa apenas el 0,06%. Como describe el informe, solo cuatro organismos cumplieron con la cuota del 1% en 2023: el Ministerio de Salud Pública, el Banco Central del Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización y la Junta Departamental de Salto. Desde 2018 hasta diciembre de 2023, ingresaron al Estado tan solo 55 personas trans.
Si bien toda la comunidad LGBT+ enfrenta desafíos en el ámbito laboral, la situación de las personas trans es mucho más compleja. Por eso se necesitan medidas que sigan avanzando no solo hacia una mayor inclusión laboral, sino también hacia una mejor capacitación sobre estos temas en el funcionariado público, para evitar replicar la discriminación hasta el infinito.
Sin embargo, poco o nada se ha escuchado hablar en la campaña sobre políticas de diversidad. Bien podrían los partidos hacer un poco más de esfuerzo por un tema de derechos humanos que logra, además, movilizar a tanta gente en un solo día. Seguramente, todas esas personas que van a cantar y bailar el viernes frente al Palacio Legislativo, estarían agradecidas de escuchar a los políticos preocuparse un poquito más por estas temáticas.
