Hace dos semanas escribí en Búsqueda una columna expresando mi pesimismo acerca de cómo la falta de políticas de Estado nos siguen desbarrancando, y así venimos desde hace décadas, en los asuntos más delicados que afectan a la sociedad: pobreza, marginalidad, inseguridad, educación, vivienda, crecimiento económico.
La semana pasada, el politólogo Adolfo Garcé escribió en este semanario una especie de respuesta a mi columna, que en realidad abundó en el problema desde otra óptica. Fito, amigo de años, tuvo la delicadeza de mostrarme la columna antes de publicarla, y le dije lo que me parecía: que estaba muy buena.
Fito señaló, entre otros factores que nos impiden avanzar como sociedad, las “diferencias sustantivas acerca de políticas públicas” que, si bien “es lo que cabe esperar en sociedades pluralistas como la nuestra (…) estas contradicciones (absolutamente legítimas e inevitables) forman parte de la explicación de esa lentitud que, cada tanto, tanto nos exaspera”. Y agrega que sin que la economía crezca, Uruguay no podrá resolver ninguno de sus “gravísimos problemas sociales”.
“Vivimos en la mejor democracia de la región. No es casualidad. Es, en primerísimo lugar, mérito de nuestros partidos políticos. Pero siguen siendo mejores compitiendo que gobernando, buscando votos que haciendo políticas públicas. Tienen las mejores intenciones. No alcanza. (…) Se precisa más riesgo. Se precisa menos cálculo de corto plazo. Se precisan mejores elencos de expertos en áreas decisivas. Se precisan mejores discusiones”, señala Fito en su columna.
Hay algunos asuntos que son difíciles de agotar en una columna, y esta “respuesta” de Fito Garcé me abre la posibilidad de abundar sobre esa mirada pesimista (aunque siempre esperanzada) acerca, no solo de lo que nos está pasando, sino de lo que nos puede pasar si no mejoramos la calidad de las políticas públicas.
El crecimiento económico es imprescindible para alcanzar el desarrollo, pero no es suficiente. Buena parte de nuestros problemas más graves no son por falta de dinero. Un ejemplo: el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay invierte en cada menor a su cargo 110.000 pesos mensuales; con menos de eso viven familias enteras, pero en manos del Estado es un despilfarro.
Contra lo que muchos piensan, aunque alcancemos el desarrollo, si no somos finos en encarar estos problemas, ellos persistirán.
Uno de ellos es el de la seguridad pública. Si comparamos dos gráficas, una con el crecimiento económico del país y otra con el aumento de los delitos, ambas suben.
Pero, además, a los históricos problemas de seguridad que enfrentó Uruguay, se suma ahora, cada vez con más fuerza, el narcotráfico, a juicio de expertos y organismos internacionales, una de las principales amenazas a las democracias.
Uruguay está lejos de situaciones como las de Colombia, México o Ecuador, dicen los optimistas empedernidos. Pero Uruguay también está lejos de lo que el país mismo era hace 30 años. Los humanos tenemos memoria corta, pero hace 30 años, la idea del sicariato, de la ola de homicidios, de bandas que pululan, de autos blindados y de carteles internacionales operando en el territorio parecía una locura. Sin embargo, ya en la década de los noventa fueron detenidos en Uruguay Carlos Vivas y Ramón Puente, lavadores de dinero de los carteles de Cali y Medellín. Pero, por años, la voz oficial decía que aquí no se lavaba dinero, pretendiendo defender la imagen del país y haciendo, a la vez, la del avestruz.
Con cada campaña electoral aparecen fórmulas mágicas, que se parecen a lo que hemos venido haciendo desde hace 30 años: represión (cediendo libertades en aras de presuntas soluciones, como los allanamientos nocturnos), aumento de penas (al tiempo que decimos que cuanto más tiempo alguien esté en la cárcel peor es) y ataque a los pequeños narcos (mientras brillan por su ausencia políticas firmes de controles fronterizos y contra el lavado de activos).
No atacamos el crimen organizado, sino al desorganizado, que pulula en la periferia con un tendal de cadáveres como una hidra a la que no podremos vencer porque nadie pudo nunca en ningún lugar. ¿Hay que bajar los brazos? No, pero en este tema, y contra lo que se suele pensar, la presencia del Estado en esos lugares lejos de disminuir la violencia, la aumenta. El problema no es el Estado ausente, sino el Estado ineficiente. ¿A cuánto estamos de que el dinero del narco se meta en la política, si es que ya no ocurrió? Pero en Uruguay eso no pasa.
Una segunda crisis que se cierne sobre el país es la del sistema previsional. La enorme mayoría de los técnicos advierten que, si prospera la reforma constitucional impulsada por el PIT-CNT, Uruguay incursionará en un aumento del déficit insostenible, perjudicando a los sectores más frágiles y exponiéndolo a juicios y a un aumento del riesgo país.
Sin embargo, las encuestas indican que hay un tercio de la ciudadanía que rechaza esta reforma, otro tercio que la apoya y otro tercio no tiene idea de qué se habla.
¿Cómo son posibles estos datos si los expertos más prestigiosos y la mayoría del sistema político advierten sobre estos riesgos? Si la reforma no sale, posiblemente sea porque los partidos no ensobren la papeleta por el Sí, pero esos datos de las encuestas seguirán exigiendo una explicación. Y la pregunta quizás no sea cómo es posible que dos tercios de los uruguayos la apoya o tiene dudas, sino, cómo pretendemos que se comprenda un asunto de por sí complejo si son legión los jóvenes que o no egresan del secundario o los que egresan no son capaces de entender un texto. Cómo no van a ceder ante los cantos de sirena si la gente pierde el examen de conducir porque no entiende las preguntas teóricas.
Aunque la reforma fracase, el sistema previsional se encamina a requerir nuevas reformas porque los nacimientos van en caída y los pocos jóvenes que el país tiene son cada vez menos productivos para sostener una población que, según las Naciones Unidas, para 2040 tendrá más mayores de 65 años que menores de 24.
Este tipo de promesas, que se podrían aplicar a la política partidaria en general, no solo son difíciles de cumplir, sino que resultarán en sentido contrario a lo que propalan, y, aún así, una ciudadanía deprimida en lo social, económico y educativo está dispuesta a comprarlas.
Otra vez: aquí no pasará porque tenemos partidos sólidos, somos la mejor democracia de la región (lo cual es cierto, pero no puede ser una excusa para dejarnos estar), etcétera.
Ya hemos visto el surgimiento de algunos outsiders que logaron cierto apoyo ciudadano. Hemos visto la labilidad de un sector de la ciudadanía que pasó de votar a Pacheco Areco a votar a los tupamaros y luego volcarse a Cabildo Abierto. Y vemos todos los días la calidad educativa y de respeto institucional de algunos legisladores y gobernantes.
El director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, dijo a Búsqueda que en el país “hay un cambio de valores que muestran cuestiones preocupantes” para la democracia. Y se preguntó: “¿Qué pasa si mañana tenemos un estado de insatisfacción generalizada? ¿Los partidos serán capaces de canalizar esto en contextos de descontentos más amplios?”.
Las cosas no pintan bien. Tener la razón no es necesariamente una virtud y la verdad, si es que existe, seguro está más cerca de la duda que de la certeza. Ojalá me equivoque.
