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Hasta que no haya verdad, podemos tomar todas las medidas que aparezcan, pero la reconciliación y el cierre de la gigantesca herida no serán una realidad si las familias que buscan a los suyos no tienen una respuesta
La verdad es que el fin de año venía bastante monótono. La discusión diaria por Cardama, los lamentables homicidios de todos los días, las incesantes chicanas partidarias por asuntos menores. En fin, un diciembre más. Sin embargo, la noticia de la visita del presidente Yamandú Orsi al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, movió una vez más un avispero que parece nunca terminar de calmarse. Tiene sentido. ¿Por qué el presidente tiene que interceder, o consultar, o intervenir en la situación de los presos de la cárcel de Domingo Arena? Según sus propias palabras, porque tenía un informe de Sanidad Militar que hablaba de la salud de algunos de los recluidos y no sabía cómo resolverlo. La respuesta del presidente de la Corte es lógica: eso tienen que resolverlo los jueces. Nada tiene que hacer la Presidencia allí. Parece obvio. Los presos de la cárcel de Domingo Arena, muchos de ellos por delitos gravísimos cometidos durante la dictadura militar, tienen sus abogados y, en caso de pretender una prisión domiciliaria por cuestiones de salud, pueden solicitarla. Como todos los presos. De hecho, si vamos apenas atrás en el tiempo, podemos recordar que, por ejemplo, José Nino Gavazzo terminó su pena en su casa por cuestiones de salud. ¿Por qué tenía que intervenir el presidente? Nadie sabe.
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Pero esta visita informada por Búsqueda desató otras cuestiones que están siempre sobrevolando. La liberación de los presos mayores de 70 o 75 años, los intereses de Cabildo Abierto en este tema, las charlas de Guido Manini Ríos con el expresidente José Mujica y las pruebas sobre algunas personas presas que se consideran insuficientes. Y también abonó la presentación de nuevos proyectos de ley para que estas personas —hayan cometido los delitos más horrorosos o no— cumplan prisión domiciliaria.
En la pasada legislatura, Cabildo Abierto fue el abanderado de las iniciativas para liberar a los presos de Domingo Arena. Sus propuestas no conformaron, no tuvieron el apoyo necesario y quedaron por el camino, con el malestar que esto generó tanto en quienes las promovieron como en quienes confiaron en que la llegada del nuevo partido a algunas áreas de decisión lograría este objetivo. Manini, por ejemplo, asegura que estas personas están recluidas por venganza. De los delitos de tortura, desaparición, homicidio, ni hablamos. Es venganza, no justicia. Tortura, desaparición, homicidio. ¿La edad avanzada hace desaparecer el espanto? Pero las leyes están para cumplirlas y, si hay casos —como se ha asegurado que existen— de personas presas sin pruebas firmes, deben ser revisados. Claro que sí.
Otro de los hechos que disparó esta visita es la presentación de nuevos proyectos de ley. El del senador colorado Pedro Bordaberry plantea la creación de una comisión en el ámbito de Presidencia con el objetivo de recabar información sobre los hechos ocurridos en la última dictadura y promover el “diálogo” por una “reconciliación nacional”. Además, establece la prisión domiciliaria para las personas condenadas por hechos ocurridos hasta el 1º de marzo de 1985 que tengan más de 75 años, con una previa evaluación judicial. Ese punto es importante. La previa evaluación judicial no debería ser asunto menor.
Bordaberry planteó un proyecto que tiene algunas similitudes con la creación de la Comisión para la Paz, que se llame Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más y que esté integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, a fin de lograr la “mayor representatividad política posible”.
El objetivo de esta nueva comisión es recabar y sistematizar información relativa a los hechos ocurridos en la dictadura y contribuir al “esclarecimiento del destino de personas cuyo paradero se desconoce”. Plantea también la reserva de las fuentes de información y la creación del Archivo Nacional de la Verdad para la organización y el acceso a documentos del pasado reciente.
Es difícil no coincidir en que es necesario, por no decir urgente, que la información se conozca, que quienes la tienen —sean quienes sean— la brinden y que la verdad empiece a salir a la luz. El problema es la forma. Ya lo vimos. Hubo infinidad de intentos de convencimiento para que quienes saben hablaran, con resguardo de identidad y sin prisión como contrapartida. No funcionó. ¿Por qué? Seguramente porque quienes saben no estén dispuestos a aceptarlo. Por convicción, por verguenza, por miedo. Quién sabe.
El proyecto plantea también que debe atenderse la situación de una ”ausencia de un régimen claro, humanitario y equilibrado de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años condenadas por hechos anteriores a 1985, que permita atender la situación física extrema sin afectar la vigencia de las condenas ni los derechos de las víctimas”. De acuerdo.
Ahora, en medio de toda esta discusión que se renueva sin pausa, ¿alguien piensa en los presos comunes? ¿Por qué preocupa con especial magnitud la prisión de los recluidos en Domingo Arena y no la de los horrores que sabemos de sobra que ocurren en las cárceles a las que van el resto de los procesados? ¿Qué tienen de especial los presos de Domingo Arena? ¿No nos importa el tipo de delito que hayan cometido? Es difícil pensarlo de ese modo. Insisto. Tortura, desaparición, homicidio. Bordaberry plantea que el objetivo es la reconciliación nacional y es un propósito compartible. Pero ¿podemos pensar en reconciliación nacional cuando hay casi 200 familias que todavía siguen buscando a sus hijos, padres, madres, hermanos, sin casi ninguna expectativa? ¿Qué logramos enviando a los perpetradores de estos delitos a sus casas? ¿Reconciliación? Permítanme dudar.
El nacionalista Rodrigo Goñi también tiene una propuesta en este sentido que, incluso, es más restrictiva. En diálogo con la diaria, Goñi la explicó así: “A una persona de 70 años, por un hecho acaecido hace más de 30 años, se le otorga, preceptivamente, prisión domiciliaria. Punto”. Este proyecto parte del procesamiento del coronel Romeo Minoli, de 91 años, por crímenes cometidos durante la dictadura. Goñi consideró que este procesamiento “refleja una lógica encarnizada, más cercana a la venganza que a la justicia, que vulnera los principios más elementales de humanidad”.
El debate está planteado, pero no está exento de controversias. Para dar un ejemplo sencillo, el exedil y abogado de la familia Heber por el asesinato de Cecilia Fontana, madre del exsenador y exministro Luis Alberto Heber, Javier Barrios Bove, se expresó con firmeza. El procesado por este crimen ocurrido en 1974, el militar Ricardo Zabala, volvió a pedir prisión domiciliaria y se debatió en una audiencia de la que dio cuenta El Observador. Según la crónica, las condiciones de reclusión y los cuidados que reciben los presos incluyen servicio de enfermería las 24 horas, médico de retén permanente, desfibrilador, cobertura de emergencia médica, psicóloga, gimnasio y televisores. Igual que en las cárceles comunes. ¿O no? No, claro que no.
Finalizada la audiencia, Barrios Bove publicó en su cuenta de X: “‘Para los que hablan de los viejitos de Domingo Arena’, en la audiencia de hoy en el caso Cecilia Fontana de Heber quedó demostrado que son privados de libertad privilegiados respecto al resto del sistema penitenciario”. Y detalló las condiciones mencionadas antes.
En fin. Es real que el tema genera posturas antagónicas y está bien analizarlo, sobre todo si existen presos con condenas cuestionables. Revisemos. Pero también es real que el nudo de todo este asunto es la verdad. Y hasta que no haya verdad, podemos tomar todas las medidas que aparezcan, pero la reconciliación y el cierre de la gigantesca herida no serán una realidad si las familias que buscan a los suyos no tienen una respuesta. Y esa respuesta no va a llegar con la prisión domiciliaria ni con otras medidas que busquen la libertad de quienes cometieron los peores crímenes imaginables. Solo va a llegar con la verdad.