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Pedro Bordaberry propone crear una comisión para la “reconciliación y el Nunca Más” y conceder prisión domiciliaria a condenados mayores de 75 años
El senador colorado presentó este lunes 15 un proyecto de ley que plantea instalar una comisión en Presidencia para recabar información sobre los desaparecidos en la dictadura y promover la “reconciliación nacional”
Pedro Bordaberry durante la discusión y votación de la Rendición de Cuentas en la Sala de Senadores del Palacio Legislativo en Montevideo.
El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para crear una comisión en el ámbito de Presidencia con el propósito de recabar información sobre los hechos ocurridos en la última dictadura (1973-1985) y promover el “diálogo” por una “reconciliación nacional”.
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La iniciativa, a la que accedió Búsqueda, también propone conceder prisión domiciliaria a las personas condenadas por hechos ocurridos hasta el 1º de marzo de 1985 —fecha de inicio del primer gobierno democrático tras el período dictatorial— que tengan más de 75 años de edad, “previa evaluación judicial”.
El texto fue presentado en la Cámara de Senadores este lunes 15, fecha en que la Asamblea General se reunió en sesión extraordinaria para conmemorar los 40 años del retorno a la democracia en Uruguay. El legislador propone que el grupo de trabajo se denomine Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más y esté integrado por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, buscando la “mayor representatividad política posible”. Plantea que se pueda designar a “legisladores, exlegisladores, dirigentes o referentes públicos de reconocida trayectoria” y “perfiles con idoneidad profesional, solvencia ética e independencia”.
Los cometidos de la comisión propuesta por Bordaberry serían recabar y sistematizar información relativa a los hechos ocurridos en la dictadura, elaborar recomendaciones institucionales para “fortalecer la convivencia democrática y las garantías de no repetición” y contribuir al “esclarecimiento del destino de personas cuyo paradero se desconoce”. Para ello, los integrantes de la comisión podrán solicitar documentación, recibir testimonios, realizar entrevistas y desarrollar cualquier acción necesaria que contribuya al esclarecimiento de los hechos. Para desempeñar estas tareas estarán amparados en el “secreto profesional” y no podrán “revelar la identidad de las fuentes ni datos a los que accedan”.
El texto aclara que las atribuciones de esta nueva comisión “no afectarán” las de la Institución Nacional de Derechos Humanos, organismo al cual la Ley Nº 19.822 asignó entre sus competencias la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos por la dictadura.
El proyecto propone también la creación del Archivo Nacional de la Verdad, como una sección del Archivo General de la Nación, que sería responsable de la organización, la preservación y el acceso a documentos del pasado reciente.
El senador colorado es hijo de Juan María Bordaberry, quien fue electo presidente democráticamente en 1971 y dos años más tarde dio un golpe de Estado con respaldo militar. Fue presidente de facto entre 1973 y 1976 y falleció en 2011, mientras se encontraba en prisión domiciliaria cumpliendo múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos durante el período dictatorial.
Desaparecidos y régimen de reclusión “humanitario”, dos cuestiones “pendientes”
En su exposición de motivos, el proyecto de ley plantea que en los 40 años transcurridos tras el retorno de la democracia Uruguay dio pasos “firmes para consolidar la convivencia republicana” desde “distintas tradiciones políticas”, pero que, sin embargo, “persisten dos cuestiones pendientes de resolución completa”.
Estas son, según Bordaberry, “el esclarecimiento definitivo del destino de personas cuyo paradero continúa sin conocerse“, y la ”ausencia de un régimen claro, humanitario y equilibrado de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años condenadas por hechos anteriores a 1985, que permita atender la situación física extrema sin afectar la vigencia de las condenas ni los derechos de las víctimas”.
El senador repasa las acciones y las declaraciones de los distintos expresidentes luego de la recuperación democrática tendientes al “reencuentro nacional”. Menciona el “Cambio en paz” liderado por el colorado Julio María Sanguinetti en el proceso de transición a la democracia, la Comisión para la Paz creada por el también colorado Jorge Batlle para recoger testimonios e información sobre lo sucedido en la dictadura, y el mensaje del “Nunca Más” proclamado por el frenteamplista Tabaré Vázquez.
Además, cita declaraciones del blanco Luis Alberto Lacalle Herrera sobre la necesidad de “cerrar con serenidad lo que dividió” y no ser “rehenes del pasado”; del frenteamplista José Mujica sobre la deuda de la sociedad con las familias de los desaparecidos y sobre su desacuerdo con que “un viejo de 80 años se muera en la cárcel”; y del blanco Luis Lacalle Pou, que durante su mandato declaró que el Estado “no puede abandonar la búsqueda de la verdad” y que “las diferencias sobre el pasado no pueden impedirnos construir el futuro”.
“El presente proyecto procura completar esa tarea, sin reabrir heridas ni dividir a los uruguayos”, plantea el senador, quien sostiene que su propuesta se basa en “la convicción de que la reconciliación auténtica no surge del olvido sino de la integración serena del pasado”. Bordaberry añade que el país está en condiciones de “reconciliarse plenamente consigo mismo y cerrar capítulos pendientes con dignidad, equilibrio y serenidad institucional”.
Reunión de Orsi con la Suprema Corte por la salud de militares presos reanudó el debate sobre prisión domiciliaria
La discusión sobre la prisión domiciliaria de militares y civiles presos por delitos cometidos durante la dictadura retomó vigor en las últimas semanas, luego de que Búsqueda informara sobre una reunión del presidente Yamandú Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, en la que planteó su preocupación por la salud de los militares presos en Domingo Arena y presentó informes médicos sobre más de una decena de ellos.
Mientras, el general retirado Guido Manini Ríos, líder del partido Cabildo Abierto que cuestiona las “garantías” de los procesos judiciales contra militares y reclama la prisión domiciliaria de los presos de edad avanzada, elogió la gestión de Orsi ante la Corte. Por su parte, el mandatario dijo públicamente que no había expresado “preocupación” por la salud de los militares, sino que concurrió a la Corte a hacer una consulta sobre cómo debía proceder con la información recibida de parte del Hospital Militar.
