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Aún no sabemos qué decisión tomará el presidente Yamandú Orsi; lo que sí sabemos es que el tiempo pasa; y se mueren las viejas; y se mueren los que saben; y no se tiene que morir nadie más sin saber dónde está su hijo, su hija, su hermano, su padre, su tía, su amiga
“Cuando estaba escribiendo este texto apareció un cuerpo en el Batallón 14. Todo se detiene, la angustia estalla el pecho, el llanto se escapa. Aunque aún no sabemos quién es, apareció un cuerpo. Miro detenidamente la foto de papá y pregunto: ‘¿Sos vos?’. Qué situación tan fuera de tiempo. Cuarenta y seis años después me sigo preguntando: ‘¿Sos vos, papá?’. Miro tus manos, tus piernas, tu cara. Tu sonrisa, tu reloj, tu cara, tus ojos. Siempre tus ojos”. Quien habla es Karina Tassino, hija de Óscar Tassino, desaparecido en 1977, cuando ella tenía siete años. Habla en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo colmado, en silencio, con las gargantas apretadas hasta que estalla el aplauso ante su recuerdo.
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Habla ante otros familiares, legisladores, integrantes de organizaciones sociales, de Fiscalía, y representantes de las Fuerzas Armadas. Ese día de junio de 2023 se realizaba el acto de reparación por parte del Estado, condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad en la muerte de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik. Las muchachas de abril. Las tres jóvenes que fueron acribilladas en abril del 74, en plena dictadura cívico-militar. También la Corte responsabilizó al Estado por las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González. Y condenó a continuar las investigaciones para sancionar a los responsables de las ejecuciones y desapariciones.
Ese día de junio de 2023, el entonces presidente Luis Lacalle Pou decidió no estar presente. Dijo que el Estado uruguayo cumplió con la sentencia y que desde el punto de vista institucional eso era lo importante. El presidente cargaba sobre sus hombros una frase que había dicho en la campaña electoral de 2014. El famoso “dar vuelta la página” fue acompañado por la decisión de no seguir buscando a los desaparecidos si llegaba a la Presidencia. Tiempo después pidió disculpas públicamente, pero lo dicho, dicho estaba. Y tuvo ese día de junio de 2023 la oportunidad histórica de mostrar con hechos su arrepentimiento sobre aquellas palabras. Pero decidió no estar. Sí estuvo allí la vicepresidenta Beatriz Argimón y el canciller interino Nicolás Albertoni. Lacalle Pou optó por un nuevo error. Su ausencia fue, es, inexplicable.
Hoy estamos parados ante un escenario que se repite cada cinco años desde la reapertura democrática. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclaman al nuevo presidente que dé la orden a las Fuerzas Armadas de entregar toda la información disponible sobre los actos de terrorismo de Estado ocurridos entre 1973 y 1984. Nunca lo han conseguido, o lo han conseguido parcialmente. Todos los gobiernos desde el de Jorge Batlle (2000-2005) en adelante con Tabaré Vázquez, José Mujica, nuevamente Vázquez y Lacalle Pou avanzaron primero en el reconocimiento y luego en la búsqueda. Batlle creó la Comisión para la Paz, y vaya si fue importante ese primer paso. Primer paso después de tres gobiernos democráticos con Julio María Sanguinetti en dos oportunidades y Luis Alberto Lacalle en otra, que ignoraron los reclamos de los familiares una y otra vez. Fue Vázquez quien luego dio la orden de excavar en los batallones y aplicar el artículo 4 de la “ley de caducidad” para avanzar en las investigaciones. Lo hizo en su discurso de asunción y meses más tarde aparecieron los primeros restos. Un pozo en la tierra en una chacra de Pando mostró por primera vez el horror. Los huesos. La confirmación de que los familiares tenían razón. El dolor en el pecho por tener el espanto frente a los ojos y la esperanza de que empezaban a aparecer. Era Ubagésner Cháves Sosa. Pocos días después fue Fernando Miranda. Y Julio Castro, Ricardo Blanco, Eduardo Bleier, Amelia Sanjurjo y Luis Arigón. Todos bajo tierra, algunos con algo de ropa, rodeados de cal. Torturados, ejecutados, desechados.
En cada período de gobierno, desde 2005 hubo hallazgos bajo el gigantesco trabajo de los equipos de antropólogos que rastrillaron sin pausa los batallones y otros sitios señalados como de posibles enterramientos.
Pero volvamos al reclamo de Familiares. ¿Por qué insisten en que el presidente debe dar la orden a las Fuerzas Armadas de que entreguen toda la información? Porque consideran que es la única forma de que lo hagan, tratándose de un organismo que funciona de manera vertical y bajo órdenes. Están convencidos de que los intentos de diálogo no dieron frutos o dieron muy pocos, y que no hay forma de que los convenzan de hablar si no es bajo una orden. Además, quienes tomaban decisiones en aquellos años ya murieron, o les queda poco tiempo, o están presos. Es ahora.
Días atrás, en una entrevista en Desayunos informales de Canal 12, el historiador y politólogo Gerardo Caetano coincidió con esa postura. “Aquí ha faltado algo que tiene que estar, que es la orden. El comandante superior de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y tiene que dar la orden a todos los militares en servicio y los exmilitares, y que todas las dependencias del Ministerio de Defensa sean abiertas para la búsqueda de lo que existe. Existen testimonios de dónde fueron enterrados y documentos con perfiles de dónde están. Que sean ubicados. Esa orden no la dio ningún presidente desde el 85 hasta acá. Tampoco los presidentes frenteamplistas. Hasta por una razón de generación, de edad, por la cantidad de familiares que han muerto sin saber, es el momento. El Uruguay lo necesita”, aseguró.
En el gobierno entrante el tema está presente. Durante su discurso de asunción, el presidente Yamandú Orsi comenzó y cerró su oratoria hablando de este tema. “La democracia gozará de una mejor salud el día que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos”, dijo. Y minutos después, junto con la vicepresidenta Carolina Cosse bajaron del auto oficial que los trasladaba hacia la plaza Independencia para el cambio de mando, para acercarse al grupo de familiares que estaba presente a un costado de la calle con las fotos de los que aún buscan.
Lo que falta ahora es saber cuál será la decisión. Si la que reclaman sin descanso los familiares o la que se viene utilizando con escasos resultados. En el mismo programa de televisión, el pasado martes, la nueva ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dejó clara su postura: “No sé si es a través de la orden o de la ejecución de la orden”, dijo. Y agregó que es momento de “avanzar un paso más, establecer mecanismos de diálogo, agotarlos”, incluso, yendo a ver a los presos de Domingo Arena. “Yo voy al encuentro de quien sea si esto significa dar un paso para que no se muera una vieja más, un viejo más, sin saber cuál es el destino de su gente”. Las viejas. Así se llama cariñosamente a las madres de los desaparecidos. Y el silencio hizo que muchas hayan muerto sin saber dónde están sus hijos.
Pero la ministra duda sobre la utilidad de la orden per se, y por eso considera que, si el camino es iniciar por enésima vez una negociación, así lo hará. Incluso, dice que no le consta que esa orden en otros momentos no se haya dado, aunque no haya sido público.
Aún no sabemos qué decisión tomará el presidente Orsi. Lo que sí sabemos es que el tiempo pasa. Y se mueren las viejas. Y se mueren los que saben. Y no se tiene que morir nadie más sin saber dónde está su hijo, su hija, su hermano, su padre, su tía, su amiga. Ni una vieja más.