No crea derechos

Para el pensador esto es una artera falacia debido a que nadie ni nada nos puede dar lo que de por sí, por naturaleza, nos pertenece: “Gozamos el obsequio de Dios que incluye a todos los demás. Este obsequio es la vida —la vida física, intelectual y moral—. Pero la vida no se puede mantener por sí sola. El Creador de la vida nos ha entregado la responsabilidad de preservarla, desarrollarla, y perfeccionarla. Para que podamos lograr esto, Él nos ha otorgado muchas facultades maravillosas. Él nos ha puesto en medio de una variedad de recursos naturales. Al aplicar nuestras facultades a estos recursos naturales, los convertimos en productos, y los usamos. Este proceso es necesario para que la vida pueda desarrollar su curso designado. La vida, las facultades, la producción —en otras palabras, la individualidad, la libertad, la propiedad— esto es el hombre. Y a pesar de la astucia de los líderes políticos diestros, estos tres obsequios de Dios preceden toda la legislación humana, y son superiores a ella. La vida, la libertad y la propiedad no existen porque los hombres hayan hecho leyes. De lo contrario, el hecho de que la vida, la libertad y la propiedad existían antes es lo que causó que los hombres hicieran leyes en primer lugar”.

Esto quiere significar que el derecho de propiedad no se postula convencionalmente, no es algo que resulta del acuerdo de políticos filantrópicos o de mayorías virtuosas que se imponen a minorías recalcitrantes ni de construcciones de la ingeniería social que concluyen acerca de la utilidad de que las personas sean propietarias de su vida, de sus bienes, de sus ahorros, de sus cuerpos, de sus ideas, de sus proyectos existenciales. Nada de eso: la propiedad es inherente a la persona humana; el hombre cuando nace, nace ya propietario de alguno de estos bienes. La función de la ley, entonces, no es crearlos, porque no tiene capacidad para hacerlo ni tampoco legitimidad para arrogarse una misión solo reservada a la Divinidad (nada menos que generar la naturaleza del hombre), sino tan solo tutelarlos, esto es, reconocerlos, garantizar su ejercicio poniéndolos a salvo de agresiones o desconocimiento provenientes tanto de particulares como del propio Estado, el que a menudo se olvida de este deber y prefiere formar parte privilegiada de la vasta legión de ofensores.