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Es necesario ser más claro con la ciudadanía sobre lo que se desea, lo que se puede y lo que ya se sabe que no se puede; porque la gente se cansa y ya sabemos lo que pasa cuando la población empieza a descreer de las promesas de los políticos
“Es artillería populista peligrosa. Yo hasta prohibiría hablar de estas cosas”. Así respondía ante una consulta en una rueda de prensa el hoy presidente Yamandú Orsi en diciembre de 2023, un año antes de ganar las elecciones, sobre la afirmación del entonces candidato de la coalición, Álvaro Delgado, de que no subiría impuestos si llegaba al gobierno. Decía en aquel momento que hacer ese tipo de afirmaciones en campaña electoral era de “adivino o irresponsable”, por los vaivenes naturales de la economía, y que había que llevar el debate a un terreno serio, partiendo de la base de que nadie quería subir impuestos y que el sistema impositivo uruguayo está consolidado.
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Parecía en aquel momento una respuesta sensata. No prometas lo que no sabés si vas a poder cumplir. Lógico y honesto. Esta postura más adelante fue abonada por el hoy ministro de Economía, Gabriel Oddone, y también por el actual intendente de Montevideo, Mario Bergara. Ambos economistas coincidían en la inconveniencia de hacerlo.
“Nadie puede prometer cosas que no tiene bajo control, prometer que uno no va a subir impuestos en un período de gobierno es irresponsable, porque uno puede enfrentar situaciones inesperadas por las cuales uno se vea obligado a aumentar impuestos”, decía Oddone. Y Bergara, por su lado, opinaba que “en el mundo en el que vivimos hoy, enormemente cambiante y con incertidumbre, nadie puede decir que no va a tocar nada en cinco años. Decirlo es demagogia”.
Todo parecía seguir esa línea, responsable a la hora de prometer y cuidadosa de no entrar en el juego electoral perverso de, con tal de conseguir un voto más, comprometerse a lo imposible. Sin embargo, Orsi no logró sostener su postura inicial y cayó en el juego. Con sorpresa todos vimos en el debate presidencial antes del balotaje de noviembre de 2024 cómo el hoy presidente aseguraba que si ganaba el Frente Amplio, no habría aumento tributario. Dos veces lo dijo. “Repito, nuevamente, porque no se entendió. No vamos a subir los impuestos”, afirmó luego de haberlo señalado minutos antes.
Esa afirmación fue una de las que quedó en la memoria después del debate. Pero para ser sinceros, ¿cuánto ganaba con esa promesa? ¿Cuántos votos más pudo haber conseguido el Frente Amplio después del debate al hacer esta afirmación? ¿Acaso alguien que pensaba votar a la coalición cambió de postura por ese compromiso? Es contrafáctico, pero me animaría a asegurar que si sucedió, los casos fueron contados. Y mirando en perspectiva, ¿valió la pena?
No solo contradecía lo que advertía su ministro de Economía designado, sino que se compraba un problema que hoy le estalló en la cara. Sí hay previstos nuevos impuestos y toda la oposición se lo recordará cada día hasta que termine el mandato. Tal como el Frente Amplio hizo con la misma promesa del expresidente Luis Lacalle Pou, cuando luego de llegar al gobierno redujo la tasa de devolución del IVA a las compras con medios electrónicos de cuatro puntos porcentuales a dos.
De hecho, la de los impuestos fue una de las primeras preguntas que debió responder el ministro Oddone una vez anunciados los cambios tributarios que se incluyeron en la Ley de Presupuesto enviada al Parlamento. Recordó que él “desaconsejaba” la promesa y entre otras cosas se refirió a la situación fiscal heredada.
“Durante 2024 nosotros vivíamos en un espejismo fiscal. Yo mismo vivía en un espejismo fiscal, yo sabía que el resultado fiscal no iba a ser 2,8%, pero nunca pensé que iba a ser 4,2%”, dijo. Y agregó: “En campaña electoral se dijeron muchas cosas en base a la información que había. ¿Con un déficit fiscal de 2,8% en 2025 hubiera sido posible no apurarse en estas innovaciones tributarias? Hubiera sido posible. Yo hubiera preferido ese escenario, porque me hubiera dado mucho más tiempo para implementar el proceso, pero en la medida que se me acabó el tiempo, tengo que hacerlo ahora”, concluyó.
Estos cambios, a modo de breve resumen para quien no los tenga presentes, son el, a esta altura famoso, “impuesto Temu”, que prevé gravar con IVA las compras en el exterior en modalidad exprés, la adhesión del país al Impuesto Mínimo Global, que ya había sido anunciado tiempo atrás por el ministro y que, según su explicación, supone gravar a las multinacionales que facturan más de US$ 750 millones, que pagan este tributo en otros países pero no en Uruguay, y, por último, la extensión del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a incrementos patrimoniales de activos de uruguayos en el extranjero.
Sin entrar en consideraciones sobre estas tributaciones —eso es materia de economistas y especialistas en el área— la conclusión es sencilla. Oddone avisó de la inconveniencia de prometer, Orsi se dejó apurar y se comprometió a algo que no sabía si podría cumplir. Y no pudo. Las razones son tema aparte. La promesa se incumplió.
Y todo esto lleva inmediatamente a otro punto que parece tema aparte pero no lo es. La noticia que publicó Búsqueda el jueves pasado sobre las declaraciones del viceministro de Economía, Martín Vallcorba, en un comité de base, dejaron a más de uno masticando rabia. Ante la consulta de un militante sobre el cumplimiento del programa de gobierno, Vallcorba respondió con algunas frases que fueron catalogadas por varios políticos opositores como “sincericidio”.
“El programa este gobierno no va a estar en condiciones de cumplirlo”, dijo. Y siguió.
“Cuando se votó el programa del congreso, ya sabíamos que si pensábamos que era para un período de gobierno, estábamos razonando mal. Porque es impagable, es imposible de pagar. ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Sí, pero no se puede hacer”. Entonces señaló algunos de los puntos del programa que, sumados, llevarían cinco o seis puntos del PIB, y que por lo tanto sería “impagable”.
Vallcorba razonó que cuando se da la discusión en el congreso, hay que hacerse cargo de que el programa —o las Bases Programáticas— que se resuelve en una discusión de más de dos años no es para un período de gobierno. “Y no porque la situación hoy sea peor de la que nos imaginábamos. En la situación que conocíamos, con los datos que teníamos en el momento del congreso, no había chance. Nadie podría pensar que eso se podía hacer”, agregó.
Es fuerte la afirmación. Sobre todo porque el militante va, convence, muestra el programa, trabaja y trabaja sobre la base de algo que ya se sabe que no se va a poder hacer. Pero no lo sabe el militante, lo sabe quien lo elabora. ¿Entonces? ¿Por qué no se deja claro cuando se presenta el programa que lo que allí se estampa es una aspiración, un deseo, un lugar al que se pretende llegar? No es justo para el votante, y el que se enoja tiene razón de sobra.
Y también tiene razón Vallcorba cuando se opone a la tesis de que “la plata de algún lado tiene que salir” para poder cumplir con el programa, como plantean algunos dirigentes frenteamplistas. ¿No es más razonable elaborar un programa que sea posible cumplir? Vamos. Ahora el programa es “una guía”, “una base”. Ahora el compromiso son las 63 prioridades establecidas en el Consejo de Ministros apenas iniciado el gobierno, que incluyen las 48 promesas que se habían hecho anteriormente en un acto en Colonia. Es necesario ser más claro con la ciudadanía sobre lo que se desea, lo que se puede y lo que ya se sabe que no se puede. Porque, una vez más —y perdón de antemano si resulta repetitivo—, la gente se cansa. Las promesas incumplidas solo generan rechazo y descreimiento. Y también, una vez más, ya sabemos lo que pasa cuando la población empieza a descreer de las promesas de los políticos.