Por fin se entiende

A mediados del 2026, un diario norteamericano publicó un resumen de las conversaciones oficiales entre los dos gobiernos (que ya llevaban meses) en las que habían intervenido el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin. La información periodística comentaba que las negociaciones estaban muy avanzadas, y que se esperaba el afinamiento de detalles acerca de la cantidad y la calidad de las personas que vendrían en condición de refugiadas a radicarse en Uruguay.

Tras numerosas piruetas, cruces de desmentidos, acusaciones de desinformación intencional y poco menos que traición a la patria, se supo que, efectivamente, había algo en curso, y no se trataba de una noticia falsa.

El canciller le quitó importancia a “algunas conversaciones informales” sobre el tema, el presidente del Frente Amplio dijo que la gente se equivoca, que las encuestas también se equivocan (ahí fue interrumpido por correligionarios que le aclararon que se estaba hablando de los indocumentados detenidos en Estados Unidos que vendrían al Uruguay y no de las encuestas sobre la caída de la popularidad del gobierno que se habían hecho públicas en esos días), luego de lo cual Fernando Pereira dijo que había mucha gente equivocada, sobre todo la que no votaba al Frente Amplio, y que el asunto del traslado de detenidos estaba a estudio de las autoridades gubernamentales.

La oposición también saltó con el tema, porque, al fin de cuentas, nadie sabía dónde estaba la idea matriz y hasta dónde habían llegado las negociaciones.

Lubetkin, un mago del contorsionismo digno de un circo ruso, aclaró que se trataba de elegir a los que iban a venir, que tenían que ser buenos muchachos, que no hubieran violado los derechos humanos, que únicamente se importaría a ciudadanos uruguayos y que habría una excepción con ciudadanos cubanos que hubieran sido reclamados por familiares y amigos de esa nacionalidad, inmigrantes y residentes, que se hubieran presentado en la Cancillería alegando que conocían a los detenidos, que los extrañaban mucho y que deseaban que vinieran a vivir en paz en este paraíso de paz, armonía y seguridad que es el territorio uruguayo. Admitamos que no sería fácil hacer la filtración requerida por las autoridades de nuestro país.

Finalmente, en los meses subsiguientes, el gobierno norteamericano informó al uruguayo que ya habían hecho la compleja y sutil selección solicitada, y que iban a enviar un primer contingente de detenidos para que el Uruguay aprobara el criterio selectivo empleado.

Fue entonces que, en un avión militar norteamericano, llegó un grupo de personas de muy diferentes características físico-genéticas, todas ellas munidas de pasaporte uruguayo, certificado de buena conducta uruguayo, cédula de identidad uruguaya y credencial cívica uruguaya, apenas separados por el idioma que hablaban. Al pasar el control de migración, la mayoría no hablaba español. Varios de ellos dijeron en un inglés muy primitivo que eran uzbekos, filipinos y en algunos casos nacidos en Kazajistán, pero que todos ellos cumplían con los requerimientos exigidos por las autoridades uruguayas, entre las cuales no estaba el idioma que hablaran. Un par de salvadoreños aclararon en español caribeño que ellos lo que no querían era ir a las cárceles de Bukele, y que unos vecinos uruguayos que habían tenido antes de ser detenidos les habían dicho que pidieran para ir al barrio Maracaná o el Cuarenta Semanas, que era un lugar tranquilo y seguro. Cuando les preguntaron cómo habían conseguido toda esa documentación uruguaya que cada uno portaba y exhibía, dijeron que, en la cárcel en la que estaban, había ido a visitarlos un grupo de técnicos de la Cancillería uruguaya, los cuales en acción conjunta con funcionarios norteamericanos, que hablaban español, les habían conseguido todo sin problemas.

El episodio desconcertó, al menos exteriormente, a las autoridades uruguayas, las cuales se encontraban analizando todos aquellos documentos de dudosa legitimidad, cuando llegó un enorme Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya, que había ido a buscar a otro grupo de inesperados inmigrantes, algunos de los cuales eran de origen africano, otros pakistaníes, otros más eran originarios de Siria y de Yemen. Todos, eso sí, contaban con la completa documentación de la que se informó antes, siendo pues uruguayos de pura cepa documental.

Ahí fue cuando, gracias a filtraciones informativas de la Torre Ejecutiva, se supo que autoridades del gobierno se habían reunido en numerosas instancias con autoridades de Cabildo Abierto, a saber, el general Manini Ríos y sus dos diputados, los cuales componen la totalidad de los adherentes y miembros formales del citado partido.

La confirmación provino entonces del New York Times, que publicó el facsímil del acuerdo entre Cabildo Abierto y el gobierno frenteamplista, ratificado por las firmas de Marco Rubio y Mario Lubetkin, por el cual todos los inmigrantes llegados se afiliarían a Cabildo Abierto, partido que pasaría a integrar la coalición oficialista, y a fines de este año, en las elecciones nacionales, todos votarían por el candidato frenteamplista, aunque no supieran pronunciar su nombre.

Por fin se aclararon las cosas.