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No se debe perder de vista que, como durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, estamos otra vez en un escenario de tensión en el interior del FA: de un lado, el equipo económico con el apoyo del presidente; del otro, el ala izquierda del FA (comunistas, socialistas, Casa Grande, entre otros)
El Poder Ejecutivo envió el domingo pasado su proyecto de Ley de Presupuesto. Empieza, con este evento, la segunda etapa del primer año del mandato de Yamandú Orsi. Por ahora, hay poco para destacar. El gobierno dijo poco y arriesgó menos. Por eso no sorprende que los sondeos de opinión pública muestren que la mayoría de la población sigue sin tener una opinión formada sobre la marcha del gobierno: según la última encuesta de Opción, 43% considera que el gobierno no es “ni bueno ni malo”, mientras otro 6%, directamente, “no sabe”. Ahora sí, con el proyecto de Presupuesto en consideración, la ciudadanía tendrá más elementos para elaborar un juicio fundado.
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El proyecto de ley luce bien preparado, tanto en el plano técnico como en el discursivo. En el plano técnico porque, como es habitual, el Frente Amplio (FA) cuenta con el respaldo técnico de una amplia red de economistas bien formados, con experiencia en el Estado pero también en la actividad privada. En el plano discursivo porque, durante los primeros seis meses del año, desde el FA se ha insistido mucho en la tesis de la “herencia maldita” o, para decirlo con la elegancia que caracteriza a Gabriel Oddone, del “espejismo fiscal”. En otros términos: se ha dicho, y se repite con algunos buenos argumentos, que la situación de las cuentas públicas encontrada por la nueva administración es peor de la que se esperaba. En buen romance: durante este primer semestre el Poder Ejecutivo, general, y el equipo económico, en particular, hicieron un esfuerzo visible por bajar las expectativas de votantes y militantes frenteamplistas. El frame no llega a ser “no hay plata”. Pero el mensaje sobre la severidad de la restricción fiscal y la escasez de recursos se escuchó fuerte y claro en todos lados.
Lo que refiere a ingresos está al filo del reglamento y seguramente va a hacer subir la temperatura del trámite parlamentario y los decibles del debate público. Es lógico que la oposición contraste las innovaciones tributarias previstas en el proyecto con las afirmaciones de Yamandú Orsi durante la campaña. Orsi, contra la opinión de Gabriel Oddone, dijo sin vacilar: “No más impuestos”. Sin embargo, el gobierno propone tres innovaciones tributarias significativas que le permitirán, de ser aprobadas, incrementar los recursos del Estado. La menos discutible de las tres es la adaptación local del Impuesto Mínimo Global de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Es lógico que el gobierno recorra este camino siguiendo la tendencia general. Puede que provoque un poco más de polémica la decisión de gravar las ganancias en el exterior de residentes en Uruguay. Pero lo que va a generar más debate y, eventualmente, un costo político es la aplicación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a las compras online en el exterior (siempre y cuando no provengan de Estados Unidos). Para compensar y hacer más digerible el cambio se propone aumentar de 600 a 800 dólares el tope anual de compras. Pero no deja de ser un golpe para el consumidor. No me imagino a la oposición votando en contra de las dos primeras innovaciones mencionadas. Me pregunto qué pasará en Diputados con el llamado “impuesto Temu”.
Las previsiones sobre gastos también causarán conflictos, aunque esta vez dentro de las bases sociales y políticas del gobierno. Es cierto que las prioridades (léase, infancia y seguridad) están alineadas con los énfasis programáticos de la izquierda y con lo anunciado por Orsi en la plaza de toros de Colonia en setiembre del año pasado (las 63 medidas prioritarias). Pero me parece evidente que los aumentos previstos están por debajo de las expectativas de los gremios y de los militantes frenteamplistas. Hay que esperar que se incrementen las movilizaciones sindicales durante los próximos tres meses. No se debe perder de vista que, como durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, estamos otra vez en un escenario de tensión en el interior del FA: de un lado, el equipo económico con el apoyo del presidente; del otro, el ala izquierda del FA (comunistas, socialistas, Casa Grande, entre otros).
Otro punto en debate refiere a las perspectivas de crecimiento de la economía formuladas en el proyecto a consideración. Los economistas profesionales están discutiendo, durante estos días, acerca de si las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) son, o no, demasiado optimistas. En todo caso, el gobierno no está anunciando ninguna clase de “despegue” extraordinario. Durante los próximos años la economía uruguaya crecerá o un poco más del 2% anual (si el MEF tiene razón) o un poco menos (si los más críticos tienen razón). En cualquier caso, sigue siendo poco, demasiado poco.
En materia de perspectivas económicas confieso que lo que más me llama la atención es la intención de reducir paulatinamente el déficit fiscal. Como diría Luis Eduardo González, nuestro recordado Sordo, me jugaría una hamburguesa a que esto no va a pasar. Supongo que en el equipo económico lo saben bien. Supongo que tienen claro que deben proponerse esta meta si quieren enviar un mensaje claro de prudencia a las calificadoras de riesgo y a los potenciales inversores. Pero también supongo que saben bien que a lo largo de todo el mandato enfrentarán grandes presiones por mayor gasto. El Estado uruguayo no es autónomo, no está blindado contra las presiones corporativas. Todo lo contrario. Es un Estado poroso. Electores y grupos disponen de múltiples canales para introducir sus demandas. La izquierda, desde luego, padece este efecto de un modo muy especial. Cada rendición de cuentas, durante los próximos tres años, será una nueva pulseada en la que el equipo económico no tendrá más remedio que ir haciendo concesiones. Los expertos proponen. La política dispone.
