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El domingo que viene culminará la primera etapa del ciclo electoral 2024-2025. En la competencia interna entre precandidatos y facciones tendremos ganadores y perdedores, tanto a nivel nacional como departamental. En todos los casos hay favoritos (Yamandú Orsi, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda vienen liderando desde hace tiempo en sus respectivos partidos) aunque no se descartan sorpresas. No quiero quitarle importancia a cómo quede conformada, finalmente, la oferta hacia la elección nacional. De hecho, tendremos tiempo de ocuparnos de esto cuando se conozcan los resultados. Lo que ahora me importa más es elaborar sobre una buena pregunta que viene circulando desde hace algún tiempo, y que merece una discusión detenida. ¿Debería ser obligatorio votar en esta primera etapa? Hay buenos argumentos para sostener que sí. Luego de presentarlos, explicaré por qué prefiero el sistema vigente.
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Creo que hay tres grandes argumentos a favor de la obligatoriedad de la elección primaria. El primero es que, como resultará obvio, empezamos a seleccionar al futuro presidente. Por ende, tiene sentido que la ciudadanía, además del derecho, tenga la obligación de comprometerse con esta decisión. Soy de los que sigue pensando que la calidad de la democracia aumenta cuando el electorado comprende su enorme responsabilidad política y se involucra en los procesos decisorios. Aunque en Uruguay no gobiernan las personas sino los partidos, no puede negarse que el perfil específico de quien termine ocupando la presidencia no es un dato irrelevante.
Si este primer argumento, en última instancia, es hijo de la filosofía política, el segundo deriva de la ciencia política contemporánea y de la evidencia empírica ofrecida por la política comparada. Cuando la elección primaria no es obligatoria, participan solamente los “creyentes” de cada partido, que suelen tener preferencias muy marcadas, en otros términos, amores y odios bien definidos. De este modo, el sistema favorece el triunfo de las precandidaturas que solemos llamar, por comodidad, más “radicales”. En consecuencia, la no obligatoriedad podría terminar favoreciendo la polarización (en el plano ideológico o en el de las emociones y las identidades). En el extremo, se ha dicho, este sistema podría favorecer la “grieta”.
El tercer argumento remite a la teoría de la democracia. El sistema actual favorece el doble discurso, es decir, que los precandidatos tengan un discurso “duro”, dirigido a los “creyentes” en la elección primaria, y un discurso distinto, “blando”, en la elección nacional. Un ejemplo clásico de esto lo ofreció la elección de 2009. Para ganar la primaria, José Mujica prometió un “giro a la izquierda”. Luego, para ganar la elección nacional, acordó que Danilo Astori seguiría manejando la política económica como durante la presidencia de Tabaré Vázquez. Los cambios discursivos confunden a la ciudadanía, y conspiran contra la confianza de los votantes en las elecciones y en el sistema democrático.
Aunque no son argumentos menores, sigo prefiriendo el sistema actual. El voto en las primarias no debe ser obligatorio, en primer lugar, por una razón de orden moral: no es justo obligar a quienes no se sienten identificados con una tradición política a elegir el candidato de algún partido. Tengamos en cuenta que, como explicara recientemente Rafael Porzecanski en un texto excelente, “la mayoría de las mediciones apuntan a que cerca de la mitad del electorado no tiene un vínculo de identidad con ninguna fuerza política”.1 ¿Vamos a obligarlos a votar en una interna? No solamente no sería justo, además, estaríamos facilitando y hasta incentivando el voto estratégico, es decir, que la balanza dentro de cada partido se termine inclinando no por el peso de sus bases políticas, sino por cálculos ajenos.
El sistema vigente no obliga a los ciudadanos. Pero sí a los partidos: los obliga a hacer un esfuerzo realmente extraordinario para sintonizar con sus bases sociales y políticas, y para movilizarlas. Para sintonizar con sus bases los partidos no pueden alejarse de su tradición. Al contrario, deben cuidarla, vivificarla, resignificarla. Para triunfar en la elección primaria, cada fracción debe ser capaz de movilizar a sus bases el día de la elección. Es posible que el llamado “voto de opinión” tenga un peso importante en esta elección. Pero cada precandidato sabe que tiene que tensar al máximo la capacidad de movilización de sus activistas durante la campaña y durante el día de la elección primaria.
El tercer argumento a favor del sistema actual es que evita que la tendencia a la competencia centrípeta generada por la regla de la mayoría absoluta para la elección presidencial no derive en una completa superposición de las ofertas programáticas de los distintos partidos. Es cierto que la polarización es un riesgo. Sobre esto hay mucho escrito en la ciencia política desde Maurice Duverger a Giovanni Sartori, para mencionar solamente a los más conocidos. Pero no hay que despreciar el riesgo opuesto, es decir, el de la evaporación de las diferencias entre los partidos. La democracia no es, simplemente, un sistema para elegir elencos de gobierno. Además, y esto es tan o más importante que lo anterior, la democracia consiste en que la ciudadanía pueda elegir entre alternativas de políticas públicas. No es cierto que existe una y solamente una solución válida para cada problema público. Hay alternativas, siempre las hay. Lo ideal es que cada partido, respetando su tradición, ofrezca soluciones técnicamente bien fundadas a los desafíos del gobierno.
Uruguay precisa no perder el coraje que siempre ha tenido para revisar sus instituciones. Nuestra comunidad de práctica democrática ha demostrado a lo largo de la historia coraje para mirarse al espejo, e imaginación para buscar soluciones innovadoras. No son pocos los ajustes requeridos por nuestras instituciones. Tarde o temprano habrá que hacer, otra vez, cambios en nuestra Constitución. Pero, en este caso concreto, en lo referido a cómo elegir a los candidatos a la presidencia de cada partido, preferiría no innovar.
1 Porzecanski, Rafael. “Partidos políticos e identificación partidaria en el Uruguay reciente (1994-2022)”. En Partidos y movimientos políticos en Uruguay. Miradas transversales, José Rilla y Jaime Yaffé (coordinadores).
