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Es posible que, sin reformas más estructurales, las bienintencionadas prioridades estratégicas definidas para este Presupuesto languidezcan en el siguiente quinquenio
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La presentación del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional siempre genera expectativas, porque se trata del eje conductor de muchas de las políticas de un nuevo gobierno y delinea, además, la estructura de gastos e ingresos para el siguiente quinquenio. En el caso de la iniciativa que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y sus colaboradores llevaron el último domingo al Parlamento, no contiene novedades sorprendentes, por más de que incluya algunas medidas que van en el sentido correcto. Se trata de un Presupuesto austero en materia de recursos adicionales —lo que es razonable dado el contexto fiscal para nada holgado— y, por el lado de los ingresos, propone unas pocas innovaciones en cuanto a los tributos, cuya sustancia recaudatoria a priori no parece significativa, más allá de que se instaló la discusión de si el gobierno está o no incumpliendo con la promesa electoral de mantener constante una presión fiscal considerada alta.
El mensaje del Poder Ejecutivo que acompañó el proyecto señala que son tres las prioridades estratégicas: acelerar el crecimiento económico, fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia, todos propósitos que pueden ser compartidos. Mientras las autoridades económicas se expresan optimistas, las primeras lecturas desde la oposición política y de analistas económicos plantean dudas de que el articulado sea lo suficientemente ambicioso como para hacer que Uruguay supere las mediocres tasas de crecimiento promedio de la última década.
Es que, más allá de algunas medidas acá y allá, este proyecto parece escaso en las propuestas de reformas audaces para el funcionamiento de la economía. Tampoco profundiza en materia de modernización del funcionamiento del Estado y de reducción de sus ineficiencias. Pero esto no puede sorprender a nadie, porque esos aspectos no han sido centrales en los documentos programáticos del Frente Amplio y los que fijan prioridades para el actual período de gobierno. En ese sentido, el proyecto de Presupuesto es poco esperanzador para el sector privado, ya sean empresas o ciudadanos.
Aunque algunas medidas de desburocratización y otras orientadas a favorecer la inversión y a propiciar una mayor competencia anunciadas por el equipo económico son en la dirección correcta, es posible que, sin reformas más estructurales, las bienintencionadas prioridades estratégicas definidas para este Presupuesto languidezcan en el siguiente quinquenio.
Hay tiempo todavía para corregir los problemas más estructurales de Uruguay, pero no demasiado. Da la sensación de que, una vez más, la tan postergada reforma del Estado quedará por el camino y en su lugar se realizarán cambios puntuales, muy necesarios, por cierto, pero insuficientes. Una pena, porque este era el momento de poner arriba de la mesa ese tema tan trascendente que todos los gobiernos anteriores han esquivado, de una forma u otra. Parece que la historia vuelve a repetirse.
