El Presupuesto llegó al Parlamento: sus principios, “prioridades estratégicas” y los cambios propuestos

Luego de entregar el proyecto y su mensaje y exposición de motivos a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo en una conferencia en el Parlamento que espera un debate “intenso, complejo”, pero confía en que se van a lograr acuerdos para aprobar la ley.

Oddone aseguró en la conferencia que hay “muy pocas” posibilidades de asignar más gasto que el propuesto, aunque es posible discutir otros aspectos del texto.

“La dinámica fiscal luce más desafiante”, señala el mensaje y exposición de motivos acerca del contexto económico.

De los tomos entregados por el Poder Ejecutivo al Parlamento surge que, para el 2026, el presupuesto previsto para todos los incisos de la administración central y los organismos del artículo 220 de la Constitución —Universidad de la República, ANEP, ASSE, etcétera— es de $ 993.397 millones, que al tipo de cambio actual son unos US$ 24.835 millones.

Impuestos

El proyecto propone varios cambios tributarios que, los principales, ya habían sido adelantados días atrás.

Por un lado, propone la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico como cambio en la localización del lugar de pago del gravamen a las grandes multinacionales surgido de acuerdos internacionales.

También plantea eliminar la exoneración que actualmente aplica a ciertas distribuciones de dividendos y utilidades que las empresas uruguayas realizan a sus accionistas o socios no residentes.

Por otro lado, el mensaje presenta “dos ajustes correctivos al sistema tributario con el objetivo de efectivizar la recaudación de impuestos ya existentes”. Con relación al Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), una propuesta en ese sentido es gravar los incrementos patrimoniales derivados de activos situados en el exterior que generan rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario.

Asimismo, propone habilitar que la deducción en la liquidación del IRPF también pueda ser realizada por aquellos contribuyentes que han recibido la tenencia de un menor con fines de adopción mientras que se concreta formalmente la adopción definitiva.

En relación a la explosión que tuvo desde la incursión de la plataforma china de e-commerce Temu, el proyecto incluye modificaciones en el régimen de envíos expresos con franquicia aduanera, que el año pasado llegó a canalizar “casi al millón de paquetes y más de 650.000 usuarios”, explica el mensaje del Poder Ejecutivo. En este aspecto, el proyecto propone aumentar en hasta US$ 800 las compras que las personas pueden realizar en un año —en lugar de los tres envíos por un máximo de US$ 200 actuales— y gravar con IVA a la tasa de 22% el valor de factura o declaración de valor de la mercadería, con una tributación mínima de US$ 20 por envío.

Regla fiscal

La iniciativa presupuestal cambia la regla fiscal creada en el gobierno anterior. Dispone un “carácter dual”, con un ancla de mediano plazo basada en el nivel de deuda neta y metas indicativas anuales de resultado fiscal estructural, ambos consistentes con el tope de endeudamiento público.

También modifica aspectos de la institucionalidad de la regla, con el propósito de fortalecerla, según argumenta el Ejecutivo en el mensaje.

En ese sentido, transforma el actual Consejo Fiscal Asesor en Consejo Fiscal Autónomo, con carácter “técnico e independiente” y la función de asesoramiento al Ministerio de Economía en la aplicación de la regla. Sus tres consejeros durarán tres años en sus cargos y podrán ser reelectos por única vez. Estos cargos se renovarán de manera escalonada, “salvaguardando así la memoria institucional del Consejo y dándole continuidad al mismo, sin perder la necesaria alternancia a nivel de sus miembros”.

Paralelamente, el proyecto establece que, al cesar las circunstancias que motiven una eventual activación de la “cláusula de escape” a la regla, el Ministerio de Economía deberá presentar al Consejo Fiscal Autónomo y a la Asamblea General un “plan de reactivación” de la misma.

Banco Central y otros cambios institucionales

El Poder Ejecutivo propone en el proyecto algunas modificaciones organizacionales, por ejemplo en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes.

En el Banco Central (BCU), plantea que se instale en su órbita el Registro Público de Fiduciarios, ajusta los cometidos y atribuciones de la Superintendencia de Servicios Financieros y crea la figura del economista jefe como asesor del Directorio.

Otros artículos referidos al BCU le atribuyen la función de regular la “interoperabilidad en el Sistema Nacional de Pagos, con el objetivo de promover la competencia, la eficiencia económica y el desarrollo del mercado”, así como de difundir información periódica de “comparativos de las tasas de interés implícitas y otros aspectos relevantes en los créditos efectivamente otorgados por las instituciones financieras, cooperativas, asociaciones civiles, de modo de informar a los consumidores y promover la transparencia del mercado”.

Asimismo, el proyecto reduce de ocho a seis años el mandato de los directores de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, con renovaciones de un miembro cada dos años. Otro último artículo prevé designaciones por períodos excepcionales para adaptar ese esquema de relevo propuesto.