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    Sí, quiero

    ¿No alcanza con que una de las partes del matrimonio ya no quiera mantener ese vínculo para disolverlo?, ¿debería quedarse allí solo para cumplir plazos burocráticos y calmar a los detractores de las separaciones?

    Columnista de Búsqueda

    A veces en Uruguay somos pioneros en legislación. Aprobamos a lo largo de la historia la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la unión concubinaria, la jornada laboral de ocho horas, el voto femenino, la abolición de la pena de muerte, la educación laica, gratuita y obligatoria, y estamos a un paso de aprobar la eutanasia, entre tantas otras regulaciones que nos dejan en un buen lugar para competirles a unos cuantos en derechos.

    Pero si nos queremos divorciar, ahí ya no somos tan pioneros. Es verdad que la legislación ha avanzado, que ahora existe el divorcio por sola voluntad, que no dependemos de que el otro diga que sí para hacerlo; sin embargo, si queremos usar esta vía, vamos a tener que ir cinco veces, sí, cinco veces, a decirle al juez que ya no queremos estar casados con esa persona. Cinco veces vamos a escuchar al juez preguntarnos si estamos seguros y cinco veces vamos a decir que sí, y con sesenta días entre cada una de las audiencias. Entonces, ahí sí, libre como el sol cuando amanece, pero a qué costo.

    Después tenemos otra opción para elegir, que es el conocido divorcio por riñas y disputas, con el viejo método de llevar a algún amigo de testigo que diga que sí, que nos llevamos horrible, que no paramos de pelearnos y que esa unión no tiene chance de proseguir. Todo acordado entre las partes, claro, lo sabe la pareja, lo saben los testigos y lo sabe el juez. Pero hacemos el teatro y el divorcio sale. En fin, la hipocresía.

    Con lo fácil que es casarse, ¿verdad? Un sí, acepto, y listo. Ahí no hay tanta repregunta.

    El asunto es que el pasado 1 de octubre una delegación del Poder Judicial encabezada por su presidente, John Pérez, concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a plantear su situación en medio de la discusión del Presupuesto quinquenal. En esa comparecencia, tanto Pérez como el secretario letrado Juan Pablo Novella hicieron énfasis en su voluntad de hacer modificaciones en la regulación del divorcio por sola voluntad de una de las partes, y acortar la cantidad de audiencias. Tal como ellos lo plantearon, urge optimizar los recursos para atender otros asuntos de relevancia impostergable. Y ya que estamos, hacerle la vida un poco más fácil a la gente.

    “Esta medida tendría un impacto presupuestal muy importante. Nosotros calculamos que, más o menos, nos bajaría unas 10.000 audiencias al año. Vuelvo a lo mismo: en un Poder Judicial pobre, necesitamos de estos ajustes para que los jueces y las juezas se puedan dedicar a cuestiones quizás mucho más complejas que reiterar cinco veces la voluntad de una persona de querer divorciarse”, dijo Novella en la comisión, según consta en la versión taquigráfica. Claro, antes habían detallado la escandalosa situación de falta de juzgados de violencia de género, establecidos en una ley que no se cumple por falta de presupuesto.

    Para que quede claro, Novella detalló: “Adviértase que hace ocho años que se dictó la Ley 19.580 y solo se dieron recursos para tres cargos de juez y equipo técnico, cuando cada sede necesita tener necesariamente dos jueces. La ley se aprobó a efectos de dar una adecuada satisfacción a la problemática. Reiteramos periódicamente la solicitud de los recursos necesarios, pero no se nos concede. Los problemas se agravan y solo cuando ha habido tristes episodios la sociedad y el sistema político reclaman o critican sin ver que no se conceden recursos imprescindibles para prestar en forma adecuada, aunque sea mínimamente, la tarea que le ha asignado la ley a la Justicia. El Poder Judicial realizó una presunción mesurada de las sedes que pretende instalar requiriendo la asignación de los fondos imprescindibles para instalar 24 juzgados, seis en Montevideo y 18 en el interior. Se nos ha conseguido uno por parte del Ejecutivo, en el artículo 486 del proyecto de Presupuesto, recién para el año 2027”. Sobran las palabras y también la desesperanza.

    Con este marco de fondo, los jueces plantean simplificar un trámite que, además, según ellos mismos, no falla. La gente no se arrepiente. “Los tres que estamos aquí presentes somos jueces de carrera, entre los tres juntamos sesenta y tres años de experiencia y ninguno vio un arrepentimiento en un divorcio por sola voluntad. Tenemos el dato, la anécdota de un solo caso en el departamento de Rocha. Si desean que se los cuente eventualmente, lo hago. Es muy divertido”, advirtió Novella en medio de las conversaciones incesantes y murmullos de los legisladores presentes.

    El caso anecdótico que rompe la regla se trata de una mujer que fue cuatro veces por sola voluntad a decir que se quería divorciar, y en la última audiencia su marido fue con su nueva pareja embarazada, entonces la señora dijo que no, que ya no quería divorciarse. Mientras los diputados reían, Novella prosiguió. “Entonces, ¿tasa de arrepentimiento? La verdad que no, es cero. Zitarrosa lo dice hace sesenta años: ‘Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó’. Ya está”. Hilaridad, como queda registrado en las versiones taquigráficas cuando los legisladores ríen.

    Volviendo al punto, el Poder Judicial plantea entonces hacer más sencilla la cosa y que baste con que uno se presente y diga que quiere divorciarse para que se dé lugar a una audiencia con las partes y se disuelva el matrimonio. Claro que con una serie de garantías, que la delegación dejó claras ante la consulta natural de algunos legisladores que se preocuparon por los detalles en caso de haber hijos del matrimonio. En la audiencia habrá asistencia de abogados para resolver todas las cuestiones de tenencia y pensión alimenticia, entre otras cosas. Eso no cambia con decir una vez o cinco que uno quiere terminar ese matrimonio.

    Los cuestionamientos a esta propuesta ya comenzaron a ver la luz y es esperable; en especial, por el hecho de que la propuesta también elimina el plazo de dos años para quien plantee divorciarse por sola voluntad. Pero intentemos verlo más sencillo. ¿No alcanza con que una de las partes del matrimonio ya no quiera mantener ese vínculo? ¿Debería quedarse allí solo para cumplir plazos burocráticos y calmar a los detractores de las separaciones? ¿Debería quedarse a ver si el solo paso del tiempo hace que cambie de opinión, teniendo que ir una y otra vez ante el mismo juez a decirle que se quiere divorciar? Poder decidir disolver un vínculo que no queremos, cuando queremos, también debería ser parte de nuestros derechos, sin que de afuera nos intenten convencer de lo contrario.