Un ajuste político

Los principales dirigentes de una de las mitades se han dedicado a apagar algunos incendios puntuales y los de la otra se han mantenido en un profundo silencio. Primero fue la designación de Valeria Ripoll como compañera de fórmula de Álvaro Delgado en el Partido Nacional la que provocó algunas llamas. No fueron muy expansivas, pero igual Delgado y varios de los suyos tuvieron que dedicar tiempo a apagarlas. Después fue el caso de las horas extras en la Intendencia de Artigas, que culminó con las renuncias del jefe comunal Pablo Caram y de la diputada blanca Valentina Dos Santos, ambos muy cercanos a Delgado. Otra vez las llamas, el humo y el tiempo para contener la expansión del fuego. Ahora el viento sigue soplando y todavía hay algunos focos preocupantes para el oficialismo.

“Al sistema político uruguayo lo acaparó el batllismo”, me dijo hace unos días un dirigente de Cabildo Abierto. Quizá sea un poco exagerada su lectura, pero no está tan mal. La disputa parece ser por quién representa mejor la idiosincrasia uruguaya, esa asociada a una sociedad amortiguadora, a una medianía no demasiado cambiante, a un Estado que casi no se toca, a hacer las cosas a medias y en cámara lenta. No hay sorpresas, no hay locuras, no hay ideas revolucionarias. Al menos hasta ahora.

Entonces, lo que queda es la otra disputa, la de la tribuna. El partido en la cancha se hace monótono, los jugadores no avanzan, juegan para el costado, no hay demasiado peligro. Por eso, los que adquieren protagonismo son los que gritan desde afuera, los fanáticos, los que disfrutan más de la destrucción del otro que de sus propios logros.

Así aparecen las competencias para ver quiénes tienen los peores antecedentes en materia de corrupción o de mala administración. Empiezan las listas con la cantidad de funcionarios de distintos gobiernos procesados, la enumeración de denuncias realizadas, los millones de dólares faltantes de un lado y del otro y una especie de carrera por los que manejaron peor los recursos públicos. Uno grita “corruptos” y el otro le contesta “más corruptos serán ustedes”.

Y es cierto que los tres principales partidos políticos tuvieron casos de corrupción desde la restauración democrática hasta ahora, a nivel nacional y a nivel departamental. Tanto frenteamplistas como blancos y colorados cuentan en su haber con exjerarcas que recurrieron a dineros públicos o a la estructura estatal en beneficio propio o el de sus colectividades. Es un hecho, no hay período de gobierno que se salve, como probablemente tampoco lo haya en el futuro. Es parte de la condición humana.

Por eso, si lo que quieren realmente es entusiasmar a los indecisos o a los desencantados, el problema más importante a solucionar por delante es otro. El asunto es que ninguno de los partidos políticos de los que han estado a cargo del poder en las últimas décadas, solos o en coalición con otros, ha llevado adelante un verdadero y profundo ajuste político, uno que implique terminar con varias de las facilidades con las que cuentan los inquilinos temporales del Poder Ejecutivo o de los gobiernos departamentales para concretar desviaciones o irregularidades.

No quiere decir que no se haya hecho nada. Se adoptaron muchas medidas, se crearon nuevos organismos como la junta anticorrupción o la secretaría antilavado, y hasta se votaron leyes y nuevas penas para controlar y combatir a los funcionarios desviados o al dinero mal habido. Pero todo eso parece ser apenas una curita para una herida profunda que sigue lentamente desangrando a la política local.

Para poner solo algunos ejemplos: ¿Qué importancia les otorgan los gobernantes y también el Parlamento a los dictámenes del Tribunal de Cuentas o a los informes de la junta anticorrupción? ¿Cuántos de los protagonistas de los escándalos de los últimos años han vuelto a la política y cuántos ni siquiera han recibido una sanción? ¿Cómo se comportan la mayoría de los dirigentes políticos con respecto a los nombramientos a dedo, los pases en comisión innecesarios, la devolución de viáticos o las horas extras? ¿Los practican o los condenan? ¿Cuántos de ellos informan verdaderamente quiénes financian sus campañas y por qué? ¿Por qué siempre que se acercan las elecciones aparecen proyectos de ley para que todos los ingresos a las intendencias sean por concurso o sorteo, para reducir los cargos de confianza, para disminuir los pases en comisión o hasta para unificar en una las dos cámaras legislativas, pero nunca llegan a votarse o a lograr la mayoría necesaria? ¿Por qué todos hablan del ajuste tributario, del ajuste fiscal, del ajuste burocrático, pero nadie menciona el ajuste político?

Preguntas sin respuesta. O que los políticos prefieren pasar por alto. Una pena.