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Algunos problemas de funcionamiento de la economía uruguaya requieren más que pequeños ajustes, para poder reducir las fricciones y acelerar el crecimiento
Algunos de los problemas de funcionamiento que arrastra desde hace décadas la economía uruguaya, varios de ellos conectados entre sí, quedaron plasmados en diferentes notas publicadas por Búsqueda a lo largo de la última semana, sin que hubiera una premeditación periodística. Al parecer, esas fricciones están cada vez más presentes en el debate público, ya señaladas por algunos centros de análisis o desde el propio sistema político. ¿Será que estamos en las puertas de un ciclo de reformas o nos quedaremos, como otras veces en el pasado, con fundamentados diagnósticos que terminan en el cajón del escritorio de un jerarca político sin cambiar nada?
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Por un lado, el Ministerio de Economía anunció un conjunto de medidas para “mejorar el clima de negocios” y la competitividad, enfocadas en las operaciones de comercio exterior; implican eliminar un 25% de los documentos, digitalizar un 29%, sustituir por declaraciones un 7% e introducir eficiencias en procesos en un 15%, con un efecto de reducción de costos estimado en alrededor de US$ 20 millones. Es un paso en la dirección correcta para comenzar a quitar trámites inútiles e ineficiencias, aunque el impulso de “desempapelamiento” debe ser más audaz y llegar a las raíces de la burocracia estatal.
Además de desburocratizar el funcionamiento de la economía, es necesario propiciar mayores niveles de competencia en varios sectores de actividad donde operan altas barreras de entrada. En ese sentido, otro artículo sintetiza el trabajo de un consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que describe una creciente concentración del sector farmacéutico en Uruguay, así como algunos problemas en torno a las compras públicas del rubro, que no son nada menores. Puede ser uno de esos ítems en los que hay espacio para habilitar una mayor competencia.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha señalado que se propone actuar en esa dirección, entre otras cosas mediante el fortalecimiento de la comisión encargada de promover la competencia en los mercados; habrá que esperar para ver cuánto de esto se concreta.
Como los problemas de altos costos que ahogan al sector productivo formal no han tenido una solución de fondo —empujando a muchos a la informalidad, como señala un diputado al describir la problemática del contrabando en Tacuarembó—, estos son atemperados por paliativos o alivios con un costo fiscal de una magnitud significativa, y cuya asignación y eficiencia no están, en general, debidamente fundamentadas. Un especialista en tributación, citado en otro de los artículos de la última semana, señala que Uruguay ha hecho “abuso” de los regímenes de exoneraciones e incentivos, que funcionan como “aditivo” de una economía a la que le atribuye problemas de “motor”. De manera muy gráfica, ese consultor agrega: “Como las piezas marchan mal, tengo que dar ese aditivo” y el motor “un rato marcha”, pero no es posible “estar dándole siempre aditivo”.
Lo cierto es que algunas de esas ventajas tributarias alcanzan a una cantidad limitada de empresas —como las casi 1.300 que operan en régimen de zonas francas y están libres de impuestos nacionales—, mientras que el resto, la gran mayoría, de pequeño y mediano porte y de capitales nacionales, son esa parte del motor que funciona sin aditivos.
Si se pretende para Uruguay un crecimiento más veloz, el motor económico precisa mucho más que un ajuste.
