Un fracaso que duele

No hay tema que me preocupe más que la pobreza y cómo salir de ella. En realidad, es el tema por el que hace 50 años decidí comenzar a estudiar economía. Cuando era niño la situación económica de Uruguay era muy difícil. Cuando empecé a tener uso de razón, Uruguay llevaba una década de estancamiento económico y la pobreza era visible. Sesenta años han pasado y el problema sigue existiendo. Es un estigma para todos los gobiernos que hemos tenido desde entonces y marca que, como sociedad, no tenemos entre las prioridades la erradicación del problema. Claramente, el modelo de economía altamente intervenida, con alto gasto público e impuestos, espesas regulaciones y escasa apertura al comercio internacional no es capaz de darle oportunidades a ese conjunto de personas que viven en la informalidad y la pobreza. Las medidas de asistencia no son suficientes y ni siquiera la creación de un ministerio ha sido suficiente para priorizar el tema. Es hora de considerar otras soluciones.

Pues con los ciudadanos en situación de pobreza hay que hacer algo similar. Siguiendo las enseñanzas de Lord Peter Bauer, lo que necesitan para salir de la pobreza es libertad para comerciar y ausencia de impuestos y regulaciones que se lo impidan. Si le agregamos una formalización de la propiedad para aquellos que ocupan terrenos ilegalmente, como hiciera Hernando de Soto junto con el alcalde de Lima, y se facilitara el acceso a los distintos servicios que ofrece el Estado —sanitarios, educativos, financieros y de consultoría legal— se iniciará un proceso de capitalización que permitirá el crecimiento de sus ingresos hasta salir de la pobreza. En definitiva, tal cual se hace con los grandes proyectos de inversión, se requiere un régimen legal especial para las personas en situación de pobreza.

A modo estrictamente de ejemplo, toda persona con ingresos inferiores a una cierta cantidad, digamos $ 500.000 anuales (que incluirían no solo el salario bruto, sino, además, todos los aportes y costos que paga el empleador), debería estar exonerado de todo impuesto, municipal o nacional, y libre de la regulación en materia laboral. Sus empleadores no tendrían más que acordar en un contrato simplificado entre las partes las condiciones del empleo y no tendrían que estar sujetos a ninguna regulación laboral, ni aporte ni impuesto sobre dicho contrato de trabajo. Para facilitar la asociación de estos ciudadanos en pequeñas empresas, aquellas cuya facturación anual no supere los $ 10.000.000 deben tener una forma societaria simplificada que no pague ningún impuesto, siempre que sus accionistas estén dentro de la categoría mencionada más arriba en cuanto a ingresos anuales.

Cuando escucho a comentaristas decir que Uruguay debe plantearse la meta de ser el primer país desarrollado de Sudamérica, me pregunto si los uruguayos somos conscientes de la existencia de la pobreza. Pretender ser un país desarrollado cuando tenemos 10% de la población viviendo en la pobreza no parece razonable.

El desarrollo es un proceso y no se pueden saltar etapas. Imitar las instituciones y políticas de los países desarrollados de hoy sin tener en cuenta el proceso de décadas que los llevó a su situación actual es un grave error lógico. En el proceso de desarrollo, la acumulación de capital humano, físico y financiero es el elemento fundamental. El mayor nivel de consumo es simplemente la consecuencia del proceso. Uruguay inició el proceso de imitación de los países desarrollados muy temprano y rápidamente comenzó a consumir el capital que se había acumulado. Por eso Uruguay es un caso atípico en materia de teoría del desarrollo. Es un país arrollado, como decía el argentino Juan Carlos Casas sobre el proceso de desarrollo de Argentina. De ricos pasamos a estancados y ahora estamos entre los países de ingresos medios. De atraer una gran cantidad de inmigrantes, pasamos a ver a sus descendientes emigrar.

Para eliminar la pobreza, un crecimiento de los ingresos reales fuerte, atraer nuevamente inmigrantes en forma masiva y que los uruguayos dejen de emigrar se precisa un dinamismo económico que nuestras instituciones y marco político no pueden proporcionar porque su diseño y peso sobre la sociedad son los de un país desarrollado, cuando Uruguay no lo es.

Un régimen especial para los ciudadanos en situación de pobreza es una alternativa para enfrentar un problema que décadas de políticas de intervencionismo y asistencia no han logrado resolver. Ante un fracaso que duele, hay que probar algo distinto.