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En medio de la campaña electoral, que suma otro ingrediente sumamente relevante para Uruguay como es el peligroso plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, algunos acontecimientos importantes se pasan por alto. Uno de ellos fue la reciente celebración de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) por su 30 aniversario. Pero, más allá de saludar a la institución por esta conmemoración, ese acontecimiento vale como excusa para plantear algunas reflexiones.
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Desde que está activa la Bevsa canalizó fondos por un total de US$ 7.342 millones a través de 224 emisiones licitadas, tanto en los programas de obligaciones negociables como en los fideicomisos financieros. Entre los proyectos que se financiaron en este ámbito se cuentan la renovación de flotas del transporte público, la puesta en marcha del Ferrocarril Central, el nuevo Aeropuerto de Carrasco y el cambio de la matriz eléctrica. Naturalmente, también el sector público ha recurrido a la emisión para obtener fondos, tanto el gobierno como empresas estatales como UTE. Hoy, conviviendo con la histórica Bolsa de Valores de Montevideo, la Bevsa concentra el 95% de los negocios bursátiles en el país, un mercado al cual, salvo excepciones, el sistema político no parece prestarle mayor atención.
Las bolsas de valores han sido motores del desarrollo en varias economías prósperas del mundo. En Uruguay también deberían transformarse en una vía de acceso al financiamiento a largo plazo para las empresas y los emprendedores y en una opción de inversión para los ahorristas y los agentes institucionales. También podrían ser una forma de capitalización empresarial muy utilizada, pero lo cierto es que el mercado accionario local es prácticamente inexistente y alcanzan los dedos de las manos para contar las compañías que tienen abierto su capital en la bolsa y logran incorporar accionistas dispuestos a apostar por la renta variable.
En el actual período de gobierno, a instancias del Ministerio de Economía, se reactivó la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, que promovió algunas iniciativas en materia regulatoria y tributaria. Por su lado, el Banco Central flexibilizó el régimen de emisiones simplificadas y recientemente hubo algunas salidas al mercado. Pero los progresos han sido lentos e insuficientes.
También, un artículo de la Ley de Urgente Consideración innovó al plantear que las “sociedades anónimas con participación estatal deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones”. Ducsa, la subsidiaria de Ancap encargada de la distribución de combustibles, era señalada por algunas autoridades como una candidata ideal para inaugurar este mecanismo. Sin embargo, nada de eso ocurrió, ya sea porque en sus primeros años el gobierno debió ocuparse de situaciones de emergencia, porque en el medio encaró una reforma —parcial— del sector de los combustibles o porque, en definitiva, faltó voluntad política para asumir el riesgo de aplicar ese artículo. El texto quedó como letra muerta, aunque una futura administración puede revivirlo.
Está claro que hay muchos y variados temas de relevancia y hasta de emergencia para Uruguay, empezando por mejorar de manera contundente los resultados en la educación y en la seguridad pública. Pero en una agenda de reformas microeconómicas y “proeficiencia” de cualquier gobierno pensar en un verdadero desarrollo del mercado de capitales como alternativa o complemento del sistema bancario, y a su vez de incentivo y diversificación del ahorro de la población, debería tener un lugar destacado. Estamos a tiempo y en el tiempo indicado.
