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Ricardo Pascale, un experto en finanzas con un doctorado en Ciencias de la Información y el Conocimiento que presidió el Banco Central en 1985-1990 y en 1995-1996, dedicó parte de la última etapa de su vida a escribir acerca de los desafíos de largo plazo que enfrenta nuestro país en materia de desarrollo. En el libro El Uruguay que nos debemos. Convergencia y sociedad del conocimiento, publicado el año pasado, sostuvo: “Si no se quiere ver al país agudamente rezagado en este mundo tan cambiante, de creciente incertidumbre y vertiginoso avance científico-tecnológico”, se precisa de un paradigma distinto al basado en cantidades producidas. El Uruguay actual, decía Pascale, carece de una “estrategia clara de crecimiento de largo plazo”.
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Este economista colorado, fallecido en enero pasado, hizo un importante aporte intelectual al país tratando de hacer pensar a nuestro sistema político en clave de desarrollo en un mundo que se mueve a ritmo de vértigo debido a las disrupciones tecnológicas, como la inteligencia artificial generativa. Pero parte de la dirigencia política parece no asumir esta realidad y las acciones que se toman llevan el característico paso cansino de nuestro Uruguay. No está mal que se discutan largamente ciertas reformas, muy por el contrario: los cambios profundos requieren de amplios consensos —incluida, por supuesto, la base social—para perdurar en el tiempo. Sin eso, cualquier ventisca, incluso de las más alocadas, como la papeleta del PIT-CNT que ahora pretende hacer explotar el sistema jubilatorio, pueden desmoronar todo, rápida y peligrosamente.
Por eso, cuando como país logramos consensuar ciertas medidas que van en la dirección de lo planteado por Pascale, es bueno remarcarlo. Después de haber estado por fuera del debate público por muchos años, el Parlamento trató un proyecto de ley para la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT). Esta semana el Senado votó por unanimidad la iniciativa, que en junio ya había pasado por la Cámara de Representantes.
El régimen por el que se rige Uruguay hasta ahora es el Convenio de París, bajo el cual tras solicitar la protección de la propiedad intelectual se cuentan 12 meses para hacer lo mismo afuera, un plazo exiguo para buscar un socio comercial o lograr financiamiento. Con el PCT —que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y al que han adherido casi 160 países— el plazo llega a 30 meses y se facilita el trámite internacional, si bien las oficinas nacionales mantienen los criterios de decisión y análisis de la patente. La situación actual estaba provocando una suerte de fuga de la innovación al no poder retener en el país la producción o inventos nacionales, que terminan registrándose a través de otra oficina de patentes bajo el sistema PCT, porque así pueden ser exportados al resto del mundo con más facilidad.
El tratado incluye varios aspectos y, por cierto, al igual que los acuerdos de libre comercio, pueden haber ganadores y también perdedores. En ese sentido, con el PCT, será necesario pensar en cómo contemplar a estos últimos -eventualmente, la industria farmacéutica nacional- para que sufra lo menos posible y, en el mejor de los casos, pueda de algún modo sacarle provecho.
Por otro lado, adherir a este tratado hace más factibles las chances de poder incorporarnos al acuerdo de asociación Transpacífico, al que Uruguay se postuló a fines del 2022.
Como destacó la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, la aprobación del tratado de patentes significa un “hito” que debería impulsar a nuestros inventores y a la economía del conocimiento, poniéndonos al menos un paso más cerca de ese “‘salto’ de innovación, productividad y crecimiento" que planteaba tan enérgicamente Pascale.
