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El dinero sucio, por su naturaleza, es difícil de detectar; si a eso se suman sistemas de control débiles y una discusión que solo busca poner al “otro” como responsable, el escenario está montado para que la plata del crimen organizado entre a la política, si no lo hizo ya
El financiamiento de la política está, otra vez, en el centro de la discusión pública. La condena por lavado de activos del narcotráfico de una persona que, además, figuraba como asesor de un edil de Montevideo reabrió una conversación sobre el posible flujo de dinero del crimen organizado a la política. Es muy pronto para arribar a conclusiones tan contundentes como graves, pero vale la pena repasar el asunto y las señales de alarma que debería levantar.
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Pablo Leiva alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a dos años y seis meses de prisión como autor de un delito de lavado de activos, en la modalidad de posesión y tenencia, en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. Blanqueaba dinero para una organización dedicada al narcotráfico en barrios de la capital. Su hijo —que vivía en la misma casa en la que fueron encontrados millones de pesos, miles de dólares, una máquina de contar billetes y municiones— fue detenido en el operativo, pero luego liberado. Los dos estaban contratados como asesores por el edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez.
La información más reciente indicaba que Leiva usaba un local de cobranzas de Abitab para mover el dinero sucio. Ese local es propiedad de la esposa del actual director de la Administración Nacional de Puertos y exdiputado Jorge Gandini, líder del sector de Gómez. Gandini dijo esta semana que no tiene “nada que ocultar” y que “no es cierto” que Leiva utilizara ese local para “blanquear dinero”.
El tema despertó preocupación en el sistema político. El Frente Amplio expresó su alarma por el vínculo del lavador con Gómez y también por el posible nexo con Gandini. Desde el Partido Nacional también hubo voces llamando a aclarar el tema.
La discusión, lamentablemente, va a un ritmo veloz hacia la politización y no se detiene en los problemas de fondo. Desde esta página de Búsqueda hemos advertido en reiteradas ocasiones que el financiamiento de la política necesita reglas más claras y mejores controles.
En los últimos meses ha habido otros problemas con el manejo del dinero por parte de los partidos que no están conectados con el crimen organizado, pero reflejan que la falta de controles es grande.
La ley de financiamiento de los partidos exige, desde el año pasado, que el Tribunal de Cuentas (TCR) controle los estados contables de todas las colectividades políticas registradas por la Corte Electoral. El TCR se abstuvo de opinar sobre esos balances porque “no fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos, transacciones y demás revelaciones contenidas en dichos estados, ni aplicar procedimientos alternativos que permitieran sustentar una opinión”.
Por otra parte, en setiembre, el fiscal Gilberto Rodríguez archivó la investigación sobre estafa en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) después de ocho condenas. El fiscal y su equipo habían declarado que la trama podía llegar al Sindicato Único de la Construcción y al Partido Comunista, lo que finalmente no se probó.
El fiscal tomó la decisión a partir de un informe primario de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que señalaba que no existían “indicios claros de ilicitud”, pero sugería profundizar la investigación. La operativa de finanzas comunista no permitía un correcto control, ya que “se desconoce la totalidad de cuentas bancarias” que utiliza y algunas están a nombre de militantes, decía el informe. Para la Senaclaft, era relevante “obtener declaración explícita” en la investigación de las personas físicas que operan cuentas bancarias con las que se hacen transacciones del partido. El fiscal, en lugar de seguir las recomendaciones, archivó.
El dinero sucio, por su naturaleza, es difícil de detectar. Si a eso se suman sistemas de control débiles y una discusión que solo busca poner al “otro” como responsable, el escenario está montado para que la plata del crimen organizado entre a la política, si no lo hizo ya. ¿Cuántas señales de advertencia se necesitan para que los partidos se lo tomen en serio?
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