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Discrepar con las decisiones de fiscales y jueces está dentro de las reglas de juego en un país donde la libertad de expresión es un derecho fundamental; no obstante, las autoridades y figuras públicas deben tener claro que ejercer ese derecho, en su caso, les demanda una responsabilidad mayor
Las reacciones de una parte importante del sistema político ante las decisiones que les son adversas, tanto de fiscales como de jueces, han sido un tanto polémicas durante los últimos años y últimamente han adquirido un tono cada vez más complicado.
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Los cuestionamientos se profundizaron tras el cambio del Código del Proceso Penal, que dio un rol protagónico a los fiscales en la persecución de los delitos. La modificación fue liderada por el entonces fiscal de Corte y actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y aprobada por unanimidad en el Parlamento.
Al igual que había ocurrido durante los gobiernos del Frente Amplio, varios dirigentes de primera línea de la administración pasada han sido muy duros con las decisiones de fiscales cuando fueron contrarias a sus correligionarios. Eso, pese a que algunas de las principales denuncias sobre presunta corrupción, como la extensión del contrato a Katoen Natie, las irregularidades en el Ministerio de Turismo y la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, terminaron archivadas.
El último episodio renueva la preocupación por este tema. A pedido de la fiscal de 2º turno de Mercedes, Stella Alciaturi, la Justicia formalizó la semana pasada al exintendente de Soriano Guillermo Besozzi en el marco de una investigación sobre el uso irregular de dineros públicos en la comuna.
El Directorio del Partido Nacional emitió una declaración el lunes 17 sobre el caso en la que reivindica la presunción de inocencia de Besozzi. Es un principio fundamental que es importante proteger en un Estado de derecho.
El problema es que la autoridad partidaria fue mucho más allá. Acusó, sin presentar pruebas, al trabajo de la Fiscalía de cometer desvíos. Pronto, otros dirigentes blancos atribuyeron todo el “caso Besozzi” —una investigación en la que hay más de 30 personas formalizadas o condenadas— a una operación política.
La Fiscalía es un actor clave en el sistema de Justicia por decisión de todos los partidos. Es muy posible que, a partir de la experiencia de estos años, sea necesario instrumentar cambios en su estructura. Esa es la discusión clave que debe procesar el sistema político. Muy distinto es atacar a cada fiscal que tome una decisión vinculada a un jerarca público o dirigente político. ¿Qué fiscal va a querer investigar un caso que involucre presunta corrupción pública con las señales que reciben?
Si hay sospechas sobre la solidez de las evidencias de la Fiscalía o sobre la idoneidad de las medidas cautelares impuestas, existen mecanismos judiciales —recursos, apelaciones— para plantearlo. No hay que olvidar que, más allá del rol de la Fiscalía, existe un juez de garantías que interviene en el proceso y es quien decide si se formaliza o no la investigación. También es el juez quien autoriza la imposición de medidas cautelares como el arresto domiciliario, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de los imputados, que puede oponerse. Y, por supuesto, existe la instancia del juicio, donde la Fiscalía deberá probar ante un juez la eventual culpabilidad del exintendente y donde sus abogados tendrán la oportunidad de demostrar su inocencia. Todos los partidos hablan de la importancia de apoyar a la Justicia y mejorar el trabajo de la Fiscalía. Y sin embargo, desde octubre de 2021, cuando renunció Díaz, no lograron ponerse de acuerdo para nombrar un fiscal general, lo que deja a la institución en una situación de debilidad.
Discrepar con las decisiones de fiscales y jueces está dentro de las reglas de juego en un país donde la libertad de expresión es un derecho fundamental. No obstante, las autoridades y figuras públicas deben tener claro que ejercer ese derecho, en su caso, les demanda una responsabilidad mayor.
Horadar a instituciones como la Fiscalía en el marco del tiroteo político cotidiano es una estrategia peligrosa. No es el camino para fortalecer a la democracia; por el contrario, puede abrir la puerta a males mayores.
