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    martes 11 de junio de 2024

    Una monstrua

    La prosecretaria de Presidencia redactó los cambios a la Ley de Violencia basada en Género para el proyecto que se presentó al Parlamento el 23 de mayo. Esta argumentó al diario El País que “un montón” de denuncias tardan en resolverse por culpa de las denuncias falsas. Sin embargo, nadie ha presentado datos concretos que den cuenta de ese “montón” de denuncias falsas que interfieren en el “montón” de denuncias verdaderas.

    El estudio que realizó el año pasado la Facultad de Derecho de la Universidad de la República sobre la Ley 19.580 (a pedido de la Cámara de Representantes) menciona que son escasas las situaciones en que se intenta “obtener ventaja de las protecciones que ofrece la ley” y que, cuando esto ocurre, no es protagonizado solo por uno de los géneros. En otros países, las estadísticas muestran que las denuncias falsas son un porcentaje bajísimo del total (en España por ejemplo era el 0,01% en 2022).

    A medida que pasan los días desde que se presentó el proyecto y ante la evidente falta de respuesta a esa pregunta sobre los datos, ya no se esgrime tanto el flojo argumento de que son “un montón” y se pasó a la idea de que en definitiva los números no importan porque esto se trata de personas y no de números.

    Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou, quien presentó el proyecto, afirmó que los cambios propuestos son “de sentido común”. Explicó que solo se presentaron modificaciones en cuatro artículos y dejó en claro que no se pretende “desvirtuar” la ley sino por el contrario “traer más garantías”.

    Casualmente, uno de esos cuatro artículos modificados es el que elimina la obligación del condenado (no del denunciado, sino de aquel que fue efectivamente encontrado culpable) a realizar a la víctima una reparación pecuniaria “por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado” o 12 salarios mínimos en su defecto.

    Como explica el doctor Juan Raúl Williman, este cambio no provoca “consecuencias neutras”, ya que para reclamar la reparación patrimonial ahora la víctima debe iniciar otro proceso judicial por vía civil recién después de alcanzar la sentencia de condena por vía penal. Esto dejaría a las víctimas de violencia de género, además, en una situación peor que a las demás víctimas del sistema, ya que en los otros delitos no hay que esperar hasta tener la condena penal.

    Con esto, el mensaje que estaría dando el Estado es que las víctimas de violencia de género (que según el informe de Facultad de Derecho son en su mayoría personas en situación de alta vulnerabilidad) no son tan importantes de proteger como otras. Entonces, las mayores garantías de las que habla el presidente son en este caso para los condenados por delitos de violencia de género (los violadores, los golpeadores, los abusadores sexuales) porque con la modificación desaparece su obligación de pagar a las víctimas, a menos que estas tengan la fortaleza suficiente de iniciar un nuevo juicio.

    Como explicó la prosecretaria al diario El País, lo que les empujó a abordar este tema fue una protesta que se hizo el 2 de marzo frente al Palacio Legislativo, en la que los manifestantes llevaban carteles que decían “ser hombre no es delito” o “basta de denuncias falsas”, una movida que fue apoyada por algunos integrantes de la coalición de gobierno.

    Sin embargo, otras integrantes del oficialismo como Mónica Bottero o Beatriz Argimón se han manifestado en contra del proyecto. De hecho, sorprende que no se haya consultado a la directora de Inmujeres ni a otras organizaciones expertas en la temática que han visto con preocupación los cambios planteados. La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, por ejemplo, se opuso a las modificaciones y lamentó públicamente no haber sido convocada para la discusión. Mientras tanto, la Asociación de Abogados Penalistas parece estar de parabienes y “celebra y apoya” el proyecto presentado. Es razonable que lo celebre cuando muchos de esos abogados viven de defender a varios de estos condenados que enfrentan el pago de los 12 sueldos.

    En una suspicaz asociación de ideas, alguien escribió en la red social X (antes Twitter) que, de ser efectivamente condenado, Penadés debería pagar a sus víctimas “más de 1 millón de dólares”, precisamente con base en este artículo 80 que se quiere modificar. Quizás sea por eso que hay quienes están usando en redes el hashtag #LeyPenades para referirse al proyecto de ley presentado por el presidente. Muy suspicazmente también, hay quienes ven con sospecha que Lacalle Pou haya presentado este proyecto justo el mismo día que se hicieron públicos los chats entre Penadés y el expresidente del partido Nacional Pablo Iturralde.

    Y en medio de todo este entrevero de tejes y manejes políticos, en lo que yo no puedo dejar de pensar es en la adolescente que denunció haber sido abusada sexualmente en la fiesta de jóvenes del Partido Nacional. La misma que logró constatar con el personal médico de su mutualista la “sospecha de abuso sexual” por las lesiones encontradas en su cuerpo. La misma de la que hablaba Astesiano con el exjerarca policial Jorge Berriel en sus chats de WhatsApp. Exactamente la misma que vio su causa archivada por la amiga de Iturralde, la “monstrua” de Alicia Ghione, por falta de “elementos para seguir con el caso”.

    Y mientras tanto, se siguen llenando la boca con el cuento de las denuncias falsas. Es todo una vergüenza.