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El futuro Presupuesto quinquenal va camino a aprobarse con algunos cambios tributarios, pero sin una revisión a fondo de la eficiencia de los recursos asignados, que son, otra vez, incrementales
Probablemente antes de agotarse los plazos máximos previstos, en pocas semanas el nuevo Presupuesto quinquenal habrá completado el trámite de aprobación para su entrada en vigor en enero del 2026. Si así ocurre, será algo a celebrar por el oficialismo frenteamplista, al haber podido sacar adelante una ley sin contar con mayoría plena en el Parlamento.
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Durante estos meses de tratamiento legislativo, la discusión estuvo centrada fundamentalmente en las propuestas de cambios tributarios —la adaptación doméstica del impuesto mínimo global, las modificaciones al “tax holiday” y el IVA a las compras por encomienda con franquicia aduanera, entre otros— y en los recursos asignados en el Presupuesto, que son incrementales en US$ 240 millones en todo el período sobre la base de lo que ya estaba dado. La expectativa de las autoridades, consideradas demasiado optimistas por algunos analistas, es que habría una disminución progresiva del desequilibrio en las finanzas públicas.
Como en leyes presupuestales anteriores, este proyecto volverá a omitir una revisión profunda del gasto público, como dando por hecho que la línea de base estaba bien asignada. La realidad es que el Estado uruguayo carece de evaluaciones sistemáticas y a fondo de la eficiencia en el uso de los recursos, más allá de algunos avances en décadas recientes para evaluar programas.
Como señaló hace pocas semanas en El País Alberto Barreix, un experto en impuestos y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que introduce el nuevo Presupuesto son, básicamente, “cambios puntuales exclusivos de tributación”, cuando el escenario fiscal que se le presenta al país parece exigir mucho más que eso.
El especialista sostiene que, desde el fin del último ciclo alcista de las materias primas, el aumento de las tasas de interés internacionales, la creciente inestabilidad regional y mundial y un atraso cambiario “persistente”, Uruguay “ha tomado un rumbo fiscal tan parsimonioso como peligroso”.
“Crecimos a un promedio cercano al 1%, con una inversión privada bajísima, a punta de proveerles (a los privados) hasta infraestructura como en las pasteras, contra con un déficit público crónico superior al 4% del PIB y una deuda bruta rondando el 70%. Esta trayectoria va a resultar en un quiebre fiscal que podemos evitar con correcciones de buena calidad en ingresos y gastos”, señala. Y enfatiza: la “hacienda pública” es lo único que la sociedad puede “controlar”.
En ese sentido, para Barreix, se precisa “aggiornar” integralmente la tributación, pero sobre todo el gasto, ya que el Presupuesto quinquenal “aluvional” es un instrumento inadecuado. “Reformas en el gasto por sector basadas en resultados y sobre base cero son perentorias. El pacto fiscal siempre es político y es consecuencia de un objetivo común superior: el futuro de nuestra convivencia democrática”, subraya.
Con este Presupuesto, que regirá hasta el 2030 y ya con otra administración, la ventana de oportunidad para dar esa discusión quedó virtualmente clausurada. Ojalá que, en las instancias de las futuras rendiciones de cuentas, el gobierno y el sistema político todo tomen en consideración que el margen para exprimir con impuestos a ciudadanos y empresas ya es poco, y que lo que corresponde es gastar mucho mejor.
