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Algunos de los compromisos del gobierno fueron reasignados a otros ministerios y otros no reportaron avances
Tras un pedido de informes sobre los avances de las 63 prioridades de gobierno, el senador blanco Martín Lema concluyó que “no aparecen presupuestos, los hitos se esfuman, han sido reducidos, mutilados o sencillamente eliminados”
En la primera reunión de gabinete de este gobierno, cuando estaba por finalizar el primer mes de la presidencia de Yamandú Orsi, el mandatario y sus ministros comunicaron a la opinión pública que había 63 prioridades repartidas entre las distintas carteras y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Era una hoja de ruta que tenía sus mojones, marcos legales, plazos y presupuestos. Un plan ambicioso con casilleros vacíos a ser llenados con obras, proyectos, campañas: compromisos de gobierno.
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En mayo, dos meses después de estos anuncios, hubo otro en ese mismo sentido. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp), Gustavo Leal, afirmaron que los ministerios habían cumplido y presentado sus hojas de ruta con prioridades. Y un mes más tarde, en junio, el senador blanco Martín Lema solicitó oficialmente a cada ministerio la documentación entregada a la Amepp. Y pese a que las hojas de ruta ya habían sido presentadas en la Torre Ejecutiva, 13 de los 14 ministerios pidieron prórroga para responder al pedido del senador. “La sorpresa fue mayúscula”, recordó Lema en diálogo con Búsqueda.
“Se transmitió la idea de que la maquinaria estaba en marcha y que la seriedad estaba garantizada. Pero la realidad les estalló en la cara”, agregó el senador, que además señaló que en estos compromisos había insumos básicos para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto.
Compromisos “mutilados”
Al cierre del segundo semestre del gobierno, Lema ya recibió las respuestas de todos los ministerios. Para el senador, la información que le fue entregada “dista mucho” de los anuncios de Torre Ejecutiva en mayo. “Faltan cronogramas, no aparecen presupuestos, los hitos se esfuman y, peor aún, se constata que algunos compromisos han sido reducidos, mutilados o sencillamente eliminados”, dijo.
Los compromisos de gobierno incluyen un plan de alfabetización en las cárceles, una cartera de viviendas del Estado con alquileres accesibles, más cámaras de videovigilancia y tobilleras, ampliación de la cobertura de escuelas de tiempo completo, tierras para mujeres y jóvenes rurales, un hospital en Ciudad de la Costa, un plan piloto para asegurar a todos los recién nacidos viviendas dignas y vías rápidas para el transporte público en la zona metropolitana de Montevideo.
Según los informes recibidos por Lema, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de siete compromisos anunciados en marzo, la ministra Lucía Etcheverry hace referencia solo a cuatro de ellos. La construcción y puesta en funcionamiento del Hospital de la Costa, que era una prioridad de esta cartera, se transfirió al Ministerio de Salud Pública. El “Plan Maestro de Transporte Público de Pasajeros con alcance nacional y horizonte a 15 años” y la implementación de un “Sistema de transporte multimodal de carga eficiente, con transparencia de los costos y subsidios, y conectado a los desafíos de desarrollo nacional y de la región” no constan más en el listado de los compromisos asumidos. Y por otra parte, se agregó un compromiso más modesto que prioriza algunas obras viales hacia 2030: “Rehabilitación del corredor de la ruta 26, potenciar el desarrollo del corredor de carga de la ruta 2, doble vía de la ruta 11 entre Interbalnearia y ruta 8, mejoras en las accesos a Montevideo”, entre otras.
Para Lema, esto revela “una descoordinación generalizada”, donde se “asignan competencias que ni los ministros saben y cambian de competencia también sin coordinar”.
Al Ministerio de Ambiente se le asignaron dos compromisos. Uno de ellos es la construcción de la represa de Casupá. La respuesta recibida motivó solicitar otro pedido de informes que aún no fue respondido, señaló Lema. Dijo que no quedan claros los costos asociados al “paquete de inversiones para el abastecimiento de agua potable” en el área metropolitana, por lo que solicitó remitir las estimaciones proyectadas para el costo total del proyecto, desglosando e identificando los montos asignados no solo a la construcción de la represa, sino también a las evaluaciones de impacto ambiental, las compensaciones ambientales, las expropiaciones a vecinos, las inversiones en las plantas de potabilización, y a las mejoras en cañerías, entre otros.
“Territorios críticos”
De los nueve compromisos originalmente asignados al Ministerio del Interior, dos fueron reasignados a otras carteras. Uno de ellos, que consiste en una campaña nacional de alfabetización en cárceles, pasó al Ministerio de Educación y Cultura. Otro compromiso, la implementación del Plan más Barrio orientado a la “pacificación y la mejora de la convivencia”, fue trasladado al Ministerio de Vivienda.
“La lógica gubernamental actual estaría diciendo que la seguridad es un tema más de ‘ordenamiento territorial’ que del Ministerio del Interior, y que el know-how para enfrentar la violencia está al alcance de quienes diseñan planos y edifican viviendas”, cuestionó el senador blanco.
Y dijo que la respuesta, cuando preguntó sobre los hitos, cronogramas y presupuestos específicos para este compromiso, fue que el programa “se encuentra en etapa de diseño y priorización de zonas de intervención, a partir de criterios técnicos que consideran concentración de delitos violentos, déficit de infraestructura y vulnerabilidad social”.
Lema se volvió a quejar: “Como si hasta hoy no supiéramos perfectamente cuáles son esos territorios críticos”. Y añadió que la “gran incógnita” es “¿cómo pretende este ministerio implementar las ‘acciones de seguridad y convivencia’ que incluyen nada menos que policía comunitaria, patrullaje preventivo, control de armas y videovigilancia? Francamente, no queda claro qué mecanismo tiene Vivienda para manejar la compleja, delicada y especializada tarea de garantizar seguridad y convivencia en zonas con altos índices de violencia”, afirmó.
El senador dijo que estos “no son casos aislados”, sino “síntomas de una forma de gobernar donde los compromisos de campaña se desvanecen en el aire y donde la improvisación reemplaza a la seriedad prometida”. “Lo más preocupante no es solo la desaparición de promesas específicas, sino el trasfondo político: un gobierno que hizo de la pobreza infantil su estandarte, que usó esa bandera como llave de acceso al poder, y que hoy ni siquiera ha reglamentado la ley Lustemberg”, opinó, en referencia a la norma aprobada en el período pasado a impulso de la actual ministra de Salud, Cristina Lustemberg, para dar más competencia al Ministerio de Economía en el monitoreo de las inversiones en infancia, y que fue una de las herramientas proclamadas por el oficialismo como “clave” para tratar la problemática de la niñez.
“La pregunta que queda flotando es sencilla: ¿qué pasó con las promesas? De los anuncios rimbombantes a la nada misma”, concluyó Lema.
