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Cancillería declara reservadas las comunicaciones entre los gobiernos de Jorge Batlle y George Bush
El Ministerio de Relaciones Exteriores bloquea hasta 2040 el acceso a los intercambios con EE.UU., incluidos aquellos vinculados a la salida a la crisis del 2002 y también otros sobre la invasión a Irak, porque su difusión provocaría un “riesgo” diplomático y “daño cierto a la confianza” en el país
Entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo
El Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió declarar como reservada por un plazo de 15 años la información vinculada a la coordinación de reuniones y comunicaciones entre los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos (EE.UU.) entre los años 2000 y 2005, así como a los intercambios diplomáticos relacionados con las operaciones militares en Irak en 2003.
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La decisión, firmada por el canciller Mario Lubetkin, responde a una solicitud de acceso a la información pública presentada por Búsqueda el 3 de marzo a través del Sistema de Acceso a la Información Pública.
La solicitud abarcaba tres puntos principales: información sobre la “coordinación de reuniones entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, comunicaciones entre ambos países en el período 2000-2005 y comunicaciones específicas entre la Embajada de Uruguay en Reino Unido y la Cancillería relativas a las operaciones militares en Irak en 2003”.
Tras realizar las consultas con los servicios de la secretaría de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió una resolución ministerial que dispone la reserva de la totalidad de la información solicitada. Los artículos 8° y 9° de la Ley 18.381 habilitan a calificar cierta información como reservada de forma excepcional, en el momento mismo de ser recibida o producida, cuando su difusión pudiere “menoscabar la conducción de las negociaciones o el buen fin de las relaciones internacionales”. Además, la resolución menciona el análisis efectuado conforme al artículo 25 del decreto 232/010 de 2 de agosto de 2010, que regula el acceso a la solicitud de referencia y la divulgación de las comunicaciones solicitadas.
Mario-Lubetkin.jpg
Canciller Mario Lubetkin
Javier Calvelo / adhocFOTOS
El ministerio considera que “la documentación objeto de la consulta, analizada pormenorizadamente, surge de los archivos de la secretaría de Estado y refiere a temas y hechos de alta sensibilidad”. Según la fundamentación de la resolución, su divulgación aparejaría “un riesgo claro y específico” a “un interés público protegido”, ya que menoscabaría la “conducción de las negociaciones y de las relaciones internacionales”.
Argumenta que la difusión de esta información “aparejaría un daño cierto a la confianza y reserva que la naturaleza de las relaciones diplomáticas” supone. Esto, a su vez, podría “repercutir negativamente sobre el relacionamiento bilateral de Uruguay con otros Estados y su posición en la escena multilateral”. En específico, señala que la difusión de correspondencias e información vinculada a la coordinación de reuniones bilaterales reservadas con otros Estados “afectaría el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones colaborativas” de Uruguay, particularmente con EE.UU. e Inglaterra.
La Cancillería advierte que también podría afectar a otros Estados y podría incluso derivar “en fricciones en las relaciones diplomáticas” y causar “diversos inconvenientes” tanto en el intercambio comercial como en la “frustración de futuras negociaciones”.
La información permanecerá clasificada hasta 2040.
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George W. Bush saluda a Jorge Batlle en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 23 de abril de 2003 en Washington, D.C.
AFP
Batlle y Bush: de la crisis económica a Irak
Durante su presidencia (2000-2005), Jorge Batlle mantuvo una relación de colaboración cercana con el entonces presidente de EE.UU., George W. Bush, vínculo que cobró especial relevancia en dos momentos clave: la crisis financiera de Uruguay en 2002 y la guerra en Irak en 2003.
En medio de la grave crisis económica de 2002 —marcada por una corrida bancaria, la devaluación del peso y el riesgo inminente de default— Batlle recurrió a Washington en busca de apoyo. La respuesta de la administración Bush fue decisiva: un préstamo “puente” por 1.500 millones de dólares permitió contener el colapso financiero. Este respaldo selló una alianza estratégica, impulsada también por la afinidad ideológica del gobierno uruguayo con EE.UU.
La sintonía entre ambos mandatarios se mantuvo tras la crisis. En abril de 2003, un mes después del inicio de la invasión a Irak, Batlle visitó a Bush en la Casa Blanca. Aunque el gobierno uruguayo había expresado su preocupación por el inicio de la guerra en una declaración oficial emitida el 20 de marzo, Batlle sostuvo que el conflicto requería una salida política y un compromiso internacional con la asistencia humanitaria, según consta en el archivo presidencial.
Estados Unidos justificó la invasión a Irak, en parte, porque supuestamente el régimen de Sadam Huseín poseía de armas de destrucción masiva, argumento que más tarde se probó que no era cierto. En ese contexto, el gobierno británico llegó a plantear a Uruguay la posibilidad de enviar personal militar para colaborar en la reconstrucción del país, según informó El País en 2003.
La decisión de la Cancillería ocurrió semanas antes de que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, encabezara la primera mesa de diálogo para la creación del sexto Plan Nacional de Gobierno Abierto. Esta iniciativa, que involucra a actores públicos y de la sociedad civil, la academia y el sector privado, fue destacada por Díaz, quien recalcó que la transparencia es “un tema innegociable” y una “cuestión de principios” para el gobierno actual, incluso si eso implica “quedar algunas veces con la cola al aire”.
Embed - Palabras del prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz
El jerarca enfatizó la conexión entre transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y respuesta a la ciudadanía. Asimismo, señaló que en la administración pública existe una “tradición de la cultura de la opacidad” que es necesario modificar y consideró la elaboración del Plan Nacional de Gobierno Abierto como un “enorme compromiso”.
“Tenemos una tradición de la cultura de la opacidad, sobre todo en la administración pública. En general, las diferentes organizaciones estatales tienen como primera medida el parate. A mí me toca contestar los pedidos de acceso a la información pública en Presidencia. La primera reacción es a no dar la información, o ver por qué me están pidiendo, ver el cangrejo que está abajo de la piedra”, admitió Díaz.
