Cardama: el FA plantea que el Parlamento investigue responsabilidades del anterior gobierno y la oposición habla de “plan maquiavélico”

Desde el oficialismo respondieron con un enumeración detallada de las “irregularidades” cometidas por el gobierno anterior, tanto en el proceso de selección de Cardama como en la tramitación de la garantía de fiel cumplimiento, que tiene indicios de ser fraudulenta. La ministra Lazo insistió en que la motivación del gobierno es defender los intereses y los recursos del Estado uruguayo frente a una clara “estafa” y, ante el “histrionismo” del senador interpelante, cuestionó las formas más propias de un “reality show” que del Parlamento.

Además, los legisladores de la coalición presentaron otra moción, que solo tuvo los votos de la oposición, que propuso que una comisión parlamentaria, integrada por cuatro senadores, se incorpore al equipo que negocia con la empresa Cardama para asegurar que esas negociaciones no deriven en perjuicios patrimoniales para el Estado ni en eventuales reclamos o litigios judiciales.

Ese texto fue objeto de negociaciones en un cuarto intermedio que pausó la interpelación a mitad de la tarde. Es que el senador colorado Pedro Bordaberry, que en su intervención citó el fragmento “los hermanos sean unidos” del poema Martín Fierro de José Hernández, intentó que se emitiera una declaración conjunta entre los partidos del oficialismo y la oposición, respaldando la creación de la comisión. Pero en la bancada del FA rechazaron de plano esa posibilidad porque entienden que las negociaciones con Cardama son resorte del Poder Ejecutivo, según comentaron legisladores oficialistas a Búsqueda. Además, en el FA no había interés en que la interpelación terminara con una declaración conciliadora ante una situación que las actuales autoridades describen como un “escándalo”.

“No dejen que los gobierne Rasputín”

Buena parte de la interpelación de García se centró en atribuir al gobierno actual la intencionalidad “política” de boicotear el contrato con Cardama y subrayar el “riesgo” de que Uruguay enfrente una demanda internacional por parte de la empresa española. El senador evitó referirse a las irregularidades en la garantía aceptada para poner en marcha el contrato —como que la institución que la otorgó, EuroCommerce, es una empresa de papel y que parte de la documentación presentada fue, presuntamente, falsificada— y, por el contrario, cuestionó que el gobierno deje al país sin patrullas para vigilar su territorio marítimo ante el avance del narcotráfico.

También hizo varias referencia a las “filtraciones” de información a medios como M24 —radio vinculada al sector mayoritario del FA, el Movimiento de Participación Popular, que está embarcada en un proceso de venta que implicó el despido de sus trabajadores.

Aseguró que hubo “presiones políticas” para que Cardama tuviera dificultades para conseguir una garantía de Abitab y cuestionó que se conocieran públicamente los resultados de una investigación administrativa en Defensa —informados por la diaria en la mañana del miércoles— cuando la ministra Lazo aseguró que aún el procedimiento no había terminado.

“No dejen que los gobierne Rasputín”, dijo, en referencia al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien el día de la conferencia estuvo junto al presidente Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para anunciar la decisión de rescindir el contrato. García se “solidarizó” con Lazo porque, a su entender, “no la dejaron estar” en la conferencia y la “mandaron para la platea”.

El senador también cuestionó al gobierno por supuestamente llevar adelante “pesquisas ilegales” y dejar el mar “sin seguridad para que nos roben la riqueza”, y reprochó que “en 15 años de gobierno” el FA no adquiriera las patrullas necesarias.

Una “flagrante y burda” estafa

Lazo replicó que el gobierno se encontró con una “flagrante y burda” estafa contra el Estado y que no podía “mirar para el costado”. Cuestionó a García por querer “desviar el foco de atención” y repasó la cronología de “dislates” y “decisiones arbitrarias” que condujeron a la firma del contrato con Cardama y a la aceptación de una garantía defectuosa.

“Todo el entramado revela acciones de naturaleza fraudulenta”, aseguró.

La ministra detalló que minutos antes de la conferencia el gobierno recibió un correo de Cardama con una supuesta renovación de la garantía vencida, que, de acuerdo a una pericia del Ministerio del Interior, fue falsificada, tal como adelantó Búsqueda en la mañana del miércoles. “Nuevamente se intentó engañar al Estado uruguayo”.

Por otra parte, la ministra describió que se detectaron varios problemas en el buque que está construyendo Cardama, y por el cual el Estado ya pagó el 70% del precio, unos 28,7 millones de euros. “El avance del proyecto está plagado de irregularidades técnicas muy serias” y “hay un grosero y claro incumplimiento en la construcción de los buques que ya anticipan prever razonablemente el incumplimiento del contrato”, afirmó.

Interpelación-Lazo

La ministra aseguró que el gobierno está trabajando “arduamente” para “satisfacer la urgente necesidad de contar con los buques para vigilar las aguas nacionales”, aunque no dio detalles sobre las tratativas con Cardama ni sobre la estrategia del gobierno.

Consultada por García sobre si el gobierno tenía un “plan b” para hacerse de patrullas oceánicas, Lazo respondió que “no hay plan b”. “El plan sigue siendo el plan a. El único plan que tenemos es tener patrullas oceánicas”. También fue consultada sobre si había recibido una propuesta de mediación del abogado Gonzalo Fernández, representante de Cardama. La ministra dijo que mantuvo una reunión en Presidencia con Fernández el 17 de noviembre, pero que lo tratado en ese encuentro quedaba “dentro de la confidencialidad del contrato”.

Ante la insistencia del senador interpelante para que diera información sobre la situación actual del contrato, Lazo dijo que “al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato”, porque se trata de un “proceso complejo”. Las cosas “no son blancas o negras”, añadió.

El “miedo” a Lacalle Pou

“¡Entonces el objeto de la interpelación se terminó, c'est fini!”, exclamó en respuesta el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva. Para el legislador, luego de que el presidente “sacara pecho en horario central” anunciando “que va a rescindir el contrato”, la ministra dice “no una, sino tres veces: ‘no sabemos qué vamos a hacer’” con el contrato. Calificó la situación de “hazmerreír”.

Por su parte, el nacionalista Martín Lema afirmó que el FA no tiene “autoridad moral” para agraviar a la administración anterior y aseguró que el gobierno sostiene “una estrategia destructiva de mala fe” y que “quedó claro que la motivación es política”. Cuestionó la “puesta en escena” de la conferencia del 22 de octubre y afirmó que el presidente Orsi “ha sido maleable a operaciones políticas”.

En su intervención, Bordaberry pidió procurar “que se minimicen los riesgo de erogaciones para el país” y subrayó que todos los senadores estaban de acuerdo en que el país necesita patrulleras oceánicas.

Admitió que la garantía “es sospechosa”, pero dijo que todos la dieron por válida, tanto el gobierno anterior como el actual, que habilitó uno de los pagos al astillero. “Tenemos una linda oportunidad de mostrarnos juntos defendiendo los intereses superiores de Uruguay, sin pelearnos“, planteó.

Lazo-Interpelación-Parlamento

El frenteamplista Nicolás Viera calificó el informe de Lazo como “lapidario” y planteó que el “origen del problema” es quién “trajo a Cardama”. “Le dimos a un quiosquito del barrio un permiso para que sea operador logístico de una zona franca”, ejemplificó Daniel Caggiani en referencia a la falta de experiencia y solvencia del astillero español.

Caggiani reprochó que ningún integrante de las anteriores autoridades o del Senado del Partido Nacional “reconozca este gran desastre”. “Uno se puede equivocar cuando gobierna, pero cuando uno no reconoce los errores, o los está avalado o los está ocultando. Yo entiendo y los hechos no van demostrando que acá no hubo negligencia. Aquí hubo otra cosa, y lamentablemente hoy nos vamos con muchas más dudas”.

Minutos antes, en una conferencia de prensa de los senadores del FA, junto con Lazo, Caggiani calificó el episodio como “uno de los mayores fraudes de la historia de Uruguay”.

Después de la rueda de prensa del oficialismo, hicieron lo mismo los legisladores de la coalición. García remarcó que la ministra había dicho que el contrato “está vigente” e insistió con que se trataba de un “plan maquiavélico”. Cuando terminó la conferencia, la nacionalista Graciela Bianchi le respondió a un periodista que había preguntado cuál era la motivación “política” detrás de la rescisión del contrato: “Es pegarle a Lacalle Pou”.

Al retornar la sesión tras las ruedas de prensa, García repitió la mención al expresidente blanco. “Es el miedo político que le tienen al presidente Luis Lacalle Pou”. Sin explicitarlo, los senadores vincularon la polémica en torno a Cardama a un eventual perjuicio a la figura del líder de la coalición republicana, posible candidato en las elecciones de 2029.