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Con el Presupuesto planteado por el gobierno será “imposible” que la “junta anticorrupción” funcione en 2026
La Jutep está retrasada en la publicación de las declaraciones juradas de funcionarios de primera línea y tiene una sola funcionaria asignada al tema
Las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública fueron recibidas por la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.
Las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) advirtieron en el Parlamento que los fondos que les asignó el Poder Ejecutivo en el proyecto de Ley de Presupuesto harían “imposible el funcionamiento” del principal órgano anticorrupción a partir del 2026.
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Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, y su vicepresidente, Alfredo Asti, ambos designados por el Frente Amplio, solicitaron a los diputados que reasignen fondos del Presupuesto para que el organismo pueda funcionar.
Asti detalló que no solo no recibieron los $ 16 millones que le solicitaron al Poder Ejecutivo durante la negociación, sino que perdieron “casi $ 2 millones”. Si se aprueba el proyecto de Presupuesto sin cambios, será “imposible el funcionamiento durante el año 2026”, añadió. “Este año 2025 nuestro funcionamiento ya supera lo que se nos otorgó para el año 2026”.
“Lo más sorpresivo para nosotros es que, si bien se nos mantuvo la línea de base del Presupuesto 2025, en lo que tiene que ver con el rubro 0, en el rubro funcionamiento se nos bajaron $ 4 millones. Solo habíamos pedido un aumento de $ 2,5 millones y la respuesta fue bajar $ 4 millones lo que teníamos solicitado”, sostuvo el vicepresidente y exdiputado frenteamplista.
Ferraris advirtió que la junta tiene solo 12 funcionarios, lo que impide cumplir con las tareas que le asigna la ley en el combate a la corrupción. De hecho, no ha aplicado la norma que la obliga a analizar una parte de las declaraciones juradas de funcionarios públicos que recibe.
Desde que conoció el contenido del proyecto, la presidenta de la Jutep sabía que tendría que ir al Parlamento a pelear por una reasignación de recursos. En una entrevista con Búsqueda, Ferraris había dicho que el dinero que recibiría el organismo no era consistente con una promesa electoral: que “gobierne la honestidad”.
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Alfredo Asti.
La prioridad y la subejecución
Tras la intervención de la delegación de la Jutep, los legisladores de la oposición cuestionaron el proyecto de Presupuesto del gobierno, mientras que desde el oficialismo hubo un planteo de intentar contemplar aunque sea parte del pedido.
El diputado Gabriel Gurméndez (Partido Colorado) dijo que todos coincidían en que la junta “es una institución muy relevante a los efectos del combate de la corrupción y de la transparencia en el gobierno”, pero eso no se reflejaba en el proyecto presupuestal y, por lo tanto, no era una prioridad del Poder Ejecutivo.
Pablo Abdala (Partido Nacional) recordó las declaraciones de Ferraris a Búsqueda y retomó lo que minutos antes había dicho Asti acerca de la imposibilidad de la Jutep de funcionar en 2026. “Creo que estamos constatando o registrando un nuevo problema que esta comisión va a tener que resolver, que se suma a otros de similar tenor, vinculados con los entes de enseñanza, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial”, dijo. Y añadió después: “Todos sabemos que este es un órgano particularmente sensible y necesario a los efectos de la consolidación y del sostenimiento institucional de la República y de nuestra condición de democracia plena, que sin ninguna duda está asociada a una condición que todos reconocemos, pero también reconocemos que debemos trabajar para su mantenimiento todos los días, que son los bajos niveles de corrupción que tenemos en el Uruguay, pero no nulos”.
Si bien compartía las críticas del resto, el diputado colorado Horacio de Brum sostuvo que los partidos que ahora están en la oposición eran en parte responsables de la situación. “Si se quiere combatir la corrupción y darle las herramientas mínimas a la Jutep para que el Código de Ética en la Función Pública sea respetado y llevado adelante, evidentemente, ¡todos los gobiernos han fracasado!”, dijo.
El legislador frenteamplista Alejandro Zavala, el único oficialista en tomar la palabra, destacó la importancia de apoyar a la Jutep, pero discrepó en las críticas al Presupuesto. Recordó que la junta ejecutó menos del 70% de los fondos disponibles en 2024 y que la ejecución presupuestal de ese año era la “línea de base” para elaborar el proyecto de ley. “Digo esto solo para hacer honor a la verdad, porque estamos hablando de casi US$ 500.000 de subejecución, cuando el incremento que se pide es menor a US$ 500.000”, explicó. “No digo que con esto se salve la discusión ni la necesidad de la Jutep, pero quiero hacer esta aclaración porque parecería, por algunas intervenciones, que nosotros tenemos una política prácticamente criminal con sus créditos”.
Zavala repitió la idea de De Brum en cuanto a que todos en el sistema político eran responsables de la precariedad presupuestal de la Jutep y también de cómo encarar el tema hacia adelante.
Más de 1.000 declaraciones sin publicar
El diputado Gurméndez aprovechó la visita de la junta para preguntar por qué no estaban publicadas en su web las declaraciones juradas de decenas de funcionarios públicos, una exigencia de la “ley cristal”.
“Llama mucho la atención, francamente, que un organismo que tiene esta principal obligación de transparencia y que es importante frente a los ciudadanos, particularmente, de quienes tenemos las responsabilidades políticas para que, de alguna manera, esa transparencia sea conocida y accesible por todos, que no se haya publicado la declaración jurada de un solo jerarca de este gobierno ni de un solo legislador ni de los miembros de los entes autónomos, etcétera”, criticó.
La funcionaria de la Jutep del Área de Declaraciones Juradas, Pamela Olivera, aseguró que hay varias declaraciones ya publicadas, entre ellas, las que corresponden al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la Corte Electoral, al Tribunal de Cuentas, al Poder Judicial y a algunos entes. Explicó que todos los años deben publicar unas 600 declaraciones, pero que en el período pasado ese proceso sufrió retrasos y que ahora tienen mucho trabajo acumulado.
“El problema aquí es que tenemos solamente una funcionaria para hacer esta tarea y, de 1.600 declaraciones juradas que tenemos pendientes para publicar en el año 2025, ya llevamos publicadas 800”, dijo.