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Declararon 11 testigos en la primera audiencia por la demanda laboral de Martina Casás a Marea Frenteamplista
El sector rechaza que existiera "asimetría de poder" entre la exdiputada suplente y Gustavo Olmos, acusado de acoso; argumenta que ella sabe artes marciales
Martina Casás
FOTO
Laura Nicola/Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay/adhocFOTOS
En una audiencia que se extendió durante siete horas, el miércoles 9 se inició el proceso laboral que Martina Casás impulsó el año pasado contra el diputado Gustavo Olmos, a quien denunció por presunto acoso sexual en el sector que ambos compartían, Marea Frenteamplista. La exdiputada suplente reclama unos $ 900.000 como indemnización, en el marco de la Ley 18.561. En paralelo, también presentó una denuncia penal por el caso.
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El año pasado, cuando tomó conocimiento de la denuncia, Fuerza Renovadora, grupo al que pertenece Marea, decidió elevar el caso al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA), que laudó el tema a favor de Olmos, al considerar que no estaba comprobado que hubiera existido acoso sexual. El Plenario del Frente Amplio resolvió en marzo respaldar la conclusión del tribunal, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar la resolución si había novedades en los ámbitos judiciales.
La primera audiencia de la denuncia laboral se llevó a cabo en el Juzgado Letrado de Trabajo de 18º turno. Comparecieron 11 testigos, de los cuales siete fueron propuestos por Casás. En su mayoría, las declaraciones giraron en torno al vínculo laboral que mantenían ambos. Otros testimonios se refirieron al proceso por el que Casás fue develando lo que sucedía. Una testigo contó una “situación puntual” en la que se evidenció el rechazo de la denunciante a Olmos.
Los testigos propuestos por Marea Frenteamplista, en tanto, cuestionaron la calidad de asesora de Casás y contaron que el ambiente de trabajo era bueno.
Entre los testigos que comparecieron por parte de Marea Frenteamplista, asesorado por la abogada Marina Morelli, estuvieron la senadora Liliam Kechichian, el economista Martín Vallcorba y el expresidente del Banco República Jorge Polgar. De parte de Casás, que es asesorada por el abogado Juan Raúl Williman, asistieron la diputada comunista Micaela Melgar, la diputada suplente Dayana Pérez Fornelli y la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio, Patricia González.
El 30 de octubre habrá una nueva audiencia en la que declararán más testigos propuestos por el sector. También está pendiente una pericia y otras diligencias.
Búsqueda accedió a parte de la respuesta de Marea Frenteamplista a la demanda de Casás. El sector rechazó el reclamo y alegó, entre otros puntos, que no había “asimetría de poder” entre ambos legisladores.
En relación con la “supuesta asimetría de poder y desigualdad relacional manifiesta” que planteó Casás, el sector sostuvo que se hace un “uso indebido de conceptos como diferencia de edad y altura física”, que entiende solo son útiles “en el análisis de la violencia sexual con niños y adolescentes”.
“No estamos en una sede penal, el acoso sexual en el ámbito laboral no constituye delito y la señora Martina Casás no es una niña ni una adolescente”, sostuvo el sector.
En referencia a la “desigualdad relacional”, Marea afirmó en su escrito ante la Justicia que el planteo está “descontextualizado de la realidad” y argumentó que Casás “practica el arte marcial aikido, que deriva del uso de las armas tradicionales orientado a la defensa personal y la lucha cuerpo a cuerpo”. En cambio, el acusado, Olmos “tiene un acortamiento de la pierna izquierda” a consecuencia de un accidente de tránsito, “renguea al caminar y usa un sobretaco para mantener el equilibrio”.
El escrito niega que existiera una relación laboral entre la exdiputada y el sector. Como parte de su fundamento, enumeró situaciones en las que, a juicio de Marea, ella no actuó de forma adecuada y hubieran ameritado una sanción si efectivamente existiera un vínculo laboral. Por ejemplo, cuando publicó desde el despacho del Parlamento una historia en su perfil de Instagram en la que nombró una marca de zapatillas que le obsequió un canje. “Fue muy evidente para algunos que (Casás) mostró una concepción de la política partidaria que la comenzaba a alejar de nuestros valores”.
También relató como problemática la visita de Casás a un Comité de Base —para la cual “sorpresivamente solicitó chofer y vehículo”—, donde, una vez en el sitio, “se puso a cantar”. Esto se alejó del objetivo de “rescatar el valor de la militancia de base e intercambiar con compañeros y compañeras”, planteó Marea. “El espectáculo artístico nada tenía que ver con lo coordinado previamente, pero confiamos que hubo buenas razones para ir a cantar, aunque las desconocíamos”. Su conducta “no fue sancionada, como seguramente habría ocurrido si se tratara de una relación laboral donde se ordena una tarea y se realiza otra a libre elección de la trabajadora”.
En el escrito se planteó que, dado que la diputada suplente estaba haciendo “su primera experiencia” en ámbitos políticos, se buscó dialogar con ella, pero no “siempre se mostraba dispuesta a ello”.
La respuesta de Marea contiene decenas de páginas en las que también se refutan otros puntos del reclamo de Casás, entre ellos el presunto vínculo laboral y económico.