Parte del origen de las discrepancias es heredado. Durante la administración de Luis Lacalle Pou, el BCU centralizó en la Superintendencia la supervisión de los sujetos obligados financieros a reportar operaciones sospechosas, tarea que antes estaba en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Y si bien tiene esa tarea, el titular de la Superintendencia, Juan Pedro Cantero, transmitió en varias reuniones sobre lavado que su misión principal es la “estabilidad” del sector financiero.
Los resultados prácticos de ese nuevo organigrama fueron cuestionados por el consultor Alejandro Montesdeoca, contratado por el gobierno anterior para elaborar una evaluación nacional y proponer una estrategia de mejora del combate al lavado, por considerar que empeoró el contralor que ejerce el Central. Jerarcas de la actual administración parecen compartir esa mirada.
Alejandro Montesdeoca y Jorge Diaz
Consultor Alejandro Montesdeoca presenta la estrategia nacional para el combate al lavado de activos, acompañado por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y la titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, sostuvo a fines de julio, durante su participación en la Comisión Especial de Seguimiento al Lavado de Activos, que el gobierno “probablemente” propondría modificar la Carta Orgánica del BCU para que la UIAF, “por lo menos, tenga la misma jerarquía que la ‘Super’ de Bancos”. Añadió que desde el 1 de marzo le estaban “insistiendo” al presidente del BCU, Guillermo Tolosa, que nombraran a un nuevo titular de la UIAF, cargo vacante desde diciembre, y agregó que el llamado a aspirantes fue lanzado recién dos semanas antes de su visita al Parlamento.
“No se trata solamente del problema del gerente, sino también de la cantidad de funcionarios y de la ubicación institucional de la UIAF dentro del Banco, que, vuelvo a repetir, si bien competentemente tiene muchas potestades, de alguna manera estar por debajo de la ‘Super’ de bancos le acota el perímetro de actuación”, detalló Díaz, quien había sido convocado para explicar el contenido del proyecto de modificación de la ley antilavado.
No solo ocurre que el Poder Ejecutivo no envió todavía la propuesta de cambiar de lugar a la UIAF, sino que además el BCU logró que el MEF incorporara en el proyecto de Presupuesto modificaciones que tomaron por sorpresa a la Senaclaft.
Sin riesgo de lavado
El artículo 690 del proyecto de Presupuesto, de aprobarse en su redacción actual, modificaría el artículo 37 de la Carta Orgánica del BCU, en el que se listan las “entidades supervisadas” por el organismo.
El literal b del artículo vigente dice que entran dentro de ese criterio “entidades que presten servicios financieros de cambio, transferencias domésticas y al exterior, servicios de pago y cobranzas, servicios de cofres, créditos y otras de similar naturaleza, exceptuando a las reservadas a las instituciones de intermediación financiera”. La versión propuesta en el proyecto de Presupuesto elimina a los cambios y a los servicios de cofres.
En una resolución con la que aprobó el anteproyecto que envió al MEF para que incorporara los cambios en el Presupuesto, el BCU fundamentó sus ideas.
“La razón de ser de estas propuestas de modificación es el impacto marginal de su supervisión y regulación en lo que respecta a la estabilidad y solvencia del sistema financiero nacional, por contrapartida a los elevados costos que significan para este Banco Central y fundamentalmente para la Superintendencia de Servicios Financieros el cumplimiento de sus potestades legales de regulación y fiscalización sobre estas entidades”, dice el texto que obtuvo Búsqueda.
En cuanto a las empresas que prestan servicios de cofres y las casas de cambio, las actividades por las que son reguladas por el BCU “no implican riesgo de lavado de dinero”, dice la resolución. Agrega que guardar en cofres fort “no comprende en ningún caso el ingreso del dinero o los valores al circuito del sistema financiero”, mientras que, en el caso de las casas de cambio, “la compraventa de moneda extranjera, incluido el arbitraje, no implica la modificación de la tenencia de dinero en efectivo y no hay ingreso del mismo al sistema financiero”.
Las actividades que hasta ahora hacen las casas de cambio que sí necesitarían “fiscalización por riesgo de lavado” y para las que necesitarían licencia serían las de “transferencias de fondos o prestador de servicios de pagos y cobranzas”.
“La prevista eliminación de las casas de cambio y de las empresas de servicios de cofre como entidades sujetas a la regulación y supervisión de la Superintendencia de Servicios Financieros se enmarca también en el análisis y en la reconsideración del perímetro regulatorio de la Superintendencia, haciendo hincapié en la estabilidad, solvencia y desarrollo del sistema financiero y la mejor readecuación de recursos”, insiste la resolución.
Libonatti
Titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti.
La sorpresa
Cuando en la Senaclaft se dieron cuenta de los cambios propuestos en el Presupuesto, el miércoles 10, casi dos semanas después de que el proyecto ingresara al Parlamento, solicitaron una reunión en la Presidencia de la República para detener la modificación, informó Búsqueda.
En la “secretaría antilavado” estaban al tanto de la mirada de la Superintendencia sobre su rol en el combate al lavado —secundario, en relación con asegurar la “estabilidad” del sistema financiero—, pero no sabían que iban a incluir esa propuesta en el Presupuesto, según los informantes. De hecho, en el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento en junio para actualizar la norma antilavado no había ninguna propuesta de revisar el control sobre las casas de cambio.
A la Senaclaft le preocupa que una decisión como la propuesta afecte la posición de Uruguay ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad intergubernamental sobre el combate al lavado de activos. Al respecto, el estudio Brum & Costa emitió un comunicado en el que advierte que el GAFI “incluye las operaciones de cambio dentro de las actividades comprendidas en la definición de instituciones financieras, recomendando su regulación y supervisión en materia antilavado”.
Las fuentes consultadas recordaron que casas de cambio y cofres fort han sido parte de esquemas de lavado detectados por las autoridades, en varios casos de alto perfil, en los últimos años.
La “armonización”
Las modificaciones propuestas fueron abordadas el jueves 11 en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando asistió una delegación del MEF. Ante las consultas de los senadores Daniel Caggiani (Frente Amplio) y Robert Silva (Partido Colorado), el subsecretario Martín Vallcorba dijo que “el espíritu nunca fue excluir a las casas de cambio como sujetos obligados” de reportar operaciones sospechosas.
“Uno de los problemas es que las casas de cambio, desde el punto de vista de la lógica de la regulación y supervisión financiera, no tienen ningún fundamento para su regulación”, pero “sí tienen ese fundamento desde el punto de vista de las actividades de lavado”, dijo Vallcorba. La resolución del BCU, no obstante, fundamentaba las modificaciones por entender que el cambio de moneda no era una actividad de lavado.
El subsecretario se comprometió a trabajar con el BCU y la Senaclaft para “armonizar” las propuestas enviadas al Parlamento y “buscar una solución que no debilite los mecanismos de control del lavado y, al mismo tiempo, no facilite que las instituciones utilicen la chapa de instituciones reguladas por el Banco Central cuando en realidad se trata de un mero registro”.
Esa armonización implicará, en los hechos, modificar el articulado del Presupuesto para que sea consistente con el proyecto sobre lavado enviado en junio, según las fuentes del oficialismo. Esto implicaría, añadieron, mantener bajo control del BCU a las casas de cambio y los cofres fort.
