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La Corte Electoral es una “garantía” democrática, pero enfrenta desafíos tecnológicos y presupuestales
Un artículo académico sostiene que la credencial cívica fue “un mecanismo de avanzada” que ya no tiene sentido, y que el voto en el exterior representaría un desafío adicional para la Corte
Preparativos de las elecciones nacionales en la Corte Electoral.
El proceso electoral nacional se desarrolló sin mayores sobresaltos. No fue una anomalía en el país, pero sí lo es en la región: Uruguay es de los pocos en Latinoamérica cuya población confía en la limpieza de las elecciones. La permanencia de esa fortaleza, sin embargo, está en riesgo si el sistema político no ayuda a la Corte Electoral a enfrentar desafíos tecnológicos y presupuestales, según un artículo publicado en la Revista Uruguaya de Ciencia Política, llamado “La Corte Electoral de Uruguay: origen, evolución, fortalezas y desafíos”, de los politólogos Antonio Cardarello y Alfonso Castiglia.
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Mientras que menos de la mitad de los latinoamericanos confía en la limpieza de sus actos eleccionarios, en países como Uruguay, Costa Rica y Chile, las elecciones “inspiran mayor confianza”. Esto, dicen los autores, “se relaciona con la confianza en las instituciones políticas, ya que cuando es alta, también lo es en los organismos electorales”. El ranking de confianza electoral del último Latinobarómetro, publicado en diciembre del año pasado, tiene como líder a Uruguay con 81% de confianza, y como colista a Colombia, con tan solo 22%.
El trabajo de Cardarello y Castiglia también cita un informe del Barómetro de las Américas de 2022, que marca que Uruguay es el país en el que más personas (75%) creen que sus votos se cuentan correctamente. El 21% piensa que “algunas veces” los votos se cuentan correctamente y solo el 4% que eso “nunca” sucede. Es en el continente, junto con Chile, el único país en el que la mayoría de las personas cree que los votos se cuentan bien. El informe de 2024 del Latinobarómetro ratifica esa tendencia y muestra que la institución electoral de Uruguay es, junto con la de Chile, la que mayor confianza genera en su país, con 60%.
Un pilar de esa confianza, según el artículo académico, ha sido el rol que ha tenido la Corte Electoral en los procesos eleccionarios uruguayos, un órgano que actualmente tiene jerarquía constitucional y también está fundamentado por leyes electorales del país, “lo que le confiere autoridad y credibilidad”. Esto se suma además a que “goza de la confianza del conjunto del sistema político y de la ciudadanía uruguaya”, lo que “redunda en fortalecer la legitimidad del proceso electoral y garantiza la estabilidad democrática en el país”.
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Corte Electoral
Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
La integración de la Corte Electoral también ha contribuido a esa confianza. Aunque ha cambiado conforme pasan los años, la actual Constitución establece que debe estar integrada por nueve miembros, de los cuales cinco deben ser “imparciales” y otros cuatro en función de la representación parlamentaria. Si bien el estudio no lo menciona, este punto ha sido alterado por los diferentes acuerdos políticos. Durante una gran renovación de los integrantes de la Corte en 2010 y que se ratificó en posteriores negociaciones, los partidos acordaron una presidencia neutral y ocho representantes políticos.
La independencia y autonomía institucional es otra de las características positivas destacadas, ya que “resulta una garantía fundamental para el ejercicio imparcial de sus funciones”, al “estar protegida de influencias externas y no estar subordinada directamente a ningún poder político o administrativo”. Asimismo, los autores subrayan que su legitimidad va más allá del sistema político y “se extiende a la sociedad civil”, al haber varias organizaciones sociales que “recurren” a la Corte para organizar sus actos eleccionarios.
Al prestigio de la institución, sostiene el informe, también contribuyó su rol en dos actos eleccionarios claves ocurridos durante la última dictadura: el plebiscito de 1980 y las internas partidarias de noviembre de 1982. En ambos casos los resultados electorales fueron los opuestos a los intereses del gobierno militar, lo que dejó en claro “la importancia del papel imparcial del organismo electoral en la organización del evento”.
Problemas de modernización
La solidez, confianza y prestigio de la Corte no la hacen impermeable a algunos problemas, principalmente respecto a su modernización. El artículo resalta que el organismo tiene un “rezago tecnológico” que es “muy grande” en comparación con el resto de la administración central, sumado a la “reticencia” para incorporar tecnologías y “reformar lo anticuado de algunos trámites”. También cuestiona la existencia de la credencial cívica, que si bien “fue un mecanismo de avanzada en su momento, hoy parece poco práctico e innecesaria”. Además de deficiencias presupuestales, consigna que el sistema político le agregó funciones a la Corte Electoral sin recursos materiales para llevarlas a cabo, como las nuevas atribuciones que le otorga la Ley de Financiamiento de la Democracia aprobada en 2024.
El organismo también ha sido particularmente esquivo a las mujeres, destaca el informe. La primera ministra en asumir fue Adela Reta en 1965. Pero su designación “no se convirtió en una tendencia” y recién volvió una mujer al organismo cuando en 2010 fueron designadas las nacionalistas Margarita Reyes y Sandra Etcheverry. En su actualidad son ministras Cristina Arena (Frente Amplio) y Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional).
El voto consular
Los autores señalan que si se aprobara el voto consular, una iniciativa que el Frente Amplio quiere volver a impulsar en la próxima Legislatura, la Corte enfrentaría problemas. Esto generaría “diversos desafíos, considerando la necesidad de mantener las garantías del procedimiento electoral uruguayo”.
Indican que el voto consultar o en mesas especiales podría generar un problema de “contralor partidario” en la “emisión del voto debido a las dificultades que se presentarían para garantizar la presencia de delegados de todas las opciones en todos los circuitos en el exterior”. Otro problema sería la “provisión de hojas de votación”, dada la inviabilidad de tener las 19 hojas departamentales en un cuarto secreto, lo que obligaría a cada elector a proveerse de sí mismo de sus respectivas hojas.
Además, se abre la interrogante de qué pasaría con los ciudadanos que viven en un departamento diferente al que tienen registrada su credencial, dado que se generaría una inequidad, porque “a estos no se les permite votar desde fuera de su departamento”, mientras que a los que viven en el extranjero sí. “Se podría votar hacia el departamento Colonia desde Italia, pero no desde el departamento de Rivera”.
Para levantar esta inequidad habría que volver a habilitar el voto interdepartamental, activo hasta 1971 y que fue suprimido porque se veía como una fuente de potencial fraude electoral, mencionan los autores. Ambas iniciativas además “generarían trabajo extra” para la Corte dado el “esperable incremento de votos observados”.
