La jornada del cambio de mando incluirá una extensa sesión de firmas de resoluciones encabezada por Orsi

Primero, que además de los ministros y los subsecretarios queden investidos en sus cargos el resto de los directores generales y nacionales de todos los ministerios, para que estén en sus funciones los tres días siguientes. Para lograrlo, Orsi deberá firmar las resoluciones de designación de todos estos jerarcas de cada una de las 14 secretarías de Estado junto con el ministro correspondiente. Y está previsto que eso ocurra el mismo sábado, luego de que Orsi, ya con la banda presidencial puesta, salude a las delegaciones internacionales que asistan a su asunción.

La segunda tarea implica garantizar que algunos ministerios puedan comenzar a trabajar desde el lunes 3 de marzo. En el gobierno electo aspiran a que las carteras con tareas más urgentes o cotidianas ya estén en acción desde esa jornada, aunque son conscientes de que ese esfuerzo no será para todas las secretarías de Estado, sino ”de acuerdo con la necesidad” que exista en cada caso. Todavía no está claro si las autoridades entrantes trabajarán esos días ya en sus respectivos ministerios o lo harán desde la Torre Alemania. Lo que sí tienen claro tanto el gobierno como los futuros ministros es que ni el lunes ni el martes contarán con los funcionarios públicos, dado que ambos días son feriados.

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Yamandú Orsi durante la presentación de los titulares de cada una de las carteras en el Hotel Radisson, Montevideo

Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

Los desafíos de la gestión entrante

En medio de los preparativos para la ceremonia del 1° de marzo, en algunos equipos ministeriales comienza a crecer la preocupación por el panorama económico con el que se van a encontrar una vez que estén en funciones. La posibilidad de llevar a cabo con celeridad algunas de las medidas de urgente acción establecidas por Orsi durante la campaña depende en buena medida de la disponibilidad de recursos con la que cuente la administración entrante.

Esto es así porque el nuevo presupuesto, en caso de aprobarse, no entrará en vigor hasta 2026. Por eso, en el gobierno electo consideran que es clave saber cuánta caja existe en las llamadas “partidas de refuerzo”. Se trata de fondos previstos por el artículo 41 de la Ley de Presupuesto (17.930) de 2015 que habilitan al Poder Ejecutivo a disponer del 6% de algunos de los créditos del Presupuesto Nacional con el objetivo de “reforzar” gastos de funcionamiento o inversión o habilitar partidas no previstas. Este monto no puede utilizarse para pagar retribuciones personales. Según pudo saber Búsqueda, hasta el momento el gobierno saliente lleva gastado cerca del 20% de las partidas de refuerzo del año, lo que ha sido utilizado en organismos como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Esas partidas pueden ser claves, por ejemplo, para viabilizar la ejecución del incremento del 50% en la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza para los hogares más vulnerables, que Orsi anunció entre otras 47 medidas prioritarias durante la campaña electoral. Lo hizo en setiembre del año pasado, en la plaza de toros de Colonia, para hacer frente a los “desafíos más urgentes” del país.

Pese a una partida de refuerzo ya aprobada para el Ministerio de Defensa, en las autoridades entrantes de esta cartera hay preocupación porque muchos de los gastos presupuestales del 2025 están comprometidos con el pago de adquisiciones anunciadas por la administración saliente. Es el caso, por ejemplo, de las dos lanchas OPV, por las que el Estado ya pagó 8 millones de euros el año pasado y por las que en este año deberá pagar 29 millones más. A esto se suma la compra de seis aviones Súper Tucano por US$ 93 millones, con un cronograma de pago que establece que en este año deberán abonarse US$ 20 millones.

Mientras tanto, en el gobierno entrante también conviven otras preocupaciones. Por ejemplo, por la pérdida de empleo en algunos rubros, con el cierre de la multinacional japonesa Yasaki y situaciones críticas en el sector frigorífico. El lunes, la futura ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, asistió a una reunión de la bancada de senadores del Frente Amplio y planteó, junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, crear un observatorio para el sector industrial ligado a temas de empleo y formación profesional.

Esta preocupación se suma a un nuevo problema con el que deberá lidiar el gobierno electo, luego de que esta semana el diario El País informara que el grupo Vía Central, a cargo del proyecto Ferrocarril Central, le reclama US$ 160 millones al Estado por pagos atrasados desde diciembre de 2023. El martes 25, durante una conferencia de prensa, la futura ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, dijo que no había sido informada de este diferendo y que se trata de una “situación que genera el gobierno actual”.

Fuentes del gobierno entrante dijeron a Búsqueda que durante una reunión mantenida en enero para tratar el proyecto Ferrocarril Central, las autoridades salientes informaron que había pagos pendientes y una mediación en marcha, pero por cifras mucho menores a las que reclama la empresa. Las futuras autoridades esperan asumir para conocer los detalles del diferendo, pero reconocen que, en un panorama de escasos recursos, la posibilidad de que se concrete el reclamo es una noticia que se suma a las preocupaciones.