La consulta ciudadana tuvo consecuencias prácticas. El máximo organismo anticorrupción intimó a dos senadores nacionalistas, Sergio Botana y Carlos Camy, a que entregaran información faltante relacionada con el patrimonio de sus cónyuges. El exintendente de Cerro Largo está cerca de ser declarado omiso tras cuatro años sin cumplir con la norma, según un documento del organismo al que accedió Búsqueda.
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Sergio Botana previo a la XII Sesión del Plenario de Municipios de Uruguay en 2023
Mauricio Zina / adhocFOTOS
La falta de funcionarios
La puesta en práctica de la norma quedó lejos de cumplir sus objetivos, aunque periodistas, ciudadanos y políticos la han usado para identificar y denunciar incumplimientos. La Jutep, en cambio, solo actuó sobre situaciones irregulares cuando le fueron señaladas por terceros.
La falta de personal para cumplir con la ley fue un argumento constante de las autoridades de la Jutep durante los últimos cinco años.
La denominada Junta Anticorrupción publicó en noviembre de 2020 las declaraciones de una veintena de legisladores, una manera de comenzar a cumplir con las exigencias de la norma aprobada un año antes. “Estamos haciendo lo imposible por cumplir”, pero “no tenemos nada de gente”, dijo la entonces presidenta de la Jutep, Susana Signorino, a Búsqueda.
En esa primera tanda, una fracción de las 418 declaraciones juradas que debían publicar, quedaron expuestas inconsistencias de legisladores. Signorino dijo en aquel momento que habían pedido a varios políticos, entre ellos al senador blanco Juan Sartori, que proporcionara la información de su cónyuge. Pero no fue hasta que un ciudadano consultó a la Jutep por la situación del empresario y legislador blanco que el organismo decidió abrir un expediente y dar seguimiento al tema.
Tres años más tarde, y después de un fallo de la Suprema Corte de Justicia que consideró constitucional el artículo que obliga a los legisladores a proporcionar información patrimonial de sus cónyuges, la Jutep declaró omiso a Sartori. La Jutep también cuestionó que entregara información parcial sobre su patrimonio personal, como detectó Búsqueda.
El senador comunista Óscar Andrade es otro político que debió dar explicaciones por datos que faltaban en su declaración. La Jutep citó al legislador en setiembre de 2022 después de haber recibido dos denuncias, una anónima y otra de la bancada de legisladores del Partido Colorado. En ambos casos, el motivo de la denuncia fue un informe divulgado por el programa Santo y seña, de Canal 4, en el que se mostraba que había omitido el registro en el Banco de Previsión Social de la construcción de su casa en el balneario de San Luis y mantenía una deuda con la Intendencia de Canelones desde hacía una década. Esa información no estaba incluida en su declaración jurada.
En marzo de 2023 asumió Gabriela di Longo al frente de la Jutep, quien advirtió entonces que el organismo no estaba cumpliendo con la ley por falta de personal. “Es muy difícil con el personal que tenemos”, dijo a Búsqueda.
“Al sistema no le gusta que lo controlen”
Para el expresidente de la Junta Anticorrupción Ricardo Gil (2015-2020), el funcionamiento del organismo y la aplicación de la ley “es pésimo”. El sistema “supone una intención de transparencia”, pero la Jutep “desarrolló un trabajo de mínima, hizo un cumplimiento formal de lo que pide la ley: recibe las declaraciones, las abre y las publica”, dijo a Búsqueda.
Ricardo Gil cuando lideraba la “junta anticorrupción”. Foto: Nicolás Der Agopián
Ricardo Gil cuando lideraba la “junta anticorrupción”. Foto: Nicolás Der Agopián
Gil criticó que la junta no analiza, como exige la norma, si el contenido de las declaraciones juradas es consistente. Ni siquiera se fija si llevan firma o si la suma de los montos patrimoniales es correcta. Consideró que la falta de personal es, en parte, responsabilidad de las autoridades, que tenían presupuesto desde 2023 para contratar un contador y nunca ocuparon el cargo.
Además, señaló que las autoridades aplicaron la ley con una “discrecionalidad brutal”. A modo de ejemplo, mencionó que la única declaración jurada publicada del presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, quien fue investigado por Fiscalía, tiene fecha de 2018.
El exjerarca atribuyó los problemas de funcionamiento no solo a la Jutep, sino también al sistema político en general. “No ha reclamado” a las autoridades una aplicación correcta de la ley, salvo cuando el caso involucraba a un rival político.
Consultado acerca de si habría que cambiar la ley a la luz de sus resultados, Gil respondió que antes de pensar en modificaciones es necesario “aplicarla en serio”. La norma podría tener mejoras, pero centrarse en eso sería responsabilizarla de problemas que son del sistema político y no de la letra de la ley, añadió.
Si ha funcionado en algunos casos es porque hubo periodistas o ciudadanos interesados en darle seguimiento, pero no gracias a las autoridades. Para Gil la conclusión es evidente: “El mensaje es que al sistema no le gusta que lo controlen”.
Omisiones denunciadas por una ciudadana
Aunque tenía la documentación disponible y la obligación de analizarla, la Jutep no detectó algunas irregularidades hasta que, años más tarde, alguien se los señaló.
Los primeros días de setiembre de 2024 la junta recibió una solicitud de acceso de una ciudadana que había mirado con detalle declaraciones juradas divulgadas por el organismo en su sitio web. Las consultas apuntaban a la situación de Botana, Camy, el senador y exministro de Turismo, Tabaré Viera, y la exvicecanciller Carolina Ache. Además, pedía la documentación actualizada de cada caso.
La peticionante preguntó por qué la última declaración de Viera publicada tenía fecha de junio de 2022, cuando era ministro, y no incluía los datos de su cónyuge, con quien tenía separación de bienes.
La Jutep respondió sobre ese caso que Viera entregó la información que faltaba el 7 de junio de 2024, y que el documento habría sido publicado dos semanas después. “En virtud de esta solicitud de acceso a la información pública se verificó si estaba hecha la publicación, constatando que, debido a una situación anómala, el archivo con la declaración jurada de referencia no se visualizaba en la página web”, aclaró.
La consulta planteaba que también faltaba información patrimonial del esposo de Ache. La exjerarca, según la respuesta de la junta, entregó la documentación pero presentó un recurso administrativo para evitar su difusión. El planteo está en trámite.
En cuanto a Camy y Botana, las declaraciones presentadas por cada uno en 2020 informan que tienen separación de bienes, “pero no se aporta la del respectivo cónyuge”, apuntó la ciudadana.
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Durante la conferencia de prensa, durante un cuarto intermedio en la discusión de la Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal 2020
Javier Calvelo / adhocFOTOS
En el caso de Camy, aclaró el organismo, “si bien no se cumple con la formalidad exigida” de presentar los bienes de su cónyuge en un documento separado, sí hace “referencia a bienes propios y gananciales” en su declaración.
“Las declaraciones juradas presentadas con fecha 2022 y 2024 por los referidos legisladores fueron abiertas en estos últimos días por el sector de Archivo y Custodia de declaraciones juradas, pero aún no puede hacerse entrega de la copia, debido a que no se ha efectuado el proceso de supresión de los datos personales que no deben ser públicos”, dice la resolución de la Jutep. “Como consecuencia de dicha apertura, con fecha 21 de noviembre del corriente se solicitó al senador Botana la presentación de declaraciones juradas complementarias incluyendo los bienes de su cónyuge”.
En el caso de Camy, la junta le pidió que desagregara la información patrimonial de su esposa en otro documento.
La Jutep reconoció que no tenía “certeza” ni “prueba” de que en 2020 les notificara a los legisladores la “obligación” de presentar la declaración complementaria con los datos de sus cónyuges, por lo que los plazos de las intimaciones corrían a partir del 21 de noviembre de 2024.
La posible declaración de omiso a Botana
La ciudadana pidió más explicaciones a la Jutep, respondidas con un informe de la Asesoría Letrada del organismo fechado el 26 de diciembre.
Informó que Camy presentó la documentación solicitada dos días antes del 6 de diciembre, límite fijado por la Jutep. “El senador Botana no ha cumplido con la presentación de las declaraciones juradas complementarias y está por ser declarado omiso por tal situación”, dice la respuesta.
Botana fue uno de los legisladores blancos que defendió a Sartori mientras peleaba contra la Jutep para no presentar la información patrimonial de su esposa Ekaterina Rybolovleva, hija de un multimillonario ruso.
“De verdad, en lo sustantivo, nadie puede obligar a otra persona, si se niega, a exponer sus bienes”, dijo Botana a la prensa en 2022 después del fallo de la Corte que mantuvo firme la Ley Cristal. En ese momento, el senador llevaba dos declaraciones sin presentar la información de su cónyuge, aunque nadie se lo había reclamado.
