La oposición respalda a Andrés Ojeda mientras el Frente Amplio espera informes para definir una estrategia

La polémica en torno a Ojeda surgió porque presentó un escrito en la Fiscalía General de la Nación como abogado defensor de un cliente suyo, para solicitar el reexamen de una causa, informó el periodista Eduardo Preve. En una audiencia judicial del 20 de noviembre, la fiscal Sylvia Lovesio planteó que el artículo 124 de la Constitución impide a los parlamentarios en ejercicio “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”, como lo es la Fiscalía General de la Nación (FGN) desde 2017. Ese incumplimiento, dice el artículo, desemboca “en la pérdida inmediata del cargo legislativo”.

Andrés Ojeda

En la oposición no pasaron desapercibidas las palabras de Pereira este miércoles 10 en el programa Desayunos informales, de Canal 12, donde le sacó notoriamente hierro a sus expresiones de dos días atrás. “Una fiscal y un convencional sacaron el tema, ¿y el problema es Fernando Pereira?”, se preguntó al inicio. Luego de decir que la del lunes no fue una rueda de prensa que él haya convocado sino que surgió “sola”, pidió una discusión “realista”: “Lo que menos queremos es que Ojeda pierda su banca. Lo que no queremos es que ningún político pueda por su poder hacer lo que se le antoje. La Constitución no le da ese margen”.

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En ese programa, Pereira refirió a los informes que subrayan la inconstitucionalidad de la acción de Ojeda. Al de Korzeniak sumó el de Luis Fleitas, un docente universitario grado 3 que está cumpliendo una asesoría técnica en Presidencia, que varía del anterior en que este también admite la posibilidad “más garantista” de un juicio político al senador, en cuyo caso para la expulsión de la Cámara hacen falta los votos de dos tercios de sus integrantes.

En las últimas horas se conocieron finalmente los informes jurídicos que Ojeda había solicitado a los abogados constitucionalistas Ruben Correa Freitas y Jaime Sapolinski, ambos de extracción colorada, que respaldaron el proceder del senador.

Para Correa Freitas, exgrado 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), la presentación de un escrito en la Fiscalía “en absoluto tiene nada que ver con la naturaleza jurídica de este organismo del Estado”, otrora organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo y hoy servicio descentralizado, que “ejerce sus funciones con autonomía funcional”, sin someterse a directivas “ajenas a su estructura”. El jurista concluye que “es absolutamente claro” que un legislador “puede ejercer libremente su profesión de abogado”, pudiendo presentar “los escritos que considere necesarios” en defensa de sus clientes ante el Poder Judicial y la FGN en causas penales, “no constituyendo en absoluto una violación” constitucional.

El de Jaime Sapolinski, grado 5 y director del Instituto de Derecho Constitucional de la Udelar, además de integrante de la Comisión de Ética del Partido Colorado, señala que la sanción prevista, por su gravedad, tiene que ser proporcional a la conducta cuestionada. “No es lo mismo, por ejemplo, el abuso de influencia, capaz de torcer la gestión y de obtener un determinado resultado ajeno a las previsiones de una organización estatal, que presentar una nota que exponga una mera aspiración. Las pautas de racionalidad y proporcionalidad que son de aplicación en cualquier caso de ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, son aplicables con carácter general, so riesgo de incurrir en una solución absurda”.

El análisis pide “no incurrir en el absurdo”. Como ejemplo de este, en un texto enviado a Cartas al Director de este mismo número de Búsqueda, preguntó si “un legislador que gestione el ingreso de un hijo, menor de edad, en un centro de educación estatal, estaría alcanzado por el artículo 124”, siendo la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) un ente autónomo. “La respuesta negativa es obvia”, indicó.

El ejercicio profesional, “en sí mismo”, no les está prohibido a los legisladores, añadió en su análisis jurídico. En todo caso, “quienes tienen competencia para juzgar si la conducta seguida por un legislador constituye una infracción de entidad suficiente, así como si existió el daño y la intención de cometerlo (elemento subjetivo) son los integrantes de la Cámara que el antedicho legislador integra”, en este caso el Senado, por dos tercios del total de sus componentes. Eso lo dejaría al senador Ojeda a salvo.

Sapolinski considera que “no resulta razonable” que se expulse de su banca al senador, algo resuelto por “la voluntad ciudadana” por cometer “un hecho banal”, refiriéndose a la presentación de un escrito, ante una autoridad (la fiscal) que no es quien “toma la decisión final”.

Una supuesta autorización que no consta en actas

La audiencia en la que la fiscal Lovesio planteó la posibilidad de que Ojeda haya violado la Constitución tuvo lugar el 20 de noviembre en el juzgado letrado de Montevideo de 39º turno, a cargo del juez Eduardo Pereyra. De acuerdo con un audio de esa instancia al que accedió Búsqueda, Ojeda señaló que durante la sesión del Senado del 9 de julio, en una votación de venias para fiscales, ya había evacuado esa duda.

“La primera consulta que hice fue si tenía algún impedimento del ejercicio profesional; (eso) fue declarado (negativo) de un primer momento por la secretaría (del Senado), no hubo ni que votar, que no existía y que podía trabajar perfectamente, sin ningún problema, incluso en materia penal. Y a su vez también (podía) ejercer las potestades del cargo que circunstancialmente tengo (senador), porque esta (la abogacía) es mi profesión de fondo”, dijo Ojeda en la audiencia.

Ni en la versión taquigráfica ni en el registro audiovisual de la sesión hay constancia de esa consulta que señaló Ojeda en la audiencia, cuyo contenido fue adelantado por Preve.

En la sesión parlamentaria, cuando se iba a designar nuevos fiscales, la senadora colorada Agustina Escanellas (suplente de Gustavo Zubía), dijo que era abogada y se preguntó si podía o no participar en esa votación. El artículo 97 del reglamento de la Cámara Alta establece que les está vedado a los senadores votar y ser parte de la discusión en asuntos que sean de su interés individual.

Cuando escuchó esa intervención, Ojeda pidió la palabra para decir que estaba en la misma situación que Escanellas. Después de un breve intercambio informal, la senadora Blanca Rodríguez, que presidía la sesión, dijo que “la Mesa entiende que no corresponde, por lo que continuamos con el tratamiento del tema”.

Desde el entorno del senador colorado aseguraron a Búsqueda que la respuesta vino de la secretaría del Senado y que no constó en actas.