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El del pasado viernes 12 fue un Consejo de Ministros atípico, sin grandes decisiones pero prolongado, con casi tres horas de balances individuales de los propios secretarios de Estado sobre lo ocurrido en el año. Hablaron la mayoría de ellos, y algunos, como el titular de Interior, Carlos Negro, pronunciaron prolongadas y detalladas intervenciones.
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“No hubo ningún elemento que no se supiera desde antes, pero puesto todo en conjunto el contexto es otro”, dijo uno de los participantes del encuentro. Esa lógica, no obstante, lejos de ser una mirada individual, fue una visión compartida por muchos de los jerarcas e incluso en el equipo de Presidencia: la sensación de que hay una brecha entre lo que la ciudadanía valora del gobierno, con índices de aprobación moderados, y lo que efectivamente se está haciendo.
Pero la reunión también dio lugar a otro tipo de conclusiones. El presidente Yamandú Orsi llamó a trabajar de forma aún más “mancomunada” el próximo año y, en esa línea, anunció que en 2026 se realizará un mayor número de gabinetes. Fuentes del encuentro señalaron que lo anunciado por el mandatario era incluso un sentir y un reclamo de varios ministros. Según dijeron, Orsi sostuvo que la instancia debía ser no solo más “periódica”, sino también más “previsible”. Una posibilidad, indicaron desde el gobierno, es que alternativamente con el Consejo de Ministros también funcionen gabinetes sectoriales, que fueron ampliamente utilizados durante los gobiernos anteriores del Frente Amplio, especialmente en el de José Mujica.
La intensidad de los Consejos de Ministros ha sido, no obstante, bastante superior a la del gobierno de su antecesor, Luis Lacalle Pou, que durante su presidencia reunía muy esporádicamente a sus ministros. Optaba, en cambio, por encuentros bilaterales con los secretarios de Estado en un estilo que fue catalogado por algunos analistas como más “presidencialista”.
Sin embargo, los encuentros del gabinete tuvieron más periodicidad en los anteriores gobiernos del Frente Amplio. Tabaré Vázquez introdujo, ya en su primer gobierno, la costumbre de realizar periódicamente Consejos de Ministros abiertos. Se trataba de sesiones abiertas, conducidas por el difunto mandatario, que incluían la participación del público y que se celebraban en capitales departamentales, localidades del interior y luego también en barrios de Montevideo. Cada una de estas instancias era antecedida por una serie de reuniones previas de los ministros con las fuerzas vivas locales, un variopinto crisol de actores que iban desde ligas de fomento escolares hasta asociaciones rurales locales. Mujica, por su parte, alternaba su Consejo de Ministros casi semanales con los gabinetes sectoriales que solía convocar.
En total, el gobierno encabezado por Orsi realizó seis consejos en los 10 meses de mandato, a un ritmo de poco más de uno cada dos meses. El primero fue el 25 de marzo y le siguió otro el 22 de abril. En ambos se trabajó en la confección de los 63 compromisos de gobierno. Luego, los siguientes gabinetes del 26 de junio y el 28 de agosto fueron previos al diseño del Presupuesto quinquenal. La reunión del 3 de noviembre incorporó, además del avance del Presupuesto, otros temas, como los Consejos de Salarios y la denuncia penal presentada por el gobierno por las irregularidades detectadas en la garantía del contrato con el astillero español Cardama. En la última, la del pasado viernes 12, también se hizo un análisis del cumplimiento de los compromisos de campaña y se resaltó que 47 de los 63 (74,6%) se encontraban en marcha, según un documento oficial del gobierno.
“Esto significa que: están en etapa de programación con acciones preparatorias ya iniciadas y comunicadas públicamente. O bien, cuentan con acciones concretas en ejecución o implementadas, directamente orientadas al cumplimiento del compromiso”, dice un texto elaborado por el gobierno y repartido en el gabinete sobre los 63 compromisos. Entre los pendientes se encuentran, citando el primer documento sobre los compromisos del gobierno: la “reducción de costos para las Mipyme a través del acceso sin costo al sistema de facturación electrónica a microempresas y trabajadores independientes”; la “implementación de un plan de medidas para el ‘respaldo al trabajador policial’”; la “erradicación de la pobreza extrema infantil” y la “reducción significativa” de la pobreza en este rango etario, y la implementación de “soluciones de vivienda” para personas en situación de “especial vulnerabilidad”.
