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Partido Colorado condenó “hechos delictivos” en Artigas y pidió a Fiscalía “igual celeridad” en casos vinculados al FA
El principal socio de la coalición reivindica el rol de los ediles colorados en el caso que derivó en la condena de varios jerarcas blancos, a la vez que reclama la aprobación de leyes impulsadas por sus legisladores que apuntan a una mayor transparencia y rigor en las sanciones
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“El sistema democrático no admite, y nuestra legislación condena, todo acto de corrupción en el uso indebido del poder público o ejercicio de la función pública”, señala el texto.
En el comunicado se “felicita” a los ediles departamentales colorados Daniel Argañaraz, Cecilia Umpiérrez y Francisco Bandera “por la correcta decisión de haber presentado denuncias penales fundadas en el ejercicio de la tarea de control de la gestión y el uso —ajustado a derecho— de los dineros públicos por parte de las intendencias municipales”.
Los tres pertenecen al sector Ciudadanos del Partido. Argañaraz fue quien presentó en 2023 una denuncia penal por la facturación irregular de horas extras; Umpiérrez —excandidata a la Intendencia en 2020— es su suplente. El exedil Bandera había denunciado, en 2018, irregularidades en 16 licitaciones para obras por parte de la comuna.
“Es imprescindible que los partidos integrantes de la Coalición de Gobierno actúen con claridad y firmeza en la condena de actos que constituyen violaciones a la legislación anticorrupción vigente”, dice el texto.
Interna coalicionista
“Esto cayó muy mal en el Partido Colorado. Por eso emitimos esta declaración, que es dura. Cuando se suscitan estos hechos hay que ser enfáticos con las condenas”, dijo a Búsqueda el presidente del CEN, el diputado Felipe Schipani.
La posición partidaria busca desmarcarse del Partido Nacional, al que pertenece Caram y al que renunció en los últimos días Dos Santos, cabeza de la actual coalición de gobierno, de la cual los colorados son los principales socios. “En nuestro caso particular, el que llevó adelante la investigación y las denuncias que derivaron en estas condenas fue el propio edil Argañaraz, a quien apoyamos y con quien estuvimos en contacto desde el inicio”.
En ese mismo sentido, el comunicado señala que se “entiende necesaria” la aprobación por parte del Parlamento de dos proyectos impulsados por legisladores colorados. Uno refiere a la “transparencia y obligatoriedad de concursos en el ingreso a la función pública en las Intendencias Municipales”, que fuera motorizado por el exsenador Adrián Peña, fallecido en abril. El otro es del diputado Conrado Rodríguez, “referido a la suspensión y pérdida del derecho al cobro de subsidio” previsto por la ley, cuando se trate de funcionarios que cometieron delitos contra la administración o vinculados a hechos de corrupción.
El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, había señalado que la carrera rumbo a las elecciones de octubre debía tomarse como una “interna dentro de la coalición”. Sin embargo, Schipani rechazó que entre los colorados se haya hecho una valoración electoral de este episodio. “Francamente, no hicimos esa cuenta. Este es un hecho lamentable que nadie lo ha deseado. No creemos que traiga un beneficio en votos”, expresó.
Entre otras sanciones, el Partido Colorado entiende aplicables en estos casos los artículos 25 y 80 de la Constitución. El primero de ellos habilita al Estado a hacerle pagar el daño causado al funcionario público que haya cometido el perjuicio económico. El segundo apunta a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la condena.
Más casos
El tercer punto de los siete que incluye la declaración del CEN indica que se espera “igual celeridad y eficiencia para el trámite de otros casos oportunamente denunciados y que se encuentran a estudio de Fiscalía, referidos a hechos con apariencia delictiva acaecidos en el pasado”.
Según explicó Schipani, esto apunta a la denuncia sobre horas sindicales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria que él mismo remitió en 2022 “y donde todavía no se citó a nadie a declarar”. También hay otros casos vinculados al Frente Amplio, como las denuncias de parlamentarios oficialistas por “hechos de apariencia delictiva” contra el senador del MPP Charles Carrera, las presuntas irregularidades en la gestión de Gas Sayago —caso reabierto el año pasado— y de AFE, y los también presuntos sobrecostos en la construcción del Antel Arena, causa que fue archivada pero que ahora está en revisión.
“Hay varios temas que están en Fiscalía y no han tenido un tratamiento adecuado”, opinó el legislador.
