El presidente Yamandú Orsi preparó su discurso en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) al detalle. Habló con ministros y otros jerarcas del gobierno y aprovechó el evento, el martes 9, para hacer una suerte de balance de fin de año. Defendió su gestión, describió sus prioridades, repasó los principales logros de su gobierno, ratificó sus 63 compromisos de campaña y cuestionó la “herencia” del gobierno anterior.
El mandatario dio un discurso estructurado al detalle, en el que repasó diferentes desafíos de la actual gestión, medidas tomadas y apuestas para los próximos años. Su presentación fue preparada por él mismo, recopilando información con ministros y otros jerarcas del gobierno, explicaron desde Presidencia.
“Nuestras prioridades están pensadas desde lo cotidiano, desde la revolución de las cosas simples. Pequeñas transformaciones prácticas que, bien hechas, cambian la vida de las personas”, resaltó en una parte de su discurso. Lejos de planteos teóricos y aspiraciones refundacionales, Orsi y su equipo de gobierno recurren a su eslogan de campaña no solo para describir concreciones de su gobierno, sino como escudo ante críticas internas. La campaña del hoy presidente fue montada sobre una premisa fundamental: que los uruguayos no querían cambios bruscos, sino ajustes puntuales a cosas que funcionaban mal.
Entre esas “pequeñas transformaciones prácticas” que “cambian la vida de las personas”, el presidente mencionó datos económicos del segundo trimestre del año, que implicaron “más de 1% de crecimiento del salario real, la mayor recuperación desde antes de la pandemia”; una “inflación controlada en torno al 4,5%, la más baja en 18 años”; los 114.000 niños cuya familias recibieron un bono escolar de 2.500 pesos, o los aumentos de 50% a la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, ya votados en la Ley de Presupuesto.
La aprobación de esta norma, pese a no tener mayorías parlamentarias, es vista en el oficialismo como uno de los principales logros del primer año. Marca el talante negociador de la administración Orsi, destacan algunos actores de Presidencia, quienes resaltan que se trata de la ley presupuestal con mayor cantidad de votos a favor de los últimos años: 82 en 99 en la tercera cámara.
El frente interno
El gobierno, no obstante, enfrenta una corriente de cuestionamientos en la interna del Frente Amplio. Dirigentes y militantes de la coalición interpretan que la conducción de Orsi no exhibe las credenciales suficientes para considerarse un gobierno de izquierda, y que es necesario un golpe de timón, antes de tener que lamentar una nueva derrota en 2029.
Buena parte de esas críticas se hicieron sentir durante el encuentro de dirigentes autoconvocados, denominado “Frenteamplistas, tenemos que hablar”, que el sábado 6 llevaron adelante su segunda reunión. Allí, uno de los principales referentes del grupo, el periodista Enrique Ortega Salinas, dijo que no reconocían al canciller Mario Lubetkin, a quien no le veía las aptitudes para desempeñar el cargo. Otro de los organizadores, Daniel Estévez, cuestionó indirectamente a Orsi: “En nuestro continente, los Alberto Fernández, los Lenin Moreno, (Luis) Arce y otros han sucumbido ante las presiones de la derecha; fueron elegidos por izquierda, pero terminaron gobernando por derecha”. El acto contó con la participación del exdiputado del Movimiento de Participación Popular Esteban Pérez y el diputado suplente Christian Mirza.
En ese encuentro del sábado también se mencionó la reunión en la que Orsi le acercó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, informes médicos sobre la comprometida situación de salud de algunos de los presos de la Unidad N° 8 Domingo Arena y le consultó al titular del organismo judicial cómo debía proceder para que esa información fuera considerada por el Poder Judicial. El encuentro tuvo lugar en junio, pero se mantuvo en reserva hasta que fue informado por Búsqueda el jueves 4. De acuerdo al relato de las fuentes, que fue confirmado luego por los dos involucrados, Pérez le respondió a Orsi que la información debía dirigirla directamente a los juzgados que actuaban en las causas y que la Corte no podía intervenir.
La noticia provocó rápidos cuestionamientos de organizaciones vinculadas a temas de derechos humanos en el pasado reciente. El jueves 4, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos calificó la reunión como “llamativa e improcedente” en un comunicado. En tanto, el lunes 8, el presidente de Crysol (la asociación de expresos y expresas políticas de la dictadura uruguaya), Gastón Grisoni, sostuvo en una entrevista con la diaria Radio que le había parecido un encuentro “improcedente”, “más allá de la naturaleza del tema invocado para presionar o influenciar formal o informalmente al Poder Judicial”.
Orsi, por su parte, negó haber expresado “preocupación” ante Pérez y también descartó que el tema fuera parte de un pacto con Cabildo Abierto para obtener los votos del Presupuesto en la Cámara de Diputados. El líder de este partido, el exsenador Guido Manini Ríos, elogió a Orsi en el programa Desayunos informales por “no mirar para el costado” en ese tema, especialmente tratándose de un presidente de “izquierda”.
En diferentes instancias internas del Frente Amplio y de sus sectores, el hecho fue mencionado. El mismo jueves 4, cuando se supo la noticia, un Plenario de la Coordinadora B del Frente Amplio aprobó una declaración de solidaridad con Crysol y Familiares, en donde se apoyaba “en todos sus términos” el comunicado de esta última organización.
El tema estuvo en la discusión durante la reunión, el lunes 8, del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Allí, la representante del Partido Socialista, Daniela Brandon, lamentó el hecho y dijo que el encuentro de Orsi con Pérez no se debió haber realizado. Búsqueda intentó contactarse con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para conocer su opinión sobre aquel encuentro, pero el exsindicalista no contestó.
Un día antes, la Vertiente Artiguista hizo una mención tangencial al tema en una declaración pública. El sector reafirmó su “compromiso” con la “institucionalidad y los derechos humanos” y el rechazo a “una nueva ofensiva mediática y el anuncio de una eventual iniciativa parlamentaria de la oposición dirigida a permitir la prisión domiciliaria para quienes tienen condena firme por crímenes de lesa humanidad”. En la discusión se consideró la “inoportunidad” de la visita de Orsi, pero se descontó que no se buscaba cambiar la posición del Frente Amplio ni de su gobierno respecto al tema.
La reunión de Orsi y Pérez también fue mencionada el sábado 6 por un militante durante el Congreso Nacional de Fuerza Renovadora, pero no fue parte central del debate, dijeron fuentes presentes en el encuentro.
Preocupación y expectativa
En algunos dirigentes del oficialismo comienza a crecer la preocupación porque el respaldo a la gestión de Orsi no despega, aunque el mandatario mantiene un nivel de simpatía alto (46%), según la última encuesta de Equipos Consultores. Ese estudio, divulgado el lunes 8, marcó que el 36% de la población aprueba la gestión.
Algunos experimentados dirigentes oficialistas alertan que su desaprobación crece no solamente entre los votantes de la oposición —lo que podría ser esperable—, sino también entre los que apoyaron al Frente Amplio en el ciclo electoral 2024; pasó de 3% en junio a 13% en noviembre, mientras que la aprobación entre frenteamplistas cayó de 70% a 60% en ese mismo lapso, de acuerdo con la encuesta.
Si bien ese descontento en el Frente no ha tenido consecuencias prácticas (ni en el gabinete, ni en el Parlamento ni en la Mesa Política), en varios sectores las miras están puestas en lo que ocurrirá el próximo fin de semana, cuando el Partido Comunista elija a través de un Congreso a sus nuevas autoridades. Con dirigentes ocupando varios cargos de la gestión pública, este sector político ha mostrado una actitud colaborativa con la administración de Orsi, más allá de apoyar una propuesta para crear un impuesto al 1% a los sectores más ricos del país que no cuenta con el aval del Poder Ejecutivo.
La posibilidad de que los comunistas continúen con esa conducta podría depender de la integración de las nuevas autoridades de ese partido. De hecho, la continuidad del actual ministro de Trabajo y Seguridad, Juan Castillo, como secretario general, no está garantizada.
