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Hace 40 años, ni siquiera los sectores más duros de las Fuerzas Armadas se querían quedar más tiempo en el poder. Casi todos los analistas coinciden en que la mayor parte del cuerpo de oficiales generales chocó con los intereses personales del teniente general Gregorio Álvarez.
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Estos apetitos de poder sufrieron un fuerte revés con la llegada del general Hugo Medina al puesto de comandante del Ejército. A Medina le correspondía el ascenso según una norma autoimpuesta que respetaba el orden de antigüedad y cese por edad, cumplida a raja tabla, salvo en pocas excepciones.
El último de los comandantes fieles a Álvarez había sido Pedro Aranco, pero su pasaje fue breve —apenas dos meses— por razones de edad.
Hasta hoy existen indicios de que la muerte bajo torturas del médico de San Javier Vladimir Roslik, en abril de 1984, estuvo relacionada con un intento de los seguidores de Álvarez que buscaban impedir que Medina, entonces al mando de la División III, con jurisdicción en el departamento de Río Negro, accediera con respaldo al máximo cargo dentro del Ejército.
En 1984, a pesar de todo, Medina, que era integrante de los Tenientes de Artigas y de origen blanco, ascendió al despacho de la calle Garibaldi y se convirtió en un artífice de la salida de la dictadura, ganándose por ese trato con los civiles, en especial con Julio María Sanguinetti, de quien luego fue ministro de Defensa, el rechazo de una parte de sus propios camaradas.
Medina, junto con los comandantes de la Marina y la Fuerza Aérea y el jefe del Estado Mayor Conjunto, encabezó las negociaciones y Álvarez perdió protagonismo. El delicado asunto de las violaciones a los derechos humanos, según se dijo después, estuvo apenas “subyacente” o “sobrevolando” las negociaciones y tuvo interminables y nebulosos capítulos hasta que finalmente, bajo fuerte presión, la mayoría del Senado votó la “ley de caducidad”.
Abortados los proyectos de Álvarez, debido sobre todo a la situación económica del país, quiebre de la tablita mediante, y al estado de ánimo de la sociedad, más la presión internacional, el cronograma pudo cumplirse, aunque aún faltaba decidir cuáles serían los partidos habilitados.
La postura más intransigente, adoptada por el caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate desde su exilio en Argentina, facilitó que el Frente Amplio fuera legalizado, porque no hubiera resultado creíble una negociación en la que solo tomaran parte el Partido Colorado y la pequeña Unión Cívica.
Descartada la creación de un partido del proceso, un intento que el periodista del Canal 10 Omar de Feo y otros creyeron ver en la llamada proclama de Aceguá realizada por Álvarez, lo más parecido a un lema afín a la dictadura fue la Unión Patriótica, encabezada por el coronel y abogado Néstor Bolentini, que recibió apenas 302 votos, porque la ciudadanía que simpatizaba con el régimen tenía sus candidatos blancos y colorados.
Para esas elecciones, la Corte Electoral incluyó de nuevo en el padrón a todos los militares. La Constitución de 1830 había impedido votar a los soldados rasos. Esos derechos de ciudadanía —explicó a Búsqueda el politólogo Óscar Bottinelli— fueron incorporados recién en la Constitución de 1966, de modo que en 1971 todos votaron.
En 1980, cuando finalmente se concurrió a las urnas, los generales y sus “apóstoles” habían decidido que el papel de las Fuerzas Armadas era de garante y que no debían involucrarse en política, ni siquiera sufragando.
Según Bottinelli, el traslado masivo de credenciales a Montevideo en el año de las elecciones no se debió a una maniobra para influir en el resultado en la capital, donde la izquierda era favorita, sino para que los soldados y los marineros no tuvieran que viajar a las localidades de origen el día de los comicios.
Las tensiones entre civiles y militares llevaron a que el Partido Nacional y el propio candidato colorado a la vicepresidencia, Enrique Tarigo, opinaran que “en 40 años” Uruguay tendría que hacer como Costa Rica y disolver las Fuerzas Armadas.
“Hay que quitar presión a esta caldera”, había opinado Medina con su estilo parco apenas comenzaron las negociaciones que culminaron con el Pacto del Club Naval.
