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Tras discusión interna, los blancos apuestan al diálogo con el gobierno por la seguridad
Dirigentes del Partido Nacional entregaron al Ministerio del Interior un documento con propuestas que incluyen cadena perpetua revisable, creación de un grupo antimafia y combatir la mendicidad hostil
Presentación de los nuevos dispositivos no letales de la Policía.
Desde incluso unos meses antes de que asumiera este gobierno, el Partido Nacional ha debatido qué tipo de oposición quiere ser, cuáles son los perfiles que deben prevalecer en el control de la gestión de la administración del presidente Yamandú Orsi. Y esto ha variado. Ha existido un vaivén entre el ánimo rupturista y el dialoguista, entre una postura más combativa y otra más aperturista, entre palomas y halcones.
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En la cuestión de seguridad pública, uno de los asuntos más importantes y prioritarios en la agenda del gobierno, los blancos también han oscilado entre la idea de acompañar y proponer o cortar los puentes y soltarle la mano al oficialismo. Cuando el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció el Plan Nacional de Seguridad Pública como principal estrategia de gestión a largo plazo, emergió alguna voz discordante, hubo reparos, críticas, desconfianza. Pero se resolvió participar.
En una de las primeras reuniones a principios de setiembre, el Partido Nacional presentó una carta al ministro Negro en la que exigían algunas condiciones para que el diálogo funcione. Por ejemplo, la presencia del propio ministro en las reuniones y algunas cuestiones que a su juicio tenían que tener prioridad en el abordaje del asunto: el respaldo a la Policía, la “represión focalizada”, las “reformas normativas”, el “rechazo” a la desprisionalización. “Queremos ganarle al tiempo, queremos que esta discusión valga la pena, que sea productiva”, dijo en ese momento el actual integrante de la “junta anticorrupción” Luis Calabria, que por ese entonces era, junto con el exministro del Interior Nicolás Martinelli y el exintendente de Maldonado Enrique Antía, uno de los representantes de los blancos en los diálogos por la seguridad.
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Nicolás Martinelli y Carlos Negro en la reunión de transición en el Ministerio del Interior, enero de 2025.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Después de esa instancia, y con la creciente ansiedad opositora por más medidas en una seguridad pública que siempre da titulares negativos, la discusión interna sobre la participación en este ámbito creado por el gobierno fue aumentando en intensidad. A mediados de setiembre, Martinelli —que lideró el ánimo más rupturista— dijo en entrevista con Búsqueda que no estaba de acuerdo “en armarle el plan de gobierno en seguridad” al oficialismo. “Esto de que tengamos que esperar más de un año para tener un plan de seguridad no es buena cosa y demuestra que el Frente Amplio no estaba preparado para gobernar, sobre todo en materia de seguridad”, señaló, y advirtió que con este diálogo con la oposición, el oficialismo buscaba “licuar las responsabilidades entre todos los partidos políticos” si las cosas no salían bien.
Meses después, Martinelli terminó renunciando a participar de estos encuentros con el gobierno. “Es una pérdida de tiempo”, argumentó a Búsqueda el exministro del Interior.
Antía y la seguridad
Antía, que siguió representando a los blancos en las reuniones con el gobierno, junto con el exdirector de Convivencia Matías Terra y el exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel, encabezó el talante más dialoguista dentro del Partido Nacional. De hecho, según pudo saber Búsqueda, su voz tuvo peso en el directorio blanco para aprobar el último documento con propuestas que fue enviado al Ministerio del Interior.
Antía fue uno de los voceros en la conferencia de prensa del pasado lunes 1°, cuando los dirigentes nacionalistas presentaron la batería de medidas en seguridad. “El Partido Nacional está comprometido en continuar construyendo una política de Estado en materia de seguridad”, dice el documento firmado por los miembros del directorio. “La experiencia de estos primeros meses de gobierno ha demostrado que muchas de las políticas y cambios normativos aplicados en nuestro gobierno se sostienen y se vienen ejecutando con normalidad; incluso muchos de los responsables de diferentes áreas continúan al mando en tareas de responsabilidad”, se argumenta.
Entre las medidas propuestas, se incluye la cadena perpetua revisable vinculada especialmente a algunos homicidios; la creación de la figura “antimafia” para combatir a las organizaciones criminales; la prohibición de los celulares en las cárceles, a partir de tipificarlo como delito; la prohibición de pernoctar en espacios públicos con sanción de trabajos comunitarios; la deportación de delincuentes extranjeros por delitos graves, y el combate a la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, el vandalismo y los grafitis a partir de “la ley de vagancia”.
