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Martinelli impulsa, junto con Martín Lema y otros dirigentes blancos, un nuevo espacio político de cara a las próximas elecciones.
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—En esa línea, el gobierno anunció la creación del Plan Nacional de Seguridad Pública, en el que están participando distintos actores, entre ellos los partidos políticos de oposición.
—Es una cosa buena, pero en lo que no estoy de acuerdo es en armarle el plan de gobierno en seguridad al mismo gobierno. Esto de que tengamos que esperar más de un año para tener un plan de seguridad no es buena cosa y demuestra que el Frente Amplio no estaba preparado para gobernar, sobre todo en materia de seguridad. La convocatoria es para ayudar al gobierno a armar su plan de gobierno, cuando eso es responsabilidad exclusiva del Frente Amplio, que ganó las elecciones diciendo que tenía soluciones en seguridad pública. Lo que busca un poco el Frente Amplio es, si las cosas no salen, licuar las responsabilidades entre todos los partidos políticos. Pero los responsables son ellos. Nosotros no estamos de acuerdo con elaborar el plan, pero sí con aportar medidas puntuales.
—¿Qué medidas evalúan presentar?
—Se está construyendo una nueva cárcel de mujeres y el actual edificio de esa unidad de rehabilitación, la N° 5, va a quedar libre. Aprovechando esta instancia, se puede impulsar que ahí se haga un gran centro público de atención de adicciones a drogas, porque antes de una cárcel ese lugar fue un hospital psiquiátrico y entonces tiene la lógica de hospital en su diseño y en su arquitectura, lo que permitiría reformarlo para atender a personas que cayeron en adicciones y cometieron delitos menores. En lugar de mandarlos a una cárcel en donde las circunstancias los pueden terminar perjudicando, podemos enviar a esas personas, aún privadas de libertad, a ese centro de adicción para que sean atendidas por especialistas que logren realmente rehabilitarlas cuando terminen de cumplir su pena.
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Carlos Negro y Nicolás Martinelli durante una reunión de transición realizada en febrero en el Ministerio del Interior.
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—¿Qué es lo que más cuestiona del actual Ministerio del Interior?
—Veo una enorme falta de capacidad de gestión y de liderazgo. El ministerio, por la información que yo recibo desde distintas unidades ejecutoras y de un montón de proveedores que contratan con el ministerio, está absolutamente paralizado: no se mueven los expedientes, no salen los temas administrativos… El ministerio está hackeado, inmóvil, le cuesta resolver los problemas que han surgido, y eso evidencia una falta de rumbo, seguramente debido a la falta de ese plan en seguridad pública.
—¿Atribuye esas fallas directamente al ministro Negro?
—El ministro no está arriba de la gestión, no está arriba de los detalles y de las pequeñas cosas que hacen a una gestión. Creo que es un ministro que, para empezar, no es político, y está en el ministerio más político de todos. Eso le ha costado caro y le va a seguir costando caro porque no conoce cómo funciona el sistema político y eso lo ha llevado a cometer muchos errores al momento de tomar decisiones. Ha tomado decisiones en las que después han tenido que salir el presidente de la República y legisladores de su partido para corregirlo. Y además no ser político le imposibilita el diálogo para conseguir recursos, por ejemplo, en la Ley de Presupuesto. Si yo no conozco a (Gabriel) Oddone y no conozco a otros ministros con los que tengo que interactuar o al director de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), se me hace muy difícil. Estoy seguro de que Negro no se juntó ni una sola vez con Oddone para discutir la Ley de Presupuesto. Yo con Azucena Arbeleche, tanto cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo Social como cuando estuve en el Ministerio del Interior, me juntaba cuatro o cinco veces en instancias de elaboración de la Rendición de Cuentas y del Presupuesto. Veo ahí una debilidad del ministro Negro.
—¿Y en el plano policial cómo evalúa la conducción?
—También veo una debilidad en su falta de liderazgo. Veo un ministro que recorre muy poco, que prácticamente está encerrado en su oficina de 10 de la mañana a seis de la tarde. Llevamos siete meses de gestión y hay una cantidad de jefaturas del interior que no conoce, o de comisarías y subcomisarías en Montevideo. Ni que hablar de las distintas unidades ejecutoras que tiene el ministerio. No conoce, no está en territorio y eso hace que se pierda. Un ejemplo claro es la convocatoria a los partidos políticos para el Plan de Seguridad Pública: el ministro es el convocante, el que invita al diálogo multipartidario y no está presente. En la penúltima reunión estuvo cinco minutos y en la última ni estuvo. Si supuestamente es el tema más importante, porque es armar tu plan de gobierno, y no participás, la señal es que no te importa. ¡No te importa! En la última reunión, si él hubiera estado, ciertas cosas que se dijeron las podía solucionar rápidamente.
—¿Como cuáles?
—Hubo una intervención de alguien de Presidencia que mencionó que un montón de policías se utilizan para realizar notificaciones vinculadas al Poder Judicial y que era necesario ordenar el tema para lograr hacer más eficiente el sistema, porque hay tareas que no hacerlas le permitiría a la Policía tener más recursos humanos para represión, patrullaje u otras tareas policiales. Si el ministro está ahí, toma nota del problema e inmediatamente lo traslada a los jerarcas para reunirse y solucionarlo con el Poder Judicial y con la Fiscalía General.
—Mencionó que hubo un continuismo desde el gobierno anterior a este. Un ejemplo es la permanencia en el cargo de José Manuel Azambuya como director de la Policía Nacional. ¿Cómo ve su trabajo?
—Es una apreciación subjetiva, pero no lo veo muy cómodo. Lo veo saliendo menos en los medios, con un rol delegado para Alfredo Clavijo. Es un gran policía que hizo un trabajo excepcional en nuestro período al armar un buen equipo y ayudar mucho en el proceso de acercamiento entre la Policía más represiva, por decirlo de alguna forma, con la academia y la tecnología; hoy la Policía de Uruguay está a la vanguardia regional y mundial tecnológicamente con las compras que se realizaron en el gobierno pasado.
—Habla de “apreciación subjetiva”. ¿Mantiene vínculo con Azambuya?
—Se generó un vínculo con muchos policías y me llevé una gran cantidad de afectos. Me escriben todas las semanas para comer un asado acá u allá, en Montevideo y en el interior, y es lindo porque significa que dejaste una marca en la familia policial.
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José Manuel Azambuya y Nicolás Martinelli durante un acto policial realizado en 2024.
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—Durante el gobierno pasado, el Frente Amplio cuestionó las cifras de los delitos. La actual gestión realizó cambios de personal y también de diseño en la producción de esas cifras. ¿Los comparte?
—Creo que no hay cambios en la metodología. Yo no dudo de las estadísticas, ni de antes ni de ahora, porque confío en el profesionalismo de Diego Sanjurjo, de Emiliano Rojido, de Ana Vigna, que trabajaron con nosotros y son muy buenos. Esos cuestionamientos son bombas de humo en campañas políticas. Muchas veces se critica desde el desconocimiento, con actores políticos que no saben de temas de seguridad y critican para tener un espacio en un canal de televisión o en una radio.
—Negro ha dicho que las rapiñas bajaron en los últimos años por un corrimiento de los delincuentes hacia delitos más seguros, como las estafas. ¿Está de acuerdo?
—Sobre ese concepto yo llamé a Negro para decirle que estaba equivocado. No hay absolutamente ninguna evidencia científica que respalde que el rapiñero se haya volcado a la estafa. No es así. Sí puede haber nuevas generaciones de delincuentes que opten por la estafa en lugar de la rapiña, pero un rapiñero no se reconvierte en un estafador. Además hay una contradicción entre el discurso actual del Frente Amplio con Negro, de que las rapiñas bajan porque hay menos dinero, con el discurso que daba en su momento el entonces subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, que decía que porque había menos dinero en la calle, debido a la inclusión financiera, los rapiñeros tenían que salir a robar más veces y por eso aumentaban las rapiñas. Muchachos, pónganse de acuerdo porque son del mismo partido y tienen un discurso diametralmente opuesto. Ahí te desnuda que en realidad lo que están haciendo es payando, no tienen ni la menor idea, y esto es preocupante porque Negro siempre ha sostenido que quiere basar su estrategia de seguridad en evidencia, y por ahora todo indica lo contrario. Por el ejemplo de las rapiñas pero también cuando habla de querer hacer un desarme civil, algo que se ha intentado en todos los continentes y que en ningún país funcionó básicamente porque el delincuente no te va a entregar el arma, porque es su herramienta de trabajo. El que te la va a entregar es la persona de bien que tiene un arma registrada a su nombre o que la heredó.
—¿Cuál es su diagnóstico del estado de situación de inseguridad y violencia en Uruguay más allá del gobierno actual?
—Soy optimista. No comparto las versiones muy pesimistas y lo plantee en la última reunión interpartidaria sobre seguridad. Primero porque Uruguay tiene una Policía muy preparada, muy profesional, que genera confianza en todo el mundo. Te lo dicen agencias de seguridad e inteligencia internacionales, a las cuales les gusta trabajar con la Policía de Uruguay porque tiene información confiable. Es una Policía que logró buenos acuerdos y buenas coordinaciones con sus pares regionales en el intercambio de información y en capacitaciones. Además es una Policía bien equipada, bien tecnificada, con un Estado que tiene nuevos escáneres en el Puerto de Montevideo, que va a tener nuevos aviones de combate para la Fuerza Aérea, nuevos barcos para la Armada… Y es una Policía que tiene sustancialmente más poder de fuego que cualquier grupo criminal que haya en Uruguay.
—¿La Policía en Uruguay puede ingresar a cualquier territorio y controlarlo?
—El mito de que la Policía no puede entrar a ciertos barrios quedó absolutamente desterrado cuando empezamos con los operativos de intervención en Villa Española, en Marconi, en el Cerro, en la Cruz de Carrasco, en Boix y Merino. En cualquier barrio que la Policía debió intervenir, lo hizo y aplacó la situación. De hecho Villa Española hoy, gracias a ese tipo de operativos, ya no está en el radar de nadie, y en Marconi también bajó mucho la intensidad de los enfrentamientos criminales. Lo mismo en la Cruz de Carrasco. Sí tenés aún un foco importante en el Cerro, pero en definitiva la Policía entra a cualquier lugar y tiene la capacidad de poner orden.
—¿No coincide con diagnósticos de especialistas en seguridad pública que advierten del avance del crimen organizado en el país, incluso dentro del Estado?
—No tengo ningún elemento para decir que en Uruguay hubo un avance del crimen organizado en instituciones estatales. No lo veo. Podés tener corrupción en varios lados, incluso en la Policía, porque de hecho hay policías corruptos, porque actualmente son 32.000 funcionarios y es lógico que alguno sea corrupto. Pero a nivel general en Uruguay no estoy viendo un avance del crimen organizado que haya permeado altas esferas del sistema político. Hace algunas semanas, en una conferencia sobre seguridad, básicamente se planteó a grosso modo que uno de los caminos a seguir era tranzar con el crimen organizado. En Uruguay estamos lejísimo de eso.
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Martinelli cree que operativos policiales de saturación, como los realizados en 2023 y 2024 en Villa Española, demuestran que el crimen organizado aún es controlado en Uruguay.
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—¿Cree que en algún momento se puede llegar a esa instancia?
—A mí me pareció una locura lo que se comentó en la conferencia. Y me dejó preocupado que el ministro Negro aplaudiera encantado ese diagnóstico. De hecho, uno de los expositores que lo planteó, el argentino Marcelo Saín, fue tres años ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe (2019-2021). Un tipo sin credenciales, cuya gestión fue un desastre, que hoy está bajo investigación y que dejó su gestión con la ciudad de Rosario con los peores guarismos en materia de criminalidad. Sin embargo, en la conferencia decía libremente que había que acordar con las bandas de crimen organizado para bajar los niveles de violencia, lo cual, repito, me parece una locura. ¡Traer a ese tipo acá y que venga a dar lecciones no es para aplaudir! Esa estrategia es ceder territorio. Imaginate que el ministro del Interior acuerde con algún líder criminal del Cerro y le diga que la Policía no lo va a molestar a cambio de que no haya violencia. ¿A dónde vamos con eso? Porque también el criminal te va a pedir cosas: que la banda rival no le compita, que ninguna autoridad ingrese al barrio, que el Estado no abra en el barrio ninguna oficina. Ahí sí es cuando el Estado empieza a ceder y a retroceder contra el crimen organizado. No hay que ir por ese camino porque ahí es donde hoy Uruguay tiene ventaja, porque hoy no hay territorio en donde la Policía no entre y en donde no haya algún pie del Estado con una escuela, una comisaría, una seccional… En otros países sí sufren tremendamente el avance del crimen organizado porque directamente hay barrios o ciudades donde el control es de las bandas criminales.
—En política suele decirse que el de ministro del Interior es el cargo menos deseado porque está asociado a malas noticias y deteriora la imagen de quien lo ocupa. ¿Volvería a ser ministro del Interior?
—La primera respuesta que se me viene es no. Cumplí un ciclo. Pero no necesariamente creo que ser ministro del Interior sea perjudicial para un político. En mi caso, pienso que me fui bien conceptuado y valorado por la Policía y por la opinión pública en general.
—Juan Ceretta, edil del Frente Amplio, presentó una denuncia penal contra usted acusándolo de permitir en el ministerio el uso de una oficina de inteligencia para espionaje ilegal, incluso durante la investigación sobre Gustavo Penadés.
—Es una denuncia más política que otra cosa, es un poco de show político, lo que deben estar buscando es tratar de enchastrar mi imagen: Jorge Larrañaga falleció, Luis Alberto Heber ya anunció que se va de la política y entonces hay que pegarle al exministro que queda, Martinelli. Pero la realidad es que yo no encuadro en ninguno de los momentos en donde intentan hacerme encuadrar, porque no estaba en el ministerio en la creación de la oficina en 2021 ni en la etapa de la causa Penadés en 2023. Es además una oficina creada por resolución, que entiendo yo cumple con los cometidos del Instituto Nacional de Rehabilitación porque cualquier organismo encargado de cárceles en el mundo tiene una oficina de inteligencia.
